El sistema de salud mental de Andalucía presenta señales evidentes de“insuficiencia” y “descoordinación”, según un informe especial titulado La situación de los Enfermos mentales en Andalucía, presentado por el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo.
El documento, que fue entregado el pasado lunes 8 de abril al presidente del Parlamento Andaluz, “representa un compromiso y una exigencia ética” con las personas con trastorno mental y pretende sacar a la luz las principales deficiencias observadas en la atención a este colectivo en la comunidad andaluza, tal y como ha informado Chamizo en la rueda de prensa posterior.
El informe (de 266 páginas) realiza una revisión exhaustiva de la situación en la que se encuentra la reforma psiquiátrica en Andalucía y la implantación del modelo comunitario de atención en salud mental, analizando la cartera de servicios y recursos, las diferentes modalidades de tratamiento, los problemas de estigmatización o la atención a la salud mental en la población general y en determinados grupos vulnerables, entre otros aspectos”.
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El análisis de la situación revela que la atención que se presta a las personas con trastorno mental en Andalucía dista mucho de alcanzar los principios que basan el modelo de atención comunitaria. En palabras del Defensor del Pueblo Andaluz, estas carencias “están situando al modelo en los límites del reconocimiento como tal, en detrimento de la calidad de las prestaciones y servicios”.
Según los datos aportados, alrededor de 85.000 residentes en Andalucía presentan un trastorno mental de carácter“crónico” y un 25% de la población de esta comunidad ha acudido alguna vez a los servicios especializados de salud mental. A pesar de la elevada incidencia de estos problemas, el informe pone en evidencia la escasez de dispositivos y el descontento de los pacientes con la asistencia recibida.
Algunas de las graves carencias denunciadas en el informe y elaboradas “tras el análisis recopilatorio de la multitud de quejas recibidas”, hacen referencia a:
Las serias limitaciones en el acceso, nivel y calidad de las prestaciones sanitarias y sociales dirigidas a las personas con trastorno mental en Andalucía. Según el Defensor del Pueblo Andaluz, son notables las quejas sobre lasobresaturación de las unidades de salud mental comunitaria, el limitado desarrollo de los dispositivos de media y larga estancia de asistencia, rehabilitación y atención psicosocial, así como la demora en proporcionar plazas en los mismos, “que lleva a los afectados a buscar costosos recursos privados”. La ausencia de tratamiento domiciliario y la reticencia de los centros para llevar a cabo visitas domiciliarias en estos casos, se perfila como uno de los aspectos más deficitarios del sistema.
El alto nivel de estigmatización y vulneración de derechos fundamentales en los distintos aspectos de la atención (o desatención) que sigue sufriendo este colectivo. El informe cita numerosas carencias, como la falta de información a los pacientes sobre el uso y el riesgo de la medicación, la ausencia de consentimiento informado al establecer el tratamiento, la falta de supervisión y vigilancia de algunos centros residenciales, los métodos agresivos “extremos” utilizados para obligar al internamiento de los pacientes en los dispositivos de atención en crisis, el “maltrato verbal” recibido por parte de determinados facultativos, etc. El descontento y disconformidad con la asistencia recibida es tal, en algunos casos, que pacientes y familiares aseguran que el trato recibido ha llegado a empeorar la sintomatología del paciente.
La falta de seguimiento, por parte de los Equipos de Salud Mental, de los casos más graves, lo que da lugar al abandono del tratamiento, que “inevitablemente culmina con el padecimiento de nuevos brotes que requieren ingreso en la unidad de hospitalización”.
En relación con los tratamientos en salud mental que se prestan desde el sistema sanitario público, el informe critica:
La carencia de programas de atención que contemplen una visión integral y multidisciplinar de la persona. A este respecto, el informe defiende que "es crucial la implantación total de los tratamientos asertivos comunitarios; el incremento del número de Comunidades Terapéuticas -elemento fundamental para garantizar la continuidad de los cuidados- y la mejora del ambiente terapéutico en las unidades de hospitalización".
El alto nivel de estigmatización y vulneración de derechos fundamentales en los distintos aspectos de la atención (o desatención) que sigue sufriendo este colectivo. El informe cita numerosas carencias, como la falta de información a los pacientes sobre el uso y el riesgo de la medicación, la ausencia de consentimiento informado al establecer el tratamiento, la falta de supervisión y vigilancia de algunos centros residenciales, los métodos agresivos “extremos” utilizados para obligar al internamiento de los pacientes en los dispositivos de atención en crisis, el “maltrato verbal” recibido por parte de determinados facultativos, etc. El descontento y disconformidad con la asistencia recibida es tal, en algunos casos, que pacientes y familiares aseguran que el trato recibido ha llegado a empeorar la sintomatología del paciente.
La tendencia excesiva hacia la medicalización: “Hay que señalar que son precisamente los movimientos asociativos de familiares de enfermos mentales los que nos plantean denuncias, de manera genérica, sobre la elevada presencia del tratamiento farmacológico en detrimento de otras terapias alternativas no medicamentosas para estas enfermedades, tesis que apoyan con estudios de variada procedencia” (pág. 86).
La escasez con la que se prescribe el tratamiento psicológico y, sobre todo, la parquedad con la que se dispensa, que según especifica el Defensor del Pueblo Andaluz “ha sido calificada en muchas ocasiones como uno de los males del sistema”. En esta línea, el informe critica el hecho de que la terapia psicológica aparece en muchos casos enfrentada a la farmacológica (que se establece en el sistema como la principal), a pesar de las solicitudes de los pacientes y de la evidencia científica (pág. 222).
La carencia de disponibilidad de tratamiento psicológico en el ámbito del sistema sanitario público, dan lugar a otro motivo de queja de los usuarios, relativo a la elevada demora para las citas y la subsiguiente amplitud del período interconsultas, con los riesgos que suponen para su salud y su integridad física.
En el ámbito de la población infanto-juvenil, el informe se muestra aún más crítico hacia la excesiva medicalización de ciertos trastornos conductuales, dados los riesgos para la salud que suponen en este rango de edad. El texto subraya con especial preocupación el tratamiento de “los casos de trastorno por déficit de atención con hiperactividad a través de psicofármacos ansiolíticos, destacando lo indiscriminado de su prescripción y de los efectos secundarios que produce en tan iniciáticas edades” (pág. 98).
El documento dedica un apartado especial a determinados grupos especialmente vulnerables, donde la atención en salud mental es aún más precaria, si cabe. Tal es el caso de la población infantil, los menores con problemas de salud mental institucionalizados o la población reclusa.
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En el ámbito de la población infanto-juvenil, el informe cita, entre otros problemas, la falta de especialización de la asistencia sanitaria que se oferta a los menores (que se traduce en una carencia de dispositivos específicos para ellos), la formación inadecuada de los profesionales que les atienden, la escasa o nula coordinación entre los distintos niveles asistenciales y entre éstos y los dispositivos educativos y sociales, la insuficiencia de recursos humanos (lo que conduce que determinados casos sean derivados a centros de protección, “a pesar de parecer más adecuado que el abordaje se realice desde la sanidad pública y no desde el sistema de protección social”), la falta de personal especializado en el ámbito educativo que permita realizar el diagnóstico de los menores con necesidades educativas especiales, la interferencia de determinados tratamientos farmacológicos con el desarrollo madurativo del menor, las dificultades para el ingreso hospitalario de los menores con trastornos mentales, existiendo un largo peregrinaje de búsqueda de servicios por parte de los progenitores, y un largo etcétera.
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En el caso de los menores institucionalizados, el informe denuncia la inexistencia de un sistema estructurado de diagnóstico de los problemas que pueden presentar o la falta de coherencia en los criterios de ingreso de los menores (lo que implica que un alto porcentaje de los casos son derivados a estos centros sin un diagnóstico claro de su problema o, incluso, son ingresados injustificadamente con la posterior rectificación), la indefinición de los programas y de la atención en salud mental que se ofrece en los centros, la ausencia de decisiones diagnósticas y de derivación basadas en instrumentos estructurados o estandarizados, etc.
La situación de los reclusos con problemas de salud mental también es grave, según el citado informe, debido a la ausencia de servicios especializados en salud mental en los Centros Penitenciarios, lo que les conduce a un “progresivo abandono y a un proceso de agravamiento de su enfermedad, acercándoles a la marginalidad”.
Durante la rueda de prensa, el Defensor del Pueblo Andaluz ha remarcado, además, que esta situación se ha agravado notablemente debido a los recortes sanitarios derivados de la crisis económica y a la regresión a la que se está sometiendo a la denominada Ley de Dependencia,así como a las medidas legislativas adoptadas que afectan al Estado de Bienestar en materia de pensiones, educación o desempleo. Según Chamizo, se trata de una situación “inadmisible” si tenemos en cuenta que la atención y la protección de las personas con trastorno mental “constituyen una prioridad en las políticas de los países avanzados"."La pandemia de siglo XXI, como definió la OMS a la enfermedad mental ya está aquí, y no nos ha pillado preparados, ni tan siquiera capaces de atender problemas que vienen de antiguo", ha añadido.
En lo que respecta a las deficiencias observadas por pacientes y familiares en la atención a la salud mental en Andalucía, el informe del Defensor del Pueblo Andaluz muestra numerosas similitudes con las conclusiones realizadas por La Comisión sobre Esquizofrenia (The Schizophrenia Comission) del Reino Unido, que calificaba este tipo de fallos en el sistema sanitario como “bochornosos” e inaceptables en una sociedad del siglo XXI (Prácticas vergonzosas en la atención a la esquizofrenia, según un informe del Reino Unido).
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