jueves, 23 de mayo de 2013
Julio Anguita: Las razones de una lucha.El mensaje unitario
Las
razones de una lucha.
El
mensaje unitario.
Colectivo Prometeo- FCSM Córdoba
En
la lucha económica, política e ideológica es fundamental e
imprescindible tener un mensaje, unas razones, unos argumentos que
reiterada y repetidamente manifestados producen afecciones y grados
de simpatía hacía una causa. Esas líneas argumentales se proyectan
en dos direcciones, la que fundamenta y legitima nuestra acción y la
que despoja de toda legitimidad a la parte contraria y oponente. Y
ello que podría interpretarse como una cierta predisposición a la
distorsión de los hechos y las situaciones es, en el caso de España
y su Gobierno, una simple descripción objetiva de los hechos.
La condición sine
qua non para que ello se constate y resulte
posible es que el origen de nuestras posiciones y la crítica a las
opuestas tenga como referencia una serie de valores, textos
documentales y propuestas considerados universalmente válidos. Dicho
de otra manera; es totalmente erróneo en las actuales
circunstancias, combatir la política del PP basándose en el
argumento de que no es de izquierdas; eso significa lanzar una
ofensiva partiendo ya de una visión parcial de la sociedad; es ir al
combate renunciado a priori
a unos posibles apoyos aunque sean coyunturales pero válidos para
una fase de la lucha.
Y eso que sería un error
por parte de la izquierda, se transformaría en un desastre para el
Frente Cívico Somos Mayoría o para cualquier otro colectivo,
movimiento o causa que pretenda para una causa justa, el respaldo
mayoritario o al menos importante de la sociedad. El objetivo de
nuestra tarea es conseguir lo de aquél personaje de Molière que
hablaba en prosa sin saberlo. Trasladar un mensaje al campo de la
propuesta programática es objetivar en cada medida una solución
válida para la mayoría Una propuesta válida que además se
sustente en el marco legal existente. Es en definitiva hacer en
nuestra práctica y mensajes un uso alternativo del Derecho. Es
evidente que el capitalismo en general y el gobierno en particular no
pueden mantenerse si no es conculcando los grandes principios y los
grandes textos a los que permanentemente recurren para justificar la
necesidad de obediencia por parte de la ciudadanía...
En consecuencia voy a
desarrollar una breve línea argumental para nuestros discursos,
documentos y comunicaciones.
Nuestro mensaje debe, a
mi juicio, vertebrarse en torno a tres ideas reiteradas hasta la
saciedad:
- Pedimos, exigimos y nos movilizamos para que se cumpla la legalidad constitucional y los textos internacionales en los que se fundamenta.
- Es el Gobierno el que está en la ilegalidad, fuera de la ley, conculcándola y violándola.
- Nuestra lucha, pacífica, está respaldada y justificada por los grandes documentos internacionales, la Historia y la razón. En consecuencia la insumisión, la rebelión o la desobediencia, en situaciones como ésta son legítimas, necesarias y justas.
La Constitución española
en su artículo 10 incorpora como materia de la misma la solemne
Declaración de DDHH de 1948 y demás documentos que la desarrollan.
Los más importantes de ellos son los tres pactos firmados en 1966 y
ratificados por el Reino de España en 1977: el Pacto por los
Derechos Políticos, el Pacto por los Derechos Económicos y Sociales
y el Protocolo Vinculante. En consecuencia constituyen materia
constitucional y son, por tanto, de obligado cumplimiento. De igual
manera son también de obligado cumplimiento documentos como la Carta
Europea de Derechos Sociales de 18 de Octubre de 1961, ratificada por
el Reino de España el 26 de Junio de 1980. Obviamente que los
contenidos de la propia Constitución que en muchos casos no son sino
una traslación de la Carta de DDHH, también entran a formar parte
de este acervo documental. En consecuencia, nosotros somos los
defensores del cumplimiento de la legalidad vigente. Ante este
razonamiento el gobierno y los medios de comunicación afines al
estatus, alegan que habiendo cedido soberanía a través de los
acuerdos y tratados como el de Maastricht, desarrollando el artículo
93 de la constitución, los poderes europeos sustituyen a los textos
constitucionales en una serie de competencias.
Lo anterior plantea dos
contradicciones que debemos denunciar, el reconocer que se ha hecho
una reforma constitucional mediante los hechos consumados (lo cual
es ilegítimo e ilegal) y no a través de los procedimientos reglados
y el de la cesión de soberanía sin haber consultado a la población
a través de referéndum.
Pero a pesar de ello hay
Títulos y artículos que no se han visto afectados por esa
circunstancia; tal es el caso del Título VII y el de los artículos
que lo componen, especialmente el 128. Pero además se debe tener
presente que tras la reforma constitucional pactada entre el PSOE y
el PP en el año 2011 se amplió el artículo 135 para hacer
prioritario el pago de la deuda. Pues bien en el citado artículo y
en su punto 4 se dice que Los límites de
déficit estructural y de volumen de deuda solo podrán superarse en
casos de catástrofe natural, recesión económica y situaciones de
emergencia extraordinaria…..El Reino de
España está en recesión desde hace varios años.
En virtud de todo lo
anterior quedan claras dos conclusiones que debemos reiterar una y
otra vez::
- Nosotros, es decir, los que nos movilizamos contra este estado de cosas, somos los únicos que hemos optado por el cumplimiento de la legalidad.
- Son ellos, el gobierno, los poderes económicos, políticos y mediáticos los que están fuera de la ley .En estos momentos no estamos ante un Estado de Derecho.
El
gobierno suele aducir que es un gobierno legítimo porque nació de
las urnas; es cierto Pero, y también es verdad, que una cosa es la
legitimidad de origen y
otra la de ejercicio.
La primera se obtiene en las urnas, la segunda en el ejercicio diario
de una labor de Gobierno conforme con los textos constitucionales, la
legalidad internacional y la correcta adecuación entre las promesas
electorales y el ejercicio de la acción gubernamental tras el acceso
al Gobierno. El actual Gobierno tiene la primera pero ha perdido la
segunda. Y es esta última la que valida o invalida la legitimidad
global.
Consecuentemente
con todo ello, nuestra posición de movilización y rebeldía está
legitimada. Pero además, lo está por razones basadas en la Historia
y en los textos internacionales. En el debate, la controversia y la
lucha de ideas hay que referirse a antecedentes que ante la opinión
pública legitimen nuestra lucha movilizadora. Ante muchos católicos
hay que recordar a Santo Tomás de Aquino, al Padre Mariana o al
también jesuita Francisco Suárez que defendieron la rebeldía ante
el mal gobierno. Todo ello sin olvidar, por otra parte, al legado que
en esta materia nos dejó John Locke. Especial mención merece, por
su altísimo valor de ejemplo la trayectoria del universal Gandhi.
De la misma manera la
Declaración de Independencia de EEUU de 4 de Julio de 1776 reconoce
el derecho a la rebelión. También la Declaración de Derechos del
Hombre y del Ciudadano de 1789.. La constitución francesa de 1793
llegó incluso a reconocer el derecho a la insurrección.
En la actualidad el
Preámbulo de la Declaración de DDHH de 1948 dice en su tercer
considerando que se debe exigir que los
Derechos Humanos sean protegidos por un régimen de Derecho a fin de
que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión….
Estas breves
consideraciones tienen como objetivo unificar el mensaje y dotarlo de
base para explicarnos ante la ciudadanía, Por ello someto a vuestra
consideración dos propuestas::
- Que si se está de acuerdo, sea esta línea argumental la que llevemos a nuestros actos y documentos.
- Que en los encuentros con otros colectivos y organizaciones para programar las distintas actividades y luchas comunes, propongamos este mensaje como elemento de unidad y visualización de la misma. Todo ello independientemente, claro está, de la especificidad y soberanía de cada uno. Es hora de aunar esfuerzos y conseguir un mensaje común que desde las razones y argumentos de al movimiento global una visualización de unidad en el objetivo común: la Justicia.
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