29.06.13. SI SE ECIENDE ESTA MECHA...SERÁ EL DETONANTE.

ABC.es

Almunia firma la defunción del naval

ABC.ESabcengalicia / madrid

Día 28/06/2013 - 10.19h

El comisario europeo de Competencia sentencia con un «no hay nada que hacer», con respecto a la devolución del tax lease

efe

Joaquín Almunia, comisario europeo de Competencia

El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, afirmó este jueves en el Fórum Europa que los astilleros que fabricaron los buques y los bancos que fueron agentes financieros no tendrán que devolver las ayudas tax lease al sector naval.

En el acto, organizado por Nueva Economía Fórum, el vicepresidente de la Comisión indicó que hay dos receptores de ayudas que sí han de devolver los fondos recibidos. Se trata de lo que han participado como inversores en los grupos de interés económico y los navieros armadores que adquirieron los barcos. «Las ayudas recibidas por ese conjunto de agentes son incompatibles con la regulación», dijo el comisario, quien agregó que hay dos actores con obligación de devolución de las ayudas «y el resto no».

Bruselas decidirá el 17 de julio si obliga a devolver o no las ayudas obtenidas con el tax lease entre los años 2002 y 2011. Según la organización que agrupa a los astilleros privados españoles Pymar, en caso de confirmarse este extremo «supondría el fin de los astilleros y, con ellos, la eliminación de casi 87.000 puestos de trabajo directos e indirectos».

El comisario de Competencia, encargado de hacer la propuesta de resolución del conflicto, explicó que las ayudas que habrá que devolver serán las recibidas a partir de 2005, ya que hasta esa fecha podía haber «inseguridad jurídica» sobre la materia. «Las autoridades españolas tiene que precisar cómo se han de devolver las ayudas», explicó Almunia, quien señaló que ha habido muchas quejas informales y formales de otros países.

 

Pymar: «La defunción del sector naval español es un hecho»

 

«Se dirija a quién se dirija»: Álvaro Platero, presidente de Pymar, la sociedad que agrupa a esos 19 pequeños y medianos astilleros, y Almudena López del Pozo, la consejera delegada, han ofrecido una rueda de prensa hoy en Madrid previa a la Asamblea anual de la sociedad.

 

La resolución que prepara el vicepresidente de la CE y comisario de Competencia obligará a devolver las ayudas desde 2005 a 2011, prácticamente su totalidad. En ese caso, se dirija contra quien se dirija, el resultado es el mismo: la defunción del sector naval español.

 

Almunia ha asegurado que, de obligar a la reversión de ese dinero, implicaría solo a los financiadores e inversores en la construcción de buques. Sin embargo, el comisario conoce perfectamente -dispone de toda la documentación- que el perjudicado final sería el astillero.

 

Tomar una decisión de ese calibre significaría un ataque frontal contra todo el sector. Supondría la pérdida de 87.000 empleos y también el final de un sector competitivo y tecnológicamente avanzado, que exporta en torno al 90% de su producción.

 

Una decisión negativa, no solo implicará la devolución de miles de millones, sino que además se creará una inseguridad jurídica irreversible para el futuro. Los armadores buscarán otros países donde contratar sus buques y los inversores negarán el crédito y la financiación para contratar y seguir construyendo.

 

 

España tan solo reclama al comisario el mismo trato que ha dispensado a otros países como Francia donde, tras declarar ilegales las ayudas al sector naval, eximió a los astilleros de la devolución de los beneficios fiscales.

Por eso, Pymar y sus astilleros piden a Almunia que no ceda en la guerra comercial contra el naval español en favor de Holanda. De lo contrario, supondrá el principio del fin de la construcción naval no solo en España sino en toda la UE, porque la guerra entre Estados no ha hecho más que empezar. El sistema holandés está también en fase de investigación. Los únicos beneficiarios de esta escalada de denuncias son los astilleros asiáticos de Corea y China.

Los astilleros piden también una posición común al Gobierno de España y al principal partido de la oposición, el PSOE. Les demandan que presionen ante la UE para propiciar un cambio de posición que no termine con una actividad industrial competitiva y tecnológicamente avanzada.