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Denuncian a Rajoy por no cumplir la ley de dependencia
Las plataformas en defensa de la Ley de Dependencia acuden a la Fiscalía General
e. g. s.
Madrid
12 AGO 2015 - 22:35 CEST
La Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia del Estado Español (COES-LAPAD) presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por incumplir la Ley de Dependencia. Entre otras cosas, asegura que el Estado no está aportando el 50% del coste del sistema, sino solo el 17%, y que durante los últimos cuatro años más de 100.000 personas han muerto sin recibir las ayudas a las que tenían derecho.
“Nuestra coordinadora no puede seguir permitiendo que el Ejecutivo siga masacrando al colectivo más débil y frágil de nuestra sociedad”, señaló ayer José Luis Gómez-Ocaña, coordinador nacional de la asociación. El Estado, aseguró, solo contribuye con un 17% al coste del sistema de dependencia, mientras que “incluso las personas dependientes están aportando más que el propio Estado, el 19%”. El resto lo aportan las comunidades autónomas, añade.
El texto de la denuncia asegura además que en los cuatro Presupuestos Generales del Estado elaborados por el Gobierno de Rajoy la partida destinada a la dependencia ha disminuido en 1.490 millones de euros. “Es evidente que el señor Rajoy está haciendo un claro incumplimiento de sus funciones como máximo responsable del Ejecutivo, que debe velar por el cumplimiento de la legislación vigente”, señala el texto.
117.000 fallecidos
Según esta asociación, la política del Ejecutivo viola varios artículos de la Constitución en relación con la protección social y los derechos de los ciudadanos. Unos “incumplimientos” que se han traducido, según la coordinadora, en “más de 117.000 dependientes fallecidos (uno cada 15 minutos de forma ininterrumpida durante 43 meses) sin haber recibido ningún servicio o prestación a la que tenían derecho”.
La anterior ministra de Sanidad, Ana Mato, asegura la denuncia, reconoció en sede parlamentaria que el 80% de las personas en lista de espera entran en el sistema como beneficiarios. Eso quiere decir que el resto entra en una de estas tres categorías: los que rechazan entrar (muy pocos); los que no se consideran dependientes al haberles aplicado un baremo mas severo; y los que fallecen esperando.
La Plataforma pide al fiscal que averigüe los “posibles delitos cometidos”.
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