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"No habrá freno a la privatización de los servicios públicos con el tratado comercial entre EEUU y Europa"
José Ramón Mariño, economista de Attac, anuncia la presentación de
mociones en los ayuntamientos para lograr la paralización de las
negociaciones del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión.
Consideran
que el tratado, de salir aprobado, conllevará, entre otros perjuicios
al ciudadanao, la privatización de servicios públicos como el agua, la
sanidad o la educación"
"Lo que plantea la alianza es una verdadera amenaza a la democracia", advierte Mariño.
José Ramón Mariño es miembro del movimiento ATTAC Bizkaia.
José Ramón Mariño es economista y miembro de ATTAC,
una organización civil independiente trata de influir democráticamente
con sus aportaciones en los movimientos sociales, partidos políticos y
sindicatos. El colectivo presentará a partir de septiembre en los
ayuntamientos mociones para lograr la paralización de las negociaciones
entre EEUU y Europa sobre el Acuerdo Transatlántico de Comercio e
Inversión y declarar los municipios insumisos y opuestos al TTIP. El
economista considera que de aprobarse esa alianza serán muchos los
perjuicios para los ciudadanos. "Lo que plantea es una verdadera amenaza
a la democracia", advierte. Mariño cree que la aplicación de este
convenio desembocará en "la privatización de los servicios públicos como
el agua, la sanidad o la educación" además de desempleo . Desde el
movimiento ATTAC pretenden trasladar a la ciudadanía los peligros de
este tratado a través de la información, difusión y la movilización.
"Será uno de los primeros pasos para poder influir en los decisores de
los Estados de la Unión Europea y paralizar este proceso de
negociación".
¿Por qué se hace un tratado de libre comercio si se supone que las barreras arancelarias entre EEUU y Europa no son elevadas?
Los grupos empresariales de ambos lados del océano llevan años soñando
con un acuerdo entre ambos y han defendido de forma sistemática una idea
de acuerdo de amplio alcance. Desde el Dialogo Empresarial
Transatlántico del año 1995, la creación del Consejo Económico
Transatlántico de 2007 al TTIP actual, es todo un proceso y en palabras
del Jefe negociador de la UE el momento del acuerdo es el adecuado por
las condiciones económicas y políticas. Y efectivamente los aranceles
son tan bajos que apenas pueden reducirse ya, pero los funcionarios
negociadores de ambos lados reconocen que el verdadero y principal
objetivo es eliminar las barreras reglamentarias que limitan los
beneficios potenciales de las corporaciones trasnacionales en ambos
mercados. Y ellos llaman “barreras” a algunas de nuestras normas
sociales y regulaciones ambientales más preciadas, como los derechos
laborales, los reglamentos de sustancias químicas tóxicas, la seguridad
alimentaria, etc
¿A qué niveles puede llegar a afectar? ¿Lo va a notar el ciudadano de a pie?
El ciudadano lo acabará notando en infinidad de facetas de su vida
cotidiana. Por ejemplo, en Europa funciona el principio de cautela, es
decir hay que demostrar que una sustancia química es segura antes de
usarla, mientras que en EEUU este principio no se aplica. Las normas de
seguridad alimentaria en Europa son más estrictas y frenan las
importaciones de alimentos transgénicos, alimentos tratados con
pesticidas, hormonas, cloro, etc que los EEUU sí permiten. Europa ve con
recelo el fracking y EEUU no. Inmersos en la crisis derivada de la
economía financiera, se pretende rebajar las regulaciones al efecto. No
habrá frenos a la privatización de los servicios públicos: agua,
sanidad, educación, etc Y muchos aspectos más. Nos afectará notablemente
en el día a día.
Los reacios a este convenio afirman que peligra el empleo, ¿en qué se basan para asegurarlo?
La propia Comisión Europea ha admitido que es probable que el tratado
provoque perjuicios prolongados y considerables para los trabajadores
europeos, pues el incremento comercial con EEUU tendrá un shock inicial
en los sectores industriales más afectados que obligará a una
reestructuración. Hablamos de productores de carne, fertilizantes,
azúcar, metal, madera, papel, etc. Los ajustes que serán necesarios
llevan asociados unos costes que deberán afrontar. Y aunque algunos
sectores aumenten la empleabilidad, la transferencia no es automática,
se precisará formación y ello implica de nuevo costes y medidas
preventivas, que de entrada no se contemplan en el tratado. La
experiencia del tratado EEUU, Méjico y Canadá no es nada halagüeña al
respecto. Por no citar la posible pérdida de derechos laborales, no
debemos olvidar que EEUU no ratifica convenciones de la Organización
Internacional del Trabajo relacionadas con libertad sindical,
negociación colectiva, etc.
Pero
según la Comisión Europea, el acuerdo supondría unos beneficios anuales
de 119.000 millones de euros, es decir 545 euros por hogar y nuestro
país sería el cuarto beneficiado en creación de empleo y riqueza. Desde
Attac insisten en rebatir estas afirmaciones, ¿por qué?
Estos datos son los de un estudio encargado por la Comisión Europea que
suscita muchas dudas sobre su metodología, y sobre el modelo
econométrico utilizado por introducir hipótesis poco realistas y no
ajustarse a la realidad global económica. Además el trasvase de las
ganancias empresariales a las ganancias familiares no se sigue de manera
lógica. En España las grandes empresas aumentan sus beneficios,
mientras que las rentas familiares menguan. La propia CEE concluye que
el crecimiento esperado sería del 0,1% y el ritmo de crecimiento del
0,01%, que realmente es trivial si lo comparamos con los riesgos
socioeconómicos y medioambientales que supone. De todas formas sería muy
conveniente un debate abierto sobre la fiabilidad de las predicciones,
sobre si los supuestos beneficios recaerán sobre la población, sobre los
impactos territoriales y familiares de la implantación del TTIP.
Entre las consecuencias que pronostican señalan que las grandes
empresas se van a situar por encima de los estados. Eso, a ciertos
niveles, ya sucede ¿Se podría agudizar de entrar en vigor el tratado?
Efectivamente las grandes empresas tienen una gran capacidad de lobby y
su influencia es evidente. Pero lo que el tratado plantea es una
verdadera amenaza a la democracia, pues establece la posibilidad de que
las corporaciones transnacionales demanden directamente a los países por
pérdidas en sus áreas de competencia, derivadas de decisiones de
política pública, es decir se otorga a las corporaciones el poder de
cuestionar las decisiones democráticas tomadas por los estados soberanos
y de pedir indemnizaciones cuando estas decisiones afecten a sus
beneficios. Y esta disposición para la resolución de disputas entre
inversores y estados (ISDS) se articula a través de tribunales de
arbitraje que no dejan de ser tribunales irregulares, pues no son jueces
con autoridad pública. Como si no hubiese confianza en los sistemas de
justicia nacionales.
"La capacidad de acción ciudadana existe. Y quizás sea una ilusión, pero sentimos que el éxito cada vez mayor de los movimientos de oposición al TTIP está surtiendo efectos"
El ciudadano que
vive ajeno a estas negociaciones. ¿Por qué un asunto de esta índole no
trasciende cuando, según apuntan, afectará en la vida cotidiana de
todos?
Todo el proceso está siendo opaco,
por voluntad de los negociadores. Las negociaciones se están haciendo a
puerta cerrada, sin una consulta pública efectiva. Los parlamentarios
nacionales no son informados sobre los detalles de los textos de
negociación de la comisión. Y los pocos fragmentos que han sido
publicados o filtrados han generado considerable inquietud. Se está
tratando con mucho celo el acceso a la información, hasta el punto de
que hace unos meses se citó a los representantes de los estados miembros
para enseñarles cómo controlar y coordinar la comunicación referente al
TTIP. Una reciente sentencia del tribunal de justicia de la Unión
Europea del 3 de Julio sobre la obligación de permitir el acceso a la
documentación de una negociación internacional es un atisbo de esperanza
respecto a que podamos conocer todo lo que se negocia. Veremos.
Entonces, a parte del derecho a la protesta, ¿qué alternativa le queda
al ciudadano para frenar las negociaciones que se llevan al margen
incluso de las cámaras parlamentarias?
Bueno, el esfuerzo que hacemos de información, difusión, etc desde algunos movimientos como ATACC Bizkaia
pretende el conocimiento de la ciudadanía y que esta invite a los
políticos, diputados europeos y gobiernos a manifestar su voluntad al
respecto y se opongan al proyecto. En principio el Tratado debe
validarse por los estados miembros, luego por el Parlamento europeo y
posteriormente por los parlamentos nacionales. Y en todas esas
instancias la capacidad de acción ciudadana existe. Y quizás sea una
ilusión, pero sentimos que el éxito cada vez mayor de los movimientos de
oposición al TTIP está surtiendo efectos.
Las plataformas contrarias a la alianza preparan mociones en
Ayuntamientos pero estas desaprobaciones no harán temblar a los
poderosos EEUU. ¿Qué esperan conseguir?
Efectivamente tenemos en marcha iniciativas de carácter municipal y la
constitución de una plataforma de Noalttip que presentaremos en
septiembre, y también está en marcha una Iniciativa Ciudadana Europea
que apoyamos. Nuestra pretensión en simple, y es la de trasladar al
conjunto de la ciudadanía los peligros de este tratado, con todo lo que
conlleva. Y a través de la información, difusión y la movilización
influir en los decisores de los Estados de la Unión Europea y paralizar
este proceso de negociación.
¿Cuál es el posicionamiento del actual Gobierno de España?
El Gobierno de España está totalmente a favor del tratado, como no
podía ser de otra forma conociendo su programa económico, social y
medioambiental, que representa claramente los intereses de la economía
capitalista neoliberal.
¿Y el resto de la UE?
En general parecen bastante favorables al acuerdo, con muchos matices y
dudas concretas según de que país se trate, con contestación social
creciente y conocimiento ciudadano cada vez mayor. Iremos viendo a
futuro si hay o no cambios de criterio.
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