GESTION CLÍNICA S.
A.
LAS
UNIDADES DE GESTIÓN CLINICA
AL
SERVICIO DE LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA
Como
el Gobierno tiene problemas para continuar con la estrategia que ha seguido
hasta ahora de desmantelamiento y privatización de la sanidad pública, debido a
la presión en contra de:
-
Las
movilizaciones ciudadanas y profesionales que se oponen al deterioro del
sistema sanitario público
-
Los
problemas económicos asociados a la financiación mediante la colaboración
privada
-
Las
resoluciones judiciales, que han paralizado la adjudicación de hospitales a
empresas multinacionales y a fondos de inversión,
El
Gobierno pretende resolver esta situación de parálisis mediante una estrategia
fundamentada en la Creación de Unidades de Gestión Clínica, pero desvirtuando la
naturaleza integradora y racionalizadora de las mismas[1].
Su intención es fragmentar los centros sanitarios públicos en microempresas
dotadas de entidad jurídica propia (lo que les confiere autonomía para
administrar su personal y su presupuesto), gestionadas mediante las diferentes
fórmulas empresariales de la Ley 15/1997 y con capacidad para apropiarse de los
beneficios generados por la venta de sus servicios a otras Unidades o Centros
Sanitarios. Así se fomenta el desorden asistencial y la creación de un mercado
interno dentro del sistema sanitario. Se daría entrada al sector privado
(farmaindustria, multinacionales sanitarias, fondos de capital-riesgo, etc...)
a cambio de aportar recursos y capitalización. El sector privado podría
controlar la elaboración de las estrategias y decisiones clínicas dirigidas a
los procesos asistenciales más prevalentes y/o de mejor relación
coste-beneficio, lo que le proporcionaría incalculables beneficios económicos
financiados con fondos públicos.
Por
otro lado esta estrategia pretende también pasar la responsabilidad de la
prestación sanitaria a una maraña de empresas interpuestas que en época de
recortes gestionaran la escasez y servirán de dique para las protestas.
En
suma bajo la apariencia de un termino que parece inofensivo, se pretende
introducir Este concepto es de manera
encubierta, una empresarización de los servicios hospitalarios y de los
centros de Salud, que pretende convertirlos en empresas "autónomas",-
lo que nuevamente suena muy bien-
abiertas al capital empresarial personal, rompiendo la unidad de los
centros, introduciendo el mercado, los beneficios, los incentivos económicos
puros y duros, y la precariedad laboral
de los profesionales derivada de la su imprescindible laboralización y
renuncia al estatuto vigente, entre otras muy perversas consecuencias. Estamos
realmente ante lo que se podría llamar un proyecto de “Gestión Clínica SA”.
Para alcanzar estos
objetivos el Ministerio de Sanidad ha adoptado dos medidas:
1. De manera oculta y solapada, aprovechando
la elaboración de la Ley 10/2013
destinada a regular temas relacionados con la farmacovigilancia, ha
introducido en su disposición final quinta la creación de Áreas de Gestión Clínica (AGC), con su
personal regulado por el régimen laboral de las empresas privadas. Esta medida
elimina el régimen estatutario de los trabajadores de la sanidad pública, que
perderán estabilidad y derechos laborales y quedarán sometidos al control
empresarial de gerentes y responsables de las unidades clínicas.
2. El Gobierno ha firmado un acuerdo con
el denominado Foro de la Profesión[2],
formado por algunas organizaciones conservadoras muy alejadas de la gran
mayoría de los colectivos sanitarios y sindicales que, a cambio de algunas
prebendas, han dado su apoyo a la laboralización del personal de las Unidades
de Gestión Clínica, lo que supone un respaldo a la política privatizadora del
gobierno y divide al colectivo sanitario.
Consecuencias
previsibles:
1. Desregulación y privatización del
sistema sanitario, que se fragmentará en múltiples empresas, en las que
entraría el capital privado y de grupos empresariales, que podrán influir de
manera directa en las decisiones sobre: qué hacer, cómo, quién y con qué, en la
política sanitaria y en los procesos y procedimientos asistenciales más
interesantes económicamente
2. Las decisiones clínicas de los
profesionales sanitarios se someterán a las políticas empresariales. La
laboralización del personal otorgará un gran poder de control a las gerencias
para influir en la libertad de decisión que hasta ahora garantiza el Estatuto
del Personal
3. Pérdida y deterioro de los derechos de
los trabajadores sanitarios, que para integrase en las Unidades de Gestión
Clínica deberán renunciar a las garantías del Estatuto del Personal
(estabilidad, seguridad y libertad de decisión). Los que no lo hagan quedarán
marginados dentro de los centros, sin acceso a las innovaciones y nuevos
recursos.
4. Desaparición del modelo actual de
Atención Primaria, cuya actividad quedará sometida a los intereses
empresariales de la nuevas unidades, con la función de realizar el cribado de
pacientes y patologías atendiendo a criterios de rentabilidad (selección
adversa).
5. Aumento del gasto sanitario
innecesario, ya que las unidades deberán dotarse de un aparato burocrático
administrativo para gestionar los recursos como empresas autónomas (gestión del
personal, facturación de servicios, etc.). Además, el sector privado buscará
maximizar beneficios promoviendo el uso intensivo de las tecnologías.
6. Pérdida de calidad, seguridad y de
acceso a los servicios de la ciudadanía, especialmente de los pacientes
aquejados de patologías no rentables económicamente para las nuevas Unidades
Clínicas (selección de riesgos), las cuales podrán apropiarse de los beneficios
económicos que generen.
Quienes
ganan:
Empresarios, laboratorios, fondos de
inversión, aseguradoras, consultoras, profesionales con capacidad de
influencia, personajes vinculados a la actual administración que participen en
la llamada puerta giratoria, el clan de gestores interesados en ampliar el
modelo empresarial y la burocracia .
Quienes
pierden:
Los ciudadanos, dado que la atención sanitaria
quedará sometida a los intereses empresariales de las Unidades de Gestión; profesionales
y trabajadores sanitarios, que perderán estabilidad, seguridad y
libertad de decisión; el sistema sanitario público, que
además de fraccionado, será ingobernable, más costoso y provocará más
desigualdad; la Atención Primaria, que en un contexto de debilidad, quedará
relegada a portera de las Unidades de Gestión para seleccionar pacientes y
procesos.
¿Que
hacer para frenar este proyecto?
1.
Crear
un clima de rechazo profesional y social en contra de estas Unidades de Gestión
Clínica, informando y demostrando la pérdida de derechos y de calidad de la
atención para la gran mayoría de ciudadanos y profesionales. Una buena manera
es colaborar firmando esta petición: http://www.fadsp.org/index.php/sample-sites/manifiestos/648-contra-el-pacto-entre-los-autodenominados-foros-profesionales-y-el-ministerio-de-sanidad
2. Articular una alianza profesional lo
más amplia posible, que aísle a los sectores qué han suscrito un acuerdo de
apoyo, para rechazar esta Gestión Clínica que plantea el Gobierno, que
fragmentará y privatizará el sistema sanitario público, y que no tiene nada que
ver con la mejora de la integración y de la efectividad del sistema.
3. Ampliar y reforzar la alianza social y
profesional en defensa del sistema sanitario y de rechazo a estas medidas de
desmantelamiento y privatización.
4. Convocar medidas de movilización
social y profesional que exijan la retirada de las Unidades de Gestión Clínica
Federación de Asociaciones para la
Defensa de la Sanidad Pública
Noviembre de 2013
[1] La Gestión Clínica se entendida hasta
ahora cómo “ la coordinación e
integración de los recursos que intervienen en los procesos asistenciales y la
incorporación de los profesionales sanitarios a la gestión de la práctica
clínica, que permitiría una mejor y racional utilización de recursos
[2] “se
promoverá un marco jurídico específico del profesional médico en el Sistema
Nacional de Salud y un modelo retributivo voluntario vinculado a la gestión
clínica que favorezca los principios de excelencia profesional y de gobernanza
del sistema sanitario público”. El acuerdo vincula estos cambios a la
Creación de Unidades de Gestión Clínica. Como consecuencia el personal
integrado de estas unidades no podrá mantener las garantías del Estatuto Marco
y deberá laboralizarse para trabajar en las mismas, paso necesario para que las
Unidades de Gestión Clínica se constituyan en empresas autónomas con
personalidad jurídica propia, acogidas al modelo empresarial
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