martes, 1 de septiembre de 2015
El sindicalismo de clase lo debe tener claro. Por unos servicios sociales públicos, democráticos y de calidad
Las diferencias sociales que genera el sistema económico imperante
conllevan situaciones en las que sectores importantes de la población
necesitan de la solidaridad del resto. Estas situaciones no han pasado
desapercibidas para el conjunto de la sociedad. De esta forma, a lo
largo del siglo XX fue surgiendo el concepto de “servicios sociales” tal
y como hoy día es entendido por la mayoría de la población. Sin duda,
una conquista histórica del movimiento obrero que con su lucha fue
arrancando importantes concesiones, obligando al Estado y las distintas
administraciones a destinar una parte importante del dinero público a
las llamadas políticas de bienestar social, como forma de redistribuir
la riqueza y garantizar así un mínimo nivel de vida al conjunto de la
ciudadanía. Los sistemas sanitarios y educativos públicos, junto a los
servicios sociales, son los pilares fundamentales del llamado “Estado
del Bienestar”, imperantes en Europa Occidental tras la II Guerra
Mundial.
Pero las tesis liberales defendidas por los neocon desde finales de los
70 fueron ganando cada vez más fuerza, planteando la disminución de la
intervención estatal a todos los niveles, dejando a la sociedad en manos
de esa entelequia denominada “leyes del mercado”. Una orgía de
privatizaciones recorrió Europa (y el mundo), incluyendo al estado
español. Y los servicios sociales también se plegaron a estas tesis
liberales, por lo que toda una pléyade de oenegés surgieron en los años
90 al calor de la privatización ((el 78,2% de los trabajadores del
sector prestan sus servicios en empresas privadas). Es en este contexto
general donde se enmarcan las leyes de Servicios Sociales de las
distintas comunidades autónomas. La privatización pervierte en origen el
objetivo que debieran tener los servicios sociales (la atención de las
necesidades personales y sociales de las personas en dificultad),
pasando a ser una fuente de negocio más para la patronal, de forma que
el enorme caudal de dinero público destinado a cubrir necesidades
sociales va desviándose en parte hacia otros menesteres, vía conciertos y
subvenciones.
Además, la privatización conlleva que el sector de la Intervención
Social sufra uno de los niveles de precariedad laboral más altos del
conjunto de los sectores productivos (el empleo en los servicios
sociales muestra una precariedad superior a la media del total nacional
con una tasa de temporalidad 3 puntos superior a la media del conjunto
de sectores y una tasa de parcialidad en los contratos 9,3 puntos
superior a la media). Este hecho inevitablemente afecta a la calidad del
servicio y favorece la represión interna ante cualquier actividad
sindical de clase o cualquier disidencia metodológica. Lo que no sólo
repercute en las condiciones laborales y salariales (el salario medio en
servicios sociales es un 28% inferior al salario medio en España), sino
que incluso limita a los trabajadores en uno de los aspectos
fundamentales de su labor profesional: la defensa de los intereses de
los usuarios, facilitando la arbitrariedad en la toma de decisiones que
les afectan tanto por parte de las distintas empresas como de la
administraciones. Además, la privatización también juega un importante
papel político, ya que permite a las administraciones enajenarse de sus
responsabilidades al delegar sus funciones en otras entidades.
Por otra parte, en un contexto como el actual de crisis estructural del
sistema capitalista, la privatización está permitiendo que el sistema de
servicios sociales pueda ser desmantelado con gran facilidad por su
funcionamiento a base de convenios de carácter temporal para la
prestación de servicios (basta con no renovarlos para hacer desaparecer
el servicio. Entre 2010 y 2013 se perdieron 56700 empleos en servicios
sociales). Además, la enorme precariedad y atomización de los
trabajadores del sector dificulta la respuesta organizada contra los
recortes y el cierre de recursos. También hay que apuntar que la
respuesta sindical ha sido insuficiente, cuando no inexistente. Nada
justifica que ante la situación descrita, CCOO y UGT no hayan movilizado
de forma contundente al conjunto del sector en todo el estado.
Funcionamiento burocrático de los servicios sociales
Dicho esto, es necesario reconocer la existencia de organizaciones que
actúan realmente sin ánimo de lucro, y que además realizan una gran
labor. Son fácilmente distinguibles de las entidades sinónimo de lucro,
ya que no buscan su expansión, sino profundizar en la labor que
realizan, generalmente en un ámbito geográfico concreto, naciendo del
tejido social de los distintos barrios donde están presentes. Estas
asociaciones deben jugar un importante papel en el sistema de servicios
sociales.
Los servicios sociales deben ser de titularidad y gestión pública,
eliminado el lucro empresarial de la ecuación. Pero este hecho, por sí
mismo, no garantiza la eficacia de los mismos. A pesar de la
privatización, los servicios sociales tienen un funcionamiento
excesivamente rígido y burocrático, profundamente antidemocrático. En la
práctica, la capacidad de control ciudadano sobre los servicios
sociales es nula, por lo que sus intervenciones suelen ser bastante
ineficaces. O no, porque en muchos aspectos el sistema de servicios
sociales está llamado más que a satisfacer necesidades a ejercer como un
mecanismo de control social. Los programas de intervención por lo
general se diseñan en despachos física y socialmente muy alejados de las
zonas geográficas y sectores de población sobre los que se va a
intervenir. Y esto es precisamente así porque se trata de intervenir
sobre, y no junto a o en colaboración con los sectores afectados, que es
como debiera ser.
Por tanto, los servicios sociales, además de públicos, tienen que ser
democráticos. Y es aquí donde esas asociaciones realmente sin ánimo de
lucro deben jugar un papel fundamental. Tanto el análisis de las
necesidades como la elaboración de los programas de intervención deben
surgir del tejido social de los propios barrios, del movimiento
asociativo en colaboración con los profesionales de los servicios
sociales. Y la ejecución de dichos programas debe ser supervisada por
ese mismo tejido asociativo, junto a la Administración y los
representantes de los trabajadores del sector. Además, las mencionadas
asociaciones también deben mantener su capacidad de acción social
directa, elaborando proyectos transversales, complementarios a la
actuación de los servicios sociales públicos (actividades subvencionadas
con dinero público pero circunscritas a espacios geográficos limitados y
de no elevada necesidad presupuestaria, de tal manera que el afán de
lucro no tenga cabida).
En resumen, los servicios sociales deben estar sometidos al control
ciudadano, y el papel de los responsables políticos de la Administración
debe limitarse a garantizar los medios necesarios para su desarrollo,
así como al control sobre su correcto funcionamiento junto al tejido
social. Por último, junto a lo mencionado hasta el momento, para
garantizar la calidad de la intervención, es fundamental la formación
continua y permanente de los profesionales del sector (algo que en la
actualidad no sucede, salvo la realización de ciertos cursos y jornadas
de nulo valor práctico y formativo, cuyo único objetivo es justificar
las subvenciones que reciben las empresas). A la insuficiencia de la
formación académica formal para el trabajo práctico, se suman los
constantes cambios que se producen en el seno de la sociedad, por lo que
una formación continuada y de calidad no sólo es deseable sino
absolutamente imprescindible.
Por la dignificación del sector. Luchar por la aplicación inmediata del convenio.
El pasado 3 de julio se publicó en el BOE el primer Convenio Colectivo
Estatal de Acción e Intervención Social. Sin embargo, la patronal se
está mostrando reacia a su aplicación. Y es que aunque no es un buen
convenio, las lamentables condiciones laborales del sector hacen que su
aplicación suponga una mejora salarial media del 10%. Además articula
por primera vez al sector, ya que hasta ahora ni siquiera teníamos
convenio propio.
El malestar entre los trabajadores del sector es evidente y va en
aumento, por lo que posiblemente este otoño veamos cómo saltan
conflictos laborales en distintas empresas de "lo social". Porque ya
estamos hartos de precariedad y tomaduras de pelo por parte de la
patronal y sus representantes políticos en las administraciones, así
como de las carencias en los servicios prestados. Es urgente visibilizar
la situación de nuestros servicios sociales, plantando cara
conjuntamente a la patronal. Los sindicatos de clase, junto a a
distintos colectivos representativos del sector (como Intervención
Social en Lucha o la Plataforma en Defensa de la Atención a la
Discapacidad), tienen que organizar una movilización unitaria y
contundente con dos objetivos principales: revertir los recortes y la
inmediata aplicación del convenio.
Pero no olvidemos que la única manera de lograr unas condiciones
laborales dignas en el sector y una atención de calidad, es eliminando
el lucro empresarial en los servicios sociales. Si somos los
profesionales quienes realizamos la intervención (porque nadie más que
los trabajadores saca el trabajo adelante), y las administraciones son
quienes aportan los medios materiales, ¿qué papel juegan aquí las
empresas? Ninguno, salvo trincar a costa de trabajadores y usuarios. Por
eso, hay que acabar con la privatización de los servicios sociales y,
entre todos, definir de nuevo qué es eso de los servicios sociales y
cómo deben funcionar.
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