EL PAIS. ECONOMÍA
La destrucción de empleo en el sector público se ceba con los temporales
La proporción de trabajadores eventuales en la Administración baja al 20,6%
En el último año se han destruido 228.900 puestos de trabajo públicos
La destrucción de empleo en España ha llegado a la Administración. Y
la pauta que sigue es la misma que mantuvo el sector privado al comienzo
de la crisis. Los primeros en caer están siendo los empleados
temporales. Desde que Ayuntamientos, ministerios, comunidades autónomas y
empresas públicas han comenzado sus ajustes de plantilla, tres de cada
cuatro puestos de trabajo eliminados (228.900 en total) estaban ocupados
por trabajadores eventuales. La consecuencia inmediata es que la
temporalidad ha caído drásticamente en este sector. Si hace un año
rozaba el 25%, en el tercer trimestre de 2012 se ha hundido
hasta el 20,6%, según la última encuesta de población activa, el porcentaje más bajo desde 2001.
El uso —y, en muchas ocasiones, el abuso— de la contratación temporal ha dejado de ser coto exclusivo del sector privado desde hace bastante tiempo. Las tasas de temporalidad en las Administraciones superaron el 20% en el año 2000. Incluso siguieron creciendo en los primeros años de la crisis, cuando las empresas destruían empleo y las Administraciones públicas lo creaban. Tanto es así que entre julio y septiembre de 2009, se produjo un hito en el mercado laboral español: la temporalidad en el sector público (26,2%) superó la del privado (25,9%). Nunca había ocurrido y nunca ha vuelto a ocurrir.
Desde hace un año, el hundimiento del mercado laboral ha entrado en una nueva fase. La Administración ha comenzado a triturar empleo y se ha sumado al sector privado, hasta entonces el gran pagano de la crisis. La cadencia seguida es la misma en los dos ámbitos. La destrucción arranca por los trabajadores temporales.
Hay sectores como el de la sanidad pública en el que hay empleados que encadenan más de una docena de contratos al año.
La supresión de estos puestos de trabajo es relativamente sencilla, basta con esperar a que finalice el contrato. Y, además, es más barato. No renovar a un trabajador temporal supone una indemnización de nueve días por año trabajado en 2012 (el año que viene subirá a 10 días). El despido de un empleado fijo le cuesta a un empresario, al menos, 20 días por año trabajado, y además necesita demostrar que hay una causa, algo que hasta las últimas reformas laborales no era fácil.
Teniendo en cuenta esto, se entiende que la erosión del empleo fijo, el de mayor calidad, solo comienza cuando se ha agotado el colchón que suponen los trabajadores temporales. Desde que comenzó la crisis financiera, en el verano de 2007, se han evaporado casi dos millones de empleos eventuales de un total de 3,2 millones. Este fenómeno es el que explica la caída de la tasa de temporalidad en el conjunto del mercado laboral de más de un 30% hace cinco años al 25% actual.
Por motivos como este, la temporalidad ha sido identificada como la gran lacra del mercado laboral español desde hace años. Controlarla y rebajarla hasta niveles homologables con los del resto de Europa (en la zona euro se sitúa en el 15,8%), es uno de los objetivos que se han enunciado en las últimas reformas laborales.
Sin embargo, ninguna lo ha conseguido. Al menos no por la vía deseada: la creación de empleo fijo.
El ajuste de plantilla en la Administración se está realizando a base de no cubrir bajas y reducir interinos. Por esta vía, se han eliminado unos 40.000 empleos eventuales de un total 173.300. También se ha recurrido a la eliminación de servicios, lo que ha propiciado que desaparezcan otros 40.000 trabajadores que tenían el llamado contrato de obra.
No obstante, las Administraciones y las empresas públicas también eliminan empleos fijos, 55.500 en el último año. Lo más probable es que conforme el número de asalariados con contrato temporal baje (617.500 en septiembre) la destrucción se traslade al empleo indefinido. De hecho, varias de las medidas que ha adoptado el Gobierno persiguen facilitar el ajuste por este lado.
En el decreto de recortes de julio, se congeló la convocatoria oposiciones para cubrir vacantes, por lo que conforme se jubilen funcionarios se amortizarán esas plazas. Además, esta misma semana se ha aprobado el reglamento que, completando la reforma laboral, facilita en el sector público la aplicación de despidos colectivos, una medida que afecta mayoritariamente a los trabajadores fijos.
hasta el 20,6%, según la última encuesta de población activa, el porcentaje más bajo desde 2001.
El uso —y, en muchas ocasiones, el abuso— de la contratación temporal ha dejado de ser coto exclusivo del sector privado desde hace bastante tiempo. Las tasas de temporalidad en las Administraciones superaron el 20% en el año 2000. Incluso siguieron creciendo en los primeros años de la crisis, cuando las empresas destruían empleo y las Administraciones públicas lo creaban. Tanto es así que entre julio y septiembre de 2009, se produjo un hito en el mercado laboral español: la temporalidad en el sector público (26,2%) superó la del privado (25,9%). Nunca había ocurrido y nunca ha vuelto a ocurrir.
Desde hace un año, el hundimiento del mercado laboral ha entrado en una nueva fase. La Administración ha comenzado a triturar empleo y se ha sumado al sector privado, hasta entonces el gran pagano de la crisis. La cadencia seguida es la misma en los dos ámbitos. La destrucción arranca por los trabajadores temporales.
Hay sectores como el de la sanidad pública en el que hay empleados que encadenan más de una docena de contratos al año.
La supresión de estos puestos de trabajo es relativamente sencilla, basta con esperar a que finalice el contrato. Y, además, es más barato. No renovar a un trabajador temporal supone una indemnización de nueve días por año trabajado en 2012 (el año que viene subirá a 10 días). El despido de un empleado fijo le cuesta a un empresario, al menos, 20 días por año trabajado, y además necesita demostrar que hay una causa, algo que hasta las últimas reformas laborales no era fácil.
Teniendo en cuenta esto, se entiende que la erosión del empleo fijo, el de mayor calidad, solo comienza cuando se ha agotado el colchón que suponen los trabajadores temporales. Desde que comenzó la crisis financiera, en el verano de 2007, se han evaporado casi dos millones de empleos eventuales de un total de 3,2 millones. Este fenómeno es el que explica la caída de la tasa de temporalidad en el conjunto del mercado laboral de más de un 30% hace cinco años al 25% actual.
Por motivos como este, la temporalidad ha sido identificada como la gran lacra del mercado laboral español desde hace años. Controlarla y rebajarla hasta niveles homologables con los del resto de Europa (en la zona euro se sitúa en el 15,8%), es uno de los objetivos que se han enunciado en las últimas reformas laborales.
Sin embargo, ninguna lo ha conseguido. Al menos no por la vía deseada: la creación de empleo fijo.
El ajuste de plantilla en la Administración se está realizando a base de no cubrir bajas y reducir interinos. Por esta vía, se han eliminado unos 40.000 empleos eventuales de un total 173.300. También se ha recurrido a la eliminación de servicios, lo que ha propiciado que desaparezcan otros 40.000 trabajadores que tenían el llamado contrato de obra.
No obstante, las Administraciones y las empresas públicas también eliminan empleos fijos, 55.500 en el último año. Lo más probable es que conforme el número de asalariados con contrato temporal baje (617.500 en septiembre) la destrucción se traslade al empleo indefinido. De hecho, varias de las medidas que ha adoptado el Gobierno persiguen facilitar el ajuste por este lado.
En el decreto de recortes de julio, se congeló la convocatoria oposiciones para cubrir vacantes, por lo que conforme se jubilen funcionarios se amortizarán esas plazas. Además, esta misma semana se ha aprobado el reglamento que, completando la reforma laboral, facilita en el sector público la aplicación de despidos colectivos, una medida que afecta mayoritariamente a los trabajadores fijos.
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