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CONTRA LA ESTRATEGIA DEL SECTOR PRIVADO
Razones para frenar al voraz lobby sociosanitario
Audita Sanidad propone, entre otras reformas legales,
la derogación de la Ley 15/1997,
aprobada bajo el Gobierno del PSOE.
Desde mediados de 2016, diferentes organizaciones, asociaciones y lobbies del sector sanitario privado vienen desarrollando, diferentes propuestas, que inciden en una mayor privatización de la sanidad pública a gran escala aprovechando la crisis y el elevado nivel de deuda como justificación de los recortes.
El Libro Blanco de la Sanidad (LB) publicado por la CEOE (Confederación Estatal de Organizaciones Empresariales), las propuestas de la Fundación IDIS (Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad) y ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española) se enmarcan en una estrategia encaminada a incrementar el papel del sector sanitario privado en el Sistema Nacional de Salud e intentar marcar la hoja de ruta del Gobierno del PP en materia de sanidad.
En este sentido, hemos pretendido sintetizar las propuestas más relevantes planteadas por la CEOE y dar nuestras alternativas.
1.- Defienden y apoyan el Sistema Nacional de Salud, de financiación pública, universal y de calidad, control y planificación pública, pero de gestión mixta con amplia colaboración público- privada que aborde los retos que definen como prioritarios como la cartera de servicios y el papel del Ministerio de Sanidad con un retorno a un proceso de centralización de las competencias en materia de gestión de la asistencia sanitaria, quitándoselas progresivamente a las CC.AA.
Remarcan la situación generada por el Estado de la Autonomías que producen la ruptura del mercado y la inseguridad jurídica por la vulneración regional del marco normativo lo que señala su malestar y oposición al Estado de la Autonomías.
Desde Audita Sanidad, defendemos la descentralización en la gestión y organización del Sistema Sanitario Público en el ámbito del Estado español, pero dándole una función más resolutiva e integradora al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Proponemos una financiación pública finalista basada en un sistema impositivo progresivo donde pague más el que más tiene y sin repagos. Universal, sin exclusiones ni desigualdades. Para ello, solicitamos la derogación del Real Decreto 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
2.- La composición del Sistema Nacional de Salud (SNS) y el papel que se le asignó al sector privado según la Ley 14/1986 General de Sanidad es un punto clave de controversia. En dicha ley las estructuras y servicios públicos son los que constituyen el SNS y establece que puede haber complementariamente vinculación regulada y autorizada con el sector privado (art 66 y 67), pero no hace mención a que sea estratégico ni clave.
Para los autores del LB, sin embargo, el sector sanitario privado es parte estructural, clave y estratégica del SNS que está formado por el conjunto de las estructuras y servicios públicos y privados al servicio de la protección de la salud.
Dan un valor exagerado del sector sanitario y socio sanitario privado en el conjunto de la sociedad por su contribución a la mejora de salud de la población, al desarrollo económico y la innovación tecnológicas, y la mejora de la calidad de las prestaciones, por su capacidad y amplitud de recursos.
Dan por hecho que gracias a la sanidad privada el sistema sanitario se ha salvado. Gran parte del Libro Blanco rezuma la importancia de sus intereses económicos y empresariales por encima de otras variables.
Para la plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad el sector público ha de ser hegemónico. Por ello, proponemos una sanidad realmente pública en su propiedad, en su provisión y gestión de servicios.
Solicitamos la derogación de la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.
3.- La CEOE “apoya” un sistema sanitario público donde el gasto sanitario público ha disminuido en casi 20.000 millones en el período 2009-2015 mientras que el gasto sanitario privado se ha incrementado de forma considerable.
En esta afirmación resaltamos varias contradicciones como la de apoyar un sistema sanitario público en el que una parte importante de las prestaciones sanitarias están gestionadas por empresas privadas o, en su caso, derivadas a clínicas privadas. Y, por otro lado, no es equitativo debido a que el deterioro del sistema sanitario público ha generado un incremento en la contratación de seguros sanitarios privados a los que sólo pueden acceder las clases sociales con un medio o elevado poder adquisitivo.
Pedimos la supresión de las derivaciones a clínicas privadas mientras que los recursos públicos están infrautilizados y se cierran camas.
Solicitamos la derogación de la normativa que establece beneficios fiscales en la contratación de pólizas de seguros sanitarios privados por parte de las empresas.
4.- Recalcan continuamente su contribución como sector privado para paliar las políticas económicas de ajuste y austeridad, pero con una visión parcial y sesgada de los recursos financieros que aportan.
No señalan que lo que se promueve, por un lado, es una mayor contribución del bolsillo de las personas y, por otro, la transferencia de recursos del sector sanitario público al sector sanitario privado generando en algunos casos mayores costes sanitarios (Hospitales modelo PFI, modelo PPP, determinadas patologías, etc.) que es una causa de la deuda sanitaria creciente en las CCAA en donde existe esa modalidad.
Además, las compañías de seguros sanitarios aplican la selección de riesgos pudiendo excluir a sectores de población con determinadas patologías. ¿De verdad están por un sistema sanitario público y universal?
Podemos apreciar cómo las políticas de austeridad del gobierno, en la última década, han propiciado el crecimiento del sector privado tanto en la inversión, en el aseguramiento, en el desarrollo de recursos, en el negocio y beneficios como en la formación de lobbies sanitarios que influyen en las políticas públicas.
5.- Ligan en exceso la salud al desarrollo científico, técnico, crecimiento económico, a la utilización de los servicios sanitarios y a la aportación del complejo industrial sanitario. Optan por un modelo hospitalocéntrico basado en la curación de la enfermedad con grandes inversiones en tecnología sanitaria que disparan el gasto sanitario y que no mejora la salud de la población en su conjunto. No cabe duda que miran desde la perspectiva de sus intereses económicos.
No hacen referencia ni caracterizan el nivel de salud de la población, ni señalan los factores determinantes de los problemas de salud, ni de las desigualdades sociales, ni del modelo de atención sanitaria de carácter asistencialista, tecnológico y fragmentado de la enfermedad con escaso enfoque promotor de la salud, excesiva medicalización de la vida cotidiana y la mercantilización de la salud.
Obviamente, este modelo no les es rentable desde un punto de vista económico.
Desde la plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad proponemos un modelo donde la promoción y prevención de la salud juegan un papel relevante junto con los determinantes sociales de la salud.
6.- Consideran que la colaboración público-privada aporta importantes beneficios a nuestro sistema sanitario, ya que contribuye a descongestionar el sistema público y supone un importante ahorro para las arcas del Estado. Es una afirmación empírica que tendría que demostrarse. Habría que hacer un balance de los beneficios que aporta y del gasto que generan las políticas de privatización y analizar si, a pesar de las derivaciones de pacientes a clínicas y hospitales privados, las listas de espera siguen creciendo. Exigen de forma reiterada que las administraciones públicas se comprometan activamente en potenciar la colaboración pública y privada.
Señalamos que es cierto que, en el marco del afianzamiento de las políticas neoliberales, el desmantelamiento del Estado Social y de los derechos de los ciudadanos, la progresiva privatización y desmantelamiento de los servicios, la aprobación de legislación como la Ley 15/97 ha promovido esta visión y posicionamiento del sector privado en el SNS.
7.- La CEOE ve que la atención socio sanitaria es una gran oportunidad de negocio y busca estrategias para monopolizar las ganancias de la misma forma que hacen las eléctricas, las empresas de telecomunicación o las financieras. Por ello defienden un “mercado único y centralizado a nivel estatal” en el que se puedan hacer con el “monopolio” en detrimento de empresas más pequeñas y locales.
Proponemos una gestión socio sanitaria pública a la que se le dote de suficientes recursos a través de una imposición progresiva y finalista.
Por otro lado, se tendría que incidir en la diferencia de necesidades en distintas poblaciones (no es lo mismo el área rural que la urbana, o un barrio muy envejecido frente a un barrio de nueva creación con numerosas parejas jóvenes y numerosos niños o áreas con bolsas de pobreza o marginación frente a barrios de clase alta o media alta), lo que supone que ante una excesiva centralización de las decisiones se tiende a fomentar aún más la ley de cuidados inversos (reciben más cuidados las personas que menos los necesitan) al ser estos grupos con mayor capacidad de crear opinión.
La plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad se posiciona en un modelo más descentralizado, con profesionales interesados en alcanzar unos objetivos en su población de referencia.
Al mismo tiempo, señalar que la plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad no está a favor de un mercado único y centralizado, pero sí a la contratación descentralizada en el sector público con total transparencia y normativas claras.
Para ello, proponemos la modificación radical de la vigente Ley de Contratos del Sector Público procediendo:
- En primer lugar, a aplicar la directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública que debería haberse implantado.
- En segundo lugar, establecer las normas necesarias que eviten las llamadas “adjudicaciones a dedo” y se establezca una total transparencia en los concursos de licitación que se lleven a cabo.
- 8.- En ese marco plantean el tema de las incompatibilidades y pretenden reforzar el “parasitar” al sector público, facilitando que se pueda contratar a sus profesionales para que trabajen en la privada con horarios “solapados con la pública” como se hacía hace tiempo.
Desde esta perspectiva, proponemos una Ley de Incompatibilidades que evite la permanente transferencia de recursos, humanos y económicos, desde el sector público al sector privado.
9.- Exigen al Gobierno mayor financiación e inversión pública, por el aumento de las necesidades debido al envejecimiento y cronicidad de las enfermedades, pero fundamentalmente para resolver el estrangulamiento de proveedores, la morosidad que sufren, para potenciar la innovación tecnológica y farmacéutica, y la colaboración público-privada.
Esta idea incurre en una contradicción. Por una parte, justifica la entrada del sector privado para “complementar” al público en la medida en que este último tiene que hacer recortes, pero luego critica los recortes (aunque solo en la medida en que pudiera hacer disminuir los conciertos o crear morosidad en los pagos).
10.- No muestran el modelo que proponen para conseguir incrementar la financiación e inversión en el sistema sanitario público.
Desde Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad defendemos una política fiscal progresiva que incida en la subida de los impuestos directos y disminuya los indirectos, y en la lucha contra el fraude fiscal y la corrupción en el sistema sanitario.
Proponemos la elaboración y aprobación de una Ley Anticorrupción que impida procesos de corrupción como los detectados hasta ahora, y la modificación del Código Penal para que tipifique de forma clara los delitos financieros aumentando las penas derivadas de este tipo.
11.- Por otro lado, desde nuestra perspectiva, subrayamos el papel de la deuda como herramienta para justificar las políticas de recortes que debido a la modificación del artículo 135 de la Constitución prioriza el pago de la deuda y sus intereses, por encima de cualquier gasto incluido el gasto social. Señalamos el enorme esfuerzo realizado por el Estado en el rescate bancario a costa de los recortes en Sanidad, Educación, Servicios Sociales, etc. Recomendamos no olvidar el papel de la banca privada en el Plan de Pago a Proveedores (PPP) incrementando la deuda tanto de las Corporaciones Locales como de las CC.AA.
Por ello, solicitamos la derogación del Artículo 135 de la Constitución. La derogación de la llamada “Ley Montoro” (Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera) que ahoga la posibilidad de llevar a cabo políticas sociales a las CC.AA. y a los Ayuntamientos cuya beneficiaria es la ciudadanía.
Todas estas limitaciones exigidas por la Troika están claramente inspiradas por la ideología neoliberal, enemiga jurada del “estado social y democrático de derecho” enunciado en la Constitución de 1978.
Así mismo, pretendemos, a través de un proceso de empoderamiento de la ciudadanía, identificar la “Deuda Ilegítima”, pedir el no pago de la misma y, en su caso, exigir las responsabilidades jurídicas que pudieran derivarse y la devolución del dinero robado.
12.- Documenta de forma amplia la problemática de la cronicidad, de las pluripatologías, la polimedicación, del envejecimiento progresivo de la población, y de la dependencia progresiva según edad y género con una discapacidad de hasta 3,7 millones de personas. Hacen una apuesta fuerte, un reto para el sector y campo de interés económico y empresarial todo lo relacionado con atención sociosanitaria y de la dependencia que necesita un impulso por las características demográficas y epidemiológicas.
Reclamamos que el sistema sanitario y social debe reorganizarse con el fin de aumentar la capacidad de resolver problemas y satisfacer las principales necesidades de salud, con una atención más accesible, integral y continuada, lo cual exige promover la multidisciplinariedad y complementariedad profesional, mejorar la difusión del conocimiento científico-profesional orientado a la mejora de la calidad asistencial, propiciar la utilización adecuada de los recursos y reforzar los lazos entre los servicios sociales y los sanitarios públicos.
13.- Ven que el envejecimiento de la población va a dar lugar a cambios cada vez más acelerados que conviene planificar. El sector empresarial se adelanta para plantearlo desde el principio como “negocio” con un planteamiento que podríamos tachar de “esquizofrénico”.
Por un lado, se justifica la entrada del sector privado por la necesidad que tiene el público de “controlar el gasto” pero, a continuación, una vez que se adquiere poder se exige al sector público que “gaste más” para no estrangular al sector privado.
14.- Defienden la promoción del sector privado y de los procesos de privatización en la prestación de servicios en ambos sectores, pero muy en especial en la Red
Socio sanitaria necesaria para atender las necesidades de la Ley de Dependencia.
Exigimos una modificación de la Ley de Dependencia en la que se especifique, de manera clara y concisa, que la prestación y gestión de la Red Socio sanitaria para atender las necesidades de la población sea pública.
En contra de lo planteado por el Libro Blanco de la Sanidad y los lobbies del sector socio sanitario proponemos una imposición progresiva que dote de los recursos económicos necesarios a la Ley de Dependencia.
15.- Plantean la necesidad de potenciar y promover los aseguramientos privados tanto para la atención sanitaria como para la sociosanitaria y de la dependencia a la vez que plantean la ruptura del aseguramiento universal público obligatorio.
Solicitamos la derogación de la normativa que establece beneficios fiscales en la contratación de pólizas de seguros sanitarios privados en las empresas.
Tal y como hemos planteado en un punto anterior, exigimos la derogación del Real Decreto 16/2012.
16.- Reclaman insistentemente un amplio Pacto social y político por la Sanidad y Sector Socio Sanitario que contemple sus peticiones y que, alejado de planteamientos partidistas y electorales, contribuya de forma eficaz y duradera a la sostenibilidad y eficiencia del Sistema Nacional de Salud. Es necesaria la adopción de medidas estructurales en los terrenos político (prioridades), financiero (en sintonía con Europa), organizativo y normativo.
Efectivamente es necesario, más que nunca, la adopción de medidas estructurales en el terreno político, financiero, organizativo y normativo en el ámbito de la Unión Europea y en el Estado español que rompan con las políticas neoliberales llevadas a cabo desde finales de los años 80 del siglo pasado.
17.- No se entiende bien lo que buscan con “despolitizar” las políticas sanitarias.
Las estrategias desarrolladas desde finales de los años 80 en el sector sanitario demuestran el alto grado de politización que los diferentes gobiernos europeos y, en nuestro caso, los gobiernos del Estado español han dado a las políticas sanitarias beneficiando claramente al sector privado.
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