A
la puerta giratoria le voy a romper los goznes.
La dicotromía en la
gestión sanitaria da asco desde los tiempos del primer consejero (Pablo
Recio).
La nueva presidenta de Andalucia, tanto hablar, no ha tomado
ni una sola medida contra esta corruptela.
Y premia con otra consejería a
quien permitió el desmán.
Resistiremos.
Tic tac...tic tac....
Y
votaremos.
Lo malo es que el tiempo va en nuestra contra.
Las tribus de
indignados no se ponen de acuerdo en este puñetero desierto de política.
Si lo que creo empezar a ver no es un espejismo...
¡Votaremos!
Paracelso
La Junta controlará las donaciones familiares un año antes de una 'previsible muerte'
- La 'ley contra el fraude fiscal' controlará donaciones entre padres e hijos
- El patrimonio de las familias será un requisito para acceder a ayudas públicas
- La normativa pretende evitar que se eluda el pago del impuesto de sucesiones
La nueva ley con la que la Junta de Andalucía pretende luchar contra el fraude fiscal impedirá a los andaluces disponer libremente del dinero de sus cuentas bancarias durante el año previo a su fallecimiento en el caso de que éste sea "previsible".
La normativa, admitida este martes a trámite por el Consejo de Gobierno y presentada por la consejera de Hacienda y Administración Pública María Jesús Montero, pretende evitar que se eluda el pago del impuesto de Sucesiones en los casos de "fallecimiento previsible con anterioridad".
Según la consejera, se han detectado situaciones en las que se han hecho "operaciones en los depósitos bancarios" de la persona hacia "las cuentas de sus familiares" con objeto de "evitar el pago de dicho impuesto". Dicha medida imposibilitará, por tanto, realizar operaciones en los depósitos bancarios que puedan ser señal de un 'desvío' del dinero para eludir la tasa fiscal.
Desde la entrada en vigor de la ley, el heredero tendrá que aportar una acreditación emitida por la entidad financiera en la que aparezca el saldo de la cuenta en el momento del fallecimiento, además de los movimientos efectuados desde un año antes de dicha situación.
La normativa también contempla un incremento del control del Impuesto de Donaciones. Según Montero, se perseguirá el fraude relacionado con la donación de dinero de padres a hijos para comprar la vivienda habitual. "En muchas ocasiones se encubre la transmisión de la propia vivienda del progenitor", de tal manera que también elude el impuesto de Sucesiones. Para evitarlo, se exigirá que el donatario habite el inmueble adquirido durante al menos tres años.
La medida prohíbe el pago en metálico de todas las transmisiones, adquisiciones o donaciones, con el objeto de facilitar el control posterior de los pagos.
Actualmente, los beneficios públicos se conceden a través de un baremo compuesto por "los ingresos y la renta familiar". Con esta ley, también se contabilizará el patrimonio para aproximarse más, según la consejera, "a la realidad de la situación económica de los solicitantes". No obstante, no ha precisado cuánto ponderará la renta y cuánto las segundas residencias, los valores de renta fija o variable u otros instrumentos, ya que remitió los detalles de la ley a "su desarrollo normativo".
La titular de Hacienda insistió en que no se "crea ni elimina ningún tributo" ni se "modifica ningún impuesto". Además, precisó que la vivienda habitual de la familia no se considerará patrimonio a valorar en el nuevo baremo.
El 'falseo' de datos por parte de los solicitantes dará lugar a sanciones que irán desde los 75 euros hasta los 6.000, así como la imposibilidad de concurrir a nuevas subvenciones, de contratar con las administraciones públicas o de actuar como organismo colaborador de las mismas en plazos de 1 a 5 años.
El texto establece también las causas por las que se pierde la condición de beneficiario: falsear las condiciones requeridas u ocultar datos e incumplir la actividad para la que se concedió, así como la exigencia de devolución de las ayudas recibidas indebidamente. El anteproyecto remite a la 'ley general de subvenciones', del año 2012, a la hora de imponer infracciones administrativas y sanciones.
La futura ley, que no tendrá caracter retroactivo, se suma al 'plan de intensificación de la lucha contra el fraude' aprobado hace un año por el Gobierno andaluz y que, hasta el momento, según informó la consejera, ha supuesto un ahorro a las arcas públicas de "entre 200 y 220 millones de euros". La Junta prevé que este anteproyecto de Ley pueda llevarse al Parlamento en un plazo de "seis o siete meses". Previamente, Montero "establecerá el diálogo" con sectores implicados notarios o registradores de la propiedad.
Las Consejerías y departamentos del Gobierno andaluz tendrán un "año de plazo máximo" para adaptar cada uno de los requisitos de las ayudas públicas que le competan conceder a la nueva ley contra el fraude fiscal.
La normativa, admitida este martes a trámite por el Consejo de Gobierno y presentada por la consejera de Hacienda y Administración Pública María Jesús Montero, pretende evitar que se eluda el pago del impuesto de Sucesiones en los casos de "fallecimiento previsible con anterioridad".
Según la consejera, se han detectado situaciones en las que se han hecho "operaciones en los depósitos bancarios" de la persona hacia "las cuentas de sus familiares" con objeto de "evitar el pago de dicho impuesto". Dicha medida imposibilitará, por tanto, realizar operaciones en los depósitos bancarios que puedan ser señal de un 'desvío' del dinero para eludir la tasa fiscal.
Desde la entrada en vigor de la ley, el heredero tendrá que aportar una acreditación emitida por la entidad financiera en la que aparezca el saldo de la cuenta en el momento del fallecimiento, además de los movimientos efectuados desde un año antes de dicha situación.
La normativa también contempla un incremento del control del Impuesto de Donaciones. Según Montero, se perseguirá el fraude relacionado con la donación de dinero de padres a hijos para comprar la vivienda habitual. "En muchas ocasiones se encubre la transmisión de la propia vivienda del progenitor", de tal manera que también elude el impuesto de Sucesiones. Para evitarlo, se exigirá que el donatario habite el inmueble adquirido durante al menos tres años.
La medida prohíbe el pago en metálico de todas las transmisiones, adquisiciones o donaciones, con el objeto de facilitar el control posterior de los pagos.
Ayudas públicas
Además de las medidas de control sobre el fraude fiscal, la 'ley sobre el acceso a los beneficios públicos y de medidas contra el fraude fiscal' contiene un título referido a los requisitos para el acceso a las ayudas públicas (becas, ayudas al alquiler, servicio de comedor escolar, etc).Actualmente, los beneficios públicos se conceden a través de un baremo compuesto por "los ingresos y la renta familiar". Con esta ley, también se contabilizará el patrimonio para aproximarse más, según la consejera, "a la realidad de la situación económica de los solicitantes". No obstante, no ha precisado cuánto ponderará la renta y cuánto las segundas residencias, los valores de renta fija o variable u otros instrumentos, ya que remitió los detalles de la ley a "su desarrollo normativo".
La titular de Hacienda insistió en que no se "crea ni elimina ningún tributo" ni se "modifica ningún impuesto". Además, precisó que la vivienda habitual de la familia no se considerará patrimonio a valorar en el nuevo baremo.
El 'falseo' de datos por parte de los solicitantes dará lugar a sanciones que irán desde los 75 euros hasta los 6.000, así como la imposibilidad de concurrir a nuevas subvenciones, de contratar con las administraciones públicas o de actuar como organismo colaborador de las mismas en plazos de 1 a 5 años.
El texto establece también las causas por las que se pierde la condición de beneficiario: falsear las condiciones requeridas u ocultar datos e incumplir la actividad para la que se concedió, así como la exigencia de devolución de las ayudas recibidas indebidamente. El anteproyecto remite a la 'ley general de subvenciones', del año 2012, a la hora de imponer infracciones administrativas y sanciones.
'Ingresos extra'
Ante la cuestión de si la nueva normativa se ponía en marcha para incrementar los ingresos de la Junta, Montero afirmó que no se pretende "conseguir ingresos extras", sino evitar "situaciones de injusticia social". "Pretendemos garantizar que las ayudas lleguen a las personas que verdaderamente las necesitan", insistió la consejera de Hacienda.La futura ley, que no tendrá caracter retroactivo, se suma al 'plan de intensificación de la lucha contra el fraude' aprobado hace un año por el Gobierno andaluz y que, hasta el momento, según informó la consejera, ha supuesto un ahorro a las arcas públicas de "entre 200 y 220 millones de euros". La Junta prevé que este anteproyecto de Ley pueda llevarse al Parlamento en un plazo de "seis o siete meses". Previamente, Montero "establecerá el diálogo" con sectores implicados notarios o registradores de la propiedad.
Las Consejerías y departamentos del Gobierno andaluz tendrán un "año de plazo máximo" para adaptar cada uno de los requisitos de las ayudas públicas que le competan conceder a la nueva ley contra el fraude fiscal.
No hay comentarios:
Publicar un comentario