Beatriz González López-Valcárcel es catedrática de
Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión de la Universidad de Las
Palmas de GC y desde septiembre es presidenta de la Sociedad Española de
Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), donde hasta ahora
ocupaba el cargo de vicepresidenta. Su trabajo para los próximos dos
años se centrará en la divulgación del conocimiento científico y en la
defensa de la salud pública. Hablamos con ella del informe SESPAS 2014
'Crisis económica y salud'.
En
el último informe de SESPAS, comentáis que en España las políticas de
austeridad de los últimos años han tenido y tendrán unos efectos en la
salud, a corto plazo y a largo plazo.
Sí, sobretodo en grupos vulnerables. Por ejemplo el
desempleo es un problema de salud y aunque la crisis económica esté
remontando, sin embargo el desempleo estructural tan alto y de larga
duración va a seguir haciendo efecto porque sigue siendo un problema.
Aunque el PIB esté creciendo tenemos tasas altísimas de desempleo.
El empleo sería solo uno de los determinantes de la salud.
La salud viene condicionada por una serie de determinantes y muchos son
determinantes no sanitarios, son determinantes sociales, como el
entorno en el que vives, el barrio, la familia, etc. Y en este sentido
hay tres determinantes: la educación, la renta y la ocupación. Lo que
hemos visto de forma recurrente es que aparece un gradiente social muy
importante en la salud. Es decir, las personas con mayor nivel educativo
tienen mayor salud que las que tienen una educación primaria y las
personas de renta alta tienen mejor salud que las de renta baja.
Entonces, este gradiente social en algunos aspectos ha empeorado con la
crisis. Y sobre todo la crisis ha hecho que el nivel de desigualdad en
el país haya aumentado muchísimo, y eso es una secuela a largo plazo de
la que no nos vamos a librar fácilmente. Si tú miras en 2008, cuando
estaba empezando la crisis, el nivel de desigualdad en ingresos (que
mide el Índice de Gini) hemos empeorado muchísimo, en cinco puntos, que
es una burrada. España está el cuarto o quinto en desigualdad de los
países desarrollados.
En el informe SESPAS, en uno de los
capítulos se proponía un sistema de indicadores para monitorizar la
crisis. ¿Hay una falta de datos intencionada por parte de la
administración?
En España ha habido una
mejora grande del sistema de información sanitaria sin duda pero hay
algo de falta de transparencia en determinados indicadores que deberían
conocerse. Por ejemplo, no se ha publicado cuál ha sido el impacto en
términos de financiación y de uso a raíz del aumento del
copago [farmacéutico] del real decreto 16/2012. Hombre, del 2012 a ahora
ha habido tiempo...y nosotros estudiamos los datos que hay por activa y
por pasiva pero el gobierno no ha publicado el dato de cuánto pagaba
antes el usuario y cuánto paga ahora, y no me cabe duda que no es por
azar.
Tampoco ha habido una evaluación clara de cuánto se ha ahorrado con ‘la exclusión sanitaria’ del mismo real decreto.
En el Programa de Estabilidad del Reino de España,
que es el compromiso del país con el déficit público y la deuda
pública, puedes ir viendo la evolución de los planes de futuro y de cómo
evalúan en términos económicos los ahorros para la sanidad, y sí que
dan cifras por ejemplo de cuánto se ha ahorrado en medicamentos, pero no
se dice que sea por el copago, se mezcla todo. En la evaluación en
términos económicos de la atención a inmigrantes el truco está que en
ese gran saco de inmigración hay una mezcla de europeos ricos que vienen
aquí de vacaciones y utilizan el sistema sin tener residencia en
España, e inmigrantes pobres sin papeles. En ese batiburrillo sí que da
una cifra de ahorro, que ahora no recuerdo con exactitud.
[Según el
Programa de Estabilidad del Reino de España 2015-2018 "
el
ahorro estimado entre el
1 de julio de 2012 y 31 de diciembre de 2014,
por la puesta en marcha de las diversas medidas de eficiencia incluidas
en la reforma sanitaria y demás medidas de política farmacéutica y
sanitaria alcanza los
6.929,8 millones de euros"]
Se ha criticado mucho el real decreto 16/2012. En parte porque se
considera también que el no acceso de los inmigrantes en situación más
vulnerable a la sanidad supone un peligro para la salud pública.
Ha salido un estudio muy reciente de Alemania donde se constata que al
cambiar el derecho a la atención sanitaria a inmigrantes a peor, es
decir, eliminarles derechos, el gasto sanitario fue mayor a la larga. Y
fue así porque si no utilizas unos servicios que necesitas ahora,
empeoras, y vas a tener que utilizar otros servicios más caros en un
tiempo.Y luego está el fenómeno del contagio. Por ejemplo, en España la
mitad de los casos incidentes de VIH son casos de inmigrantes no
españoles, claro si tienes esta población sin asistencia contagiando a
diestro y siniestro...al final lo acabamos pagando en términos de salud y
de gasto sanitario también, pero claro todo esto no está medido, tienes
razón.
Otro capítulo habla del 'efecto
secundario' de la crisis: la privatización de la gestión sanitaria. En
él se dice que cuando empieza la crisis de repente empezamos a
cuestionar las bondades del sistema público hasta entonces tan bien
valorado.
Sí, eso es terrible, menos mal que
se ha dado marcha atrás, por lo menos con la de Madrid. Es un tema
complejo y muy ideologizado, es decir hay personas situadas en un
fundamentalismo propúblico que por ejemplo dicen -.y es un poco una
caricatura - que el pinche último de cocina de un hospital debe ser
funcionario. Hombre, esto desde los años ochenta está superado, está
claro que un hospital debe externalizar servicios no esenciales, no
clínicos, como seguridad o limpieza por un tema de eficiencia de
gestión, a nadie se le ocurre tener el pinche funcionario. Entre este
extremo y el que defiende el negocio privado, que es un negocio
lucrativo, y entonces lo defiende con argumentos falaces, ocurre que la
privatización se ha convertido en una especie de debate ideológico y es
lo que no debería ser en ningún caso.
¿Y qué debería ser entonces?
Nosotros, como economistas de la salud, decimos que la privatización
debería analizarse con datos sobre la mesa. Lo primero es que haya
transparencia para poder saber cómo son las distintas formas de gestión
indirecta de la sanidad, es decir, de dejar la gestión de determinados
servicios en manos privadas, obviamente no es lo mismo una empresa
privada que otra. Estados Unidos, que es un país super liberal tiene una
estructura de hospitales que son privados (de fundaciones) pero no
benéficos. En España, exceptuando Catalunya que es otra historia, la
forma más prevalente son hospitales privados lucrativos, es decir la
finalidad es maximizar el beneficio. Hombre, no es lo mismo San Juan de
Dios que la S.A. de la esquina. Estamos en una especie de melé de debate
ideologizado que no avanza porque no se desbroza la verdad de la
mentira y hay mucha mentira.
Dame un ejemplo.
Por ejemplo, los argumentos de los que intentan generalizar el modelo
Muface a toda la población. Los funcionarios del Estado, los jueces y
los militares tienen derecho a elegir aseguradora financiados con fondos
públicos, y estas aseguradoras cobran un per cápita de los funcionarios
cubiertos que es bastante más bajo que el gasto per cápita que
corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), o sea a
la atención sanitaria dentro de la red pública. Y utilizan este
argumento para decir que es más barato el cubrir a la población con una
red privada de seguros, porque por ejemplo una persona en vez de
costarte 1.500 euros te cuesta 1.000. Esto es totalmente falaz, sin
embargo, porque hay una selección por riesgo claramente. Si un
funcionario está sano y puede elegir una aseguradora pues elige una
privada pero si le detectan un cáncer desde ese momento se pasa al INSS.
O sea, que el sistema público se queda con los riesgos mayores y los
pacientes más caros y el otro se queda con los sanos no puedes comparar.
¿Cómo se ve el modelo mixto catalán?
Catalunya es una referencia en el resto del país y también fuera, es
una experiencia positiva. Sobre el modelo, la red de utilización pública
tiene una mayoría de proveedores que no son lucrativos. Lo que sí se
comentó fue la propuesta de atender pacientes privados en centros
públicos.