EL PAÍS
Cómo cerrar la brecha
La emergencia social por paro, pobreza y exclusión obliga a los partidos a asumir como prioridad la lucha contra la desigualdad
Centro de asistencia Pinar de San José, en Madrid, en febrero. / B. Pérez
Esta es una historia triste, de exclusión, pobreza, paro, precariedad laboral…, de desigualdad, en definitiva. La historia empezó a agravarse en 2008 y se disparó entre 2010 y 2014, por la crisis económica y los recortes sociales, pero llevaba muchos años instalada en la sociedad española, escondida tras la borrachera provocada por la bonanza económica, la burbuja inmobiliaria y el consumo disparado a golpe de crédito. La pobreza existía en España en las ciudades, en los pueblos y en las aldeas, pero no nos dábamos cuenta a pesar de los avisos de organizaciones humanitarias como Cáritas, Intermón-Oxfam o Cruz Roja. Los pobres eran invisibles. Además, pensábamos que era solo cosa de inmigrantes. Estábamos muy ocupados disfrutando de unos años boyantes y los políticos habían dejado de pisar la calle, para gobernar desde la moqueta y el coche oficial.
Mientras tanto, las calles se llenaban de personas sin techo que dormían en soportales o túneles, los comedores sociales no daban abasto y las familias iban acabando con su hucha y no podían ya ser la red de apoyo de sus hijos, hermanos o nietos que dejaron de cobrar las prestaciones sociales.
Pero en el año con más citas electorales desde que estrenamos democracia (andaluzas, autonómicas, locales, catalanas y generales), los partidos políticos parece que se han dado cuenta de la gravedad de la situación y empiezan a incluir en sus programas preelectorales diversas medidas para atajar la situación. Son conscientes de que, ante este panorama de auténtica emergencia nacional, o proponen cambios de peso en la política económica y social o se exponen a una revolución. Incluso en el debate sobre el estado de la nación de esta semana la desigualdad ha sido uno de los asuntos más citados.
No es para menos. Ahí van algunos datos que pueden definir la situación de auténtica emergencia social que vive España:
» Una de cada cuatro personas que quieren trabajar está en paro.
» Uno de cada tres parados no cobra prestación alguna.
» Uno de cada dos jóvenes no tiene trabajo.
» 526 personas perdieron su vivienda cada día en 2012, año récord de los desahucios. Ahora son unos 120 diarios.
» 2,3 millones de niños viven por debajo del umbral de pobreza.
» 13 millones de personas están en riesgo de pobreza o exclusión social y cinco millones se encuentran en situación de exclusión severa.
» 1,3 millones de personas recibieron en 2014 la ayuda básica de emergencia de Cáritas, tres veces más que en 2007. Y 2,5 millones de personas fueron atendidas por esta organización por distintos motivos.
» España suspende, con un 4,85 sobre 10, en el índice de justicia social de la Unión Europea.
» El 1% de la población española tiene el 27% de la riqueza y el 10% acapara más del 55%.
» Tres comunidades autónomas tienen un 30% de su población en riesgo de pobreza, y otras dos, el 25%.
Con esos titulares, no es de extrañar que los políticos se hayan dado cuenta de que no pueden ni plantearse una campaña electoral sin ofrecer por lo menos un poco de esperanza a los ciudadanos más golpeados por la crisis. Otra cosa es que esa famélica legión les crea, porque buena parte de la desafección de los españoles hacia los políticos y las instituciones viene del empobrecimiento que ha causado la crisis económica y los recortes sociales llevados a cabo en los últimos cinco años.
Los primeros en recordar la desigualdad social, económica y territorial que existe en España fueron los representantes de Izquierda Unida (IU). La verdad es que nunca han dejado de ondear esa bandera, sobre todo desde el famoso 10 de mayo de 2010 en que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dio un volantazo a su política económica, forzado por la Unión Europea, iniciando una política de recortes sociales que luego fue multiplicada por el Gobierno de Mariano Rajoy. IU ha sido la fuerza política que más se ha enfrentado a la política de austeridad promovida por el eje Bruselas-Fráncfort.
Luego apareció en el escenario político Podemos, formado por militantes de la izquierda anticapitalista que se hicieron mayores con el chavismo; un partido que formuló grandes promesas de política social en los pasados comicios al Parlamento Europeo, consiguiendo enormes réditos electorales. Al poco tiempo se dieron cuenta de que sus recetas para luchar contra la desigualdad eran imposibles de cumplir (sobre todo la llamada renta básica universal) y las devaluaron notablemente, pero no cabe duda de que su irrupción en la política (y sobre todo las previsiones de las encuestas) ha agitado las conciencias de los partidos de izquierda y de centro izquierda.
El PSOE de Pedro Sánchez ha sido uno de los partidos que más ha pisado el acelerador en los últimos meses en busca de propuestas que corrijan la brecha creciente de desigualdad en España. Tal vez por la presión de IU y de Podemos, por los resultados de las encuestas o sencillamente porque han considerado que sus siglas exigen una apuesta seria por una de las señas de identidad de la socialdemocracia: la igualdad de oportunidades. En esa línea, Sánchez ha llegado a proponer hasta la modificación del artículo 135 de la Constitución, relativo al equilibrio presupuestario, que se aprobó en la anterior legislatura por consenso entre su partido, que entonces gobernaba, y el PP. Además, desde hace meses el aparato del PSOE no para de producir papeles sobre desigualdad, y el propio Sánchez ha viajado este fin de semana a Brasil a preguntarle al expresidente Lula da Silva cómo consiguió cambiar la tendencia de desigualdad en su país, uno de los más pobres del mundo.
Ciudadanos ha irrumpido también con fuerza en el panorama de la lucha contra la desigualdad, la pobreza y la precariedad laboral. Lo quisieron dejar muy claro en la presentación, hace dos semanas, de su programa económico. Su competencia con UPyD (partido que desde su nacimiento ha defendido las tesis socialdemócratas y ha hecho innumerables propuestas contra la desigualdad en el Parlamento) les exige un movimiento hacia el centro y no han querido quedarse cortos. Hasta los partidos soberanistas catalanes han hecho un alto en el camino hacia la independencia para centrar sus acciones en la política social.
¿Y el PP? El partido del Gobierno mantiene la teoría de que la mejor forma de luchar contra el paro, la pobreza y la desigualdad es recuperar la senda del crecimiento económico (parece que lo ha conseguido, ¡seamos justos!) y que cuando las cifras macroeconómicas empiecen a cuadrar y la creación de empleo alcance una buena velocidad de crucero, la brecha de la desigualdad empezará a cerrarse. Algo cierto solo a medias, porque Estados Unidos, que disfruta de una magnífica posición económica y ha llegado prácticamente al pleno empleo (5,6% de tasa de paro), es uno de los países con mayor desigualdad del mundo. Por si acaso, Mariano Rajoy anunció el martes pasado algunas medidas sociales que pondrá en marcha en los escasos nueves meses que restan para unas elecciones generales en las que tanto el PP como el PSOE se juegan su propia existencia como partidos hegemónicos.
Entre los detractores de esa filosofía de que para luchar contra la
desigualdad hay que fomentar el aumento de la riqueza desde arriba,
porque antes o después llegará a todas las capas de la sociedad, está el economista Thomas Piketty. Uno de los escritores más citados de los últimos años con la publicación de su libro El capital en el siglo XXI,
en el que desarrolla algunas de las teorías de Karl Marx dos siglos
antes. Para Piketty, la desigualdad es una tendencia estructural en la
sociedad capitalista, derivada de lo que denomina su fuerza fundamental
de divergencia. Lo que viene a decir el economista francés es que cuando
el rendimiento del capital es mayor que el propio crecimiento de la
economía, la riqueza heredada crece más rápidamente que la producción y
la renta y, por lo tanto, aumenta la desigualdad. Y para solucionarlo,
propone una drástica reforma fiscal con altos tipos marginales para los
ricos, tanto en el impuesto sobre la renta como en el de patrimonio.
Hace menos de un mes, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias compitieron por
hacerse la foto con el exitoso Piketty cuando vino a presentar su libro a
Madrid. Los dos consiguieron sentarse a su lado y abrazar su doctrina
con auténtica pasión. Una doctrina que tiene muchos adeptos, pero
también detractores. De hecho, los países de la Unión Europea llevan
meses debatiendo sobre si las políticas de austeridad llevadas a cabo
para estabilizar las cuentas públicas no han causado males mayores sobre
la población. Keynesianos y liberales mantienen la discusión en Europa,
con los ojos puestos en Estados Unidos, en donde hay toda una escuela
de pensamiento que defiende que para luchar contra la pobreza hay que
crear riqueza y que es mejor centrarse en el crecimiento económico que
en la redistribución y corrección de las desigualdades.
El director de BBVA Research para España, Rafael Doménech, ha estudiado en profundidad el problema de la desigualdad en España y próximamente publicará un libro sobre el tema con otros profesores de Economía. A su juicio, la desigualdad en España está absolutamente vinculada a dos factores: el desempleo y el capital humano. “Antes de la crisis de 2008”, explica Doménech, “ya había mucha desigualdad encubierta, aunque siempre ha evolucionado en paralelo a la tasa de paro. En estos momentos estamos en una situación muy alta comparada con los países a los que queremos parecernos, especialmente los nórdicos, y en un nivel similar al de Italia o Portugal. De todas formas, es mayor la desigualdad de riqueza que la de rentas”.
Doménech insiste en que el bajo nivel de capital humano (educación) hace que la desigualdad sea un problema crónico y que “cuando vienen mal dadas, como esta última crisis económica, hay una parte de la sociedad española que lo pasa muy mal. Se han creado dos tipos de colectivos: los insiders del sistema, que son los que tienen un trabajo indefinido, los funcionarios y los pensionistas, que afrontan las crisis con ciertas garantías, y los outsiders, un amplio grupo formado por los parados, los empleados temporales y los precarios”. Es ese segundo grupo el que ha crecido de forma espectacular en los últimos años, formando una masa de pobreza que tardará años en reducirse. Y hay un último grupo de pobres con trabajo. Antes, si se tenía trabajo se salía de la pobreza, pero ahora es posible tener un trabajo precario que no dé para salir de ese pozo oscuro de la desigualdad.
A su juicio, “recomponer la situación nos va a llevar mucho tiempo porque hay que tomar medidas que solo tienen efectos a medio y largo plazo, como la reforma de la educación, para conseguir unos ciudadanos con habilidades profesionales vinculadas a los nuevos tiempos”. Este economista de BBVA recuerda además el drama que sufren millones de jóvenes españoles que abandonaron sus estudios entre los noventa y los primeros años del nuevo siglo, incentivados por los sueldos que les ofrecían en la construcción en pleno boom inmobiliario (casi siempre en negro), y cuando llegó la crisis se encontraron en la calle, sin prestación por desempleo ni una formación que les permita conseguir un nuevo trabajo.
“Además de las medidas ex post como los subsidios o las ayudas”, añade Doménech, “hay que plantearse medidas ex ante que ayuden a afrontar el grave problema de la desigualdad desde su propia raíz”. Para lograr el objetivo de mayor equidad fiscal, el papel del Estado es crucial. Además de la mejora del capital humano y la calidad de las instituciones, Rafael Doménech se refiere a medidas fiscales (empezando por la lucha contra el fraude) y reformas estructurales.
En la misma línea, el economista de Cáritas Guillermo Fernández Maíllo se reafirma en que “la desigualdad no se va a reducir solamente con la recuperación del empleo en España. El problema es más grave y la fractura social viene aumentando desde hace años; antes de que llegara esta última crisis económica”.
Fernández Maíllo forma parte del equipo que elabora el Informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social, que lleva siete años llamando la atención sobre estos problemas. “Cuando lo presentamos por primera vez en 2007”, explica, “el Gobierno socialista ponía nuestros datos en tela de juicio porque decíamos que el 17% de la población española estaba en situación de exclusión social. Hoy, el dato llega hasta el 25%”. Para elaborar este índice, Cáritas trabaja con ocho dimensiones y más de 35 fenómenos sociales diferentes referidos al empleo, el consumo, la vivienda, la salud, el acceso a la política, las redes familiares y sociales, la conflictividad social y la salud. Y estos indicadores muestran que la desigualdad y la exclusión han estado presentes en la sociedad española durante toda la etapa democrática, aunque en los años ochenta se produjera un descenso notable por las políticas sociales desarrolladas por los sucesivos Gobiernos de Felipe González.
La última crisis económica que estalló en 2008 ha disparado todos los índices de desigualdad, pobreza y exclusión social en España, especialmente por el aumento del desempleo y por los recortes sociales en sanidad y educación. “Hay una generación transversal expulsada del mercado del trabajo y condenada a la exclusión”, dice Fernández Maíllo.
Según Cáritas, la crisis está causando un riesgo de falta de cohesión social en España, con consecuencias graves. Este riesgo se fundamenta en el incremento de la desigualdad y de la pobreza, el aumento del paro, el descenso de los sistemas de protección social, el desgaste de los mecanismos de protección familiar, las desigualdades territoriales y la crisis recaudatoria por la economía sumergida y el fraude fiscal. “Todos estos factores unidos”, explica el economista de Cáritas, “han llevado a que la pobreza sea más extensa, más intensa y se pueda llegar a cronificar. Es más extensa porque aumenta el número de personas que viven bajo el umbral de la pobreza, aumenta el número de hogares con todos sus miembros activos en el paro, aumenta la tasa de paro y se multiplica por tres en diez años el número de ejecuciones hipotecarias. Es más intensa porque cae la renta disponible por persona en valor real, cae el umbral de pobreza y aumenta el número de hogares con dificultades para llegar a fin de mes o sencillamente sin ingresos. Y, por último, la pobreza se cronifica, como lo prueba que casi el 50% de las personas que reciben ayudas de nuestra organización lo llevan haciendo tres o más años”.
En definitiva, el paro, el endeudamiento de los hogares y los
insuficientes sistemas de protección social han llevado a que la
fractura social se siga ampliando, creando importantes problemas para
las familias que repercuten especialmente en los niños. “Entrar en la
exclusión social es muy fácil y salir es muy difícil, casi imposible”,
dice Fernández Maíllo. “Los millones de personas que están en esa
situación en estos momentos lo tienen más difícil que en las anteriores
crisis”. En cuanto a los niños, el economista defiende que no se debe
hablar de pobreza infantil, sino de pobreza de las familias y que en
estos momentos “existe un riesgo claro de transmisión intergeneracional
de la pobreza, como ya ocurrió en las crisis de los ochenta y los
noventa, pero más grave porque este pico de pobreza es más intenso,
extenso y crónico”.
El Informe Foessa enuncia varias propuestas para luchar contra la pobreza y la exclusión: revisar el sistema de garantía de rentas, implementar políticas públicas de ayuda a las familias, lanzar nuevas políticas públicas de creación de empleo y reducción de la pobreza y recuperar los servicios sociales públicos que se han perdido por los recortes llevados a cabo desde 2010.
Otra organización no gubernamental, Intermón-Oxfam, coincide bastante con Cáritas tanto en el diagnóstico como en las recetas para solucionar el problema. La economista de Oxfam Teresa Cavero explica que “España llegó a esta última crisis con unos niveles de pobreza muy altos, por lo que las consecuencias han sido muy graves. La mezcla de desempleo más recortes sociales ha hecho un daño irreparable en la población, porque cada vez hay más gente con necesidades de ayuda y menos fondos para prestaciones y políticas sociales”.
Cavero enumera las propuestas para afrontar este problema: “En primer lugar, es imprescindible una nueva política fiscal sostenible, progresiva y equitativa, unida a la lucha contra el fraude y la implantación de la tasa Tobin [impuesto a las transacciones financieras]. En segundo lugar, hay que blindar las políticas sociales para que no puedan volver a reducirse como estos últimos años; hay que garantizar la educación y la sanidad universal y de calidad, recuperar la protección social, garantizar unos ingresos mínimos y lanzar políticas públicas de empleo. Y, por último, reclamamos un auténtico refuerzo democrático de las instituciones”.
Las propuestas de Cáritas, Intermón y otras ONG parece que han sido escuchadas por los distintos dirigentes políticos, según se desprende de las últimas declaraciones y documentos presentados por el PSOE, IU, Ciudadanos, UPyD y Podemos. Aunque todavía hay que concretar más las propuestas y cuantificarlas. Lo que ya nadie duda, a estas alturas, es que “hemos llegado a un nivel excesivo de desigualdad que no solo es injusto, sino que pone en peligro la democracia”, como decía hace pocas semanas la catedrática de Ética Adela Cortina en una entrevista a este periódico.
El director de BBVA Research para España, Rafael Doménech, ha estudiado en profundidad el problema de la desigualdad en España y próximamente publicará un libro sobre el tema con otros profesores de Economía. A su juicio, la desigualdad en España está absolutamente vinculada a dos factores: el desempleo y el capital humano. “Antes de la crisis de 2008”, explica Doménech, “ya había mucha desigualdad encubierta, aunque siempre ha evolucionado en paralelo a la tasa de paro. En estos momentos estamos en una situación muy alta comparada con los países a los que queremos parecernos, especialmente los nórdicos, y en un nivel similar al de Italia o Portugal. De todas formas, es mayor la desigualdad de riqueza que la de rentas”.
Doménech insiste en que el bajo nivel de capital humano (educación) hace que la desigualdad sea un problema crónico y que “cuando vienen mal dadas, como esta última crisis económica, hay una parte de la sociedad española que lo pasa muy mal. Se han creado dos tipos de colectivos: los insiders del sistema, que son los que tienen un trabajo indefinido, los funcionarios y los pensionistas, que afrontan las crisis con ciertas garantías, y los outsiders, un amplio grupo formado por los parados, los empleados temporales y los precarios”. Es ese segundo grupo el que ha crecido de forma espectacular en los últimos años, formando una masa de pobreza que tardará años en reducirse. Y hay un último grupo de pobres con trabajo. Antes, si se tenía trabajo se salía de la pobreza, pero ahora es posible tener un trabajo precario que no dé para salir de ese pozo oscuro de la desigualdad.
A su juicio, “recomponer la situación nos va a llevar mucho tiempo porque hay que tomar medidas que solo tienen efectos a medio y largo plazo, como la reforma de la educación, para conseguir unos ciudadanos con habilidades profesionales vinculadas a los nuevos tiempos”. Este economista de BBVA recuerda además el drama que sufren millones de jóvenes españoles que abandonaron sus estudios entre los noventa y los primeros años del nuevo siglo, incentivados por los sueldos que les ofrecían en la construcción en pleno boom inmobiliario (casi siempre en negro), y cuando llegó la crisis se encontraron en la calle, sin prestación por desempleo ni una formación que les permita conseguir un nuevo trabajo.
En el debate del estado de la nación de esta semana la desigualdad ha sido uno de los asuntos más citados
“Además de las medidas ex post como los subsidios o las ayudas”, añade Doménech, “hay que plantearse medidas ex ante que ayuden a afrontar el grave problema de la desigualdad desde su propia raíz”. Para lograr el objetivo de mayor equidad fiscal, el papel del Estado es crucial. Además de la mejora del capital humano y la calidad de las instituciones, Rafael Doménech se refiere a medidas fiscales (empezando por la lucha contra el fraude) y reformas estructurales.
En la misma línea, el economista de Cáritas Guillermo Fernández Maíllo se reafirma en que “la desigualdad no se va a reducir solamente con la recuperación del empleo en España. El problema es más grave y la fractura social viene aumentando desde hace años; antes de que llegara esta última crisis económica”.
Fernández Maíllo forma parte del equipo que elabora el Informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social, que lleva siete años llamando la atención sobre estos problemas. “Cuando lo presentamos por primera vez en 2007”, explica, “el Gobierno socialista ponía nuestros datos en tela de juicio porque decíamos que el 17% de la población española estaba en situación de exclusión social. Hoy, el dato llega hasta el 25%”. Para elaborar este índice, Cáritas trabaja con ocho dimensiones y más de 35 fenómenos sociales diferentes referidos al empleo, el consumo, la vivienda, la salud, el acceso a la política, las redes familiares y sociales, la conflictividad social y la salud. Y estos indicadores muestran que la desigualdad y la exclusión han estado presentes en la sociedad española durante toda la etapa democrática, aunque en los años ochenta se produjera un descenso notable por las políticas sociales desarrolladas por los sucesivos Gobiernos de Felipe González.
La última crisis económica que estalló en 2008 ha disparado todos los índices de desigualdad, pobreza y exclusión social en España, especialmente por el aumento del desempleo y por los recortes sociales en sanidad y educación. “Hay una generación transversal expulsada del mercado del trabajo y condenada a la exclusión”, dice Fernández Maíllo.
Inmigrantes encaramados en la valla de Melilla, junto al campo de golf situado al lado de la alambrada. / José Palazón (Prodein)
Según Cáritas, la crisis está causando un riesgo de falta de cohesión social en España, con consecuencias graves. Este riesgo se fundamenta en el incremento de la desigualdad y de la pobreza, el aumento del paro, el descenso de los sistemas de protección social, el desgaste de los mecanismos de protección familiar, las desigualdades territoriales y la crisis recaudatoria por la economía sumergida y el fraude fiscal. “Todos estos factores unidos”, explica el economista de Cáritas, “han llevado a que la pobreza sea más extensa, más intensa y se pueda llegar a cronificar. Es más extensa porque aumenta el número de personas que viven bajo el umbral de la pobreza, aumenta el número de hogares con todos sus miembros activos en el paro, aumenta la tasa de paro y se multiplica por tres en diez años el número de ejecuciones hipotecarias. Es más intensa porque cae la renta disponible por persona en valor real, cae el umbral de pobreza y aumenta el número de hogares con dificultades para llegar a fin de mes o sencillamente sin ingresos. Y, por último, la pobreza se cronifica, como lo prueba que casi el 50% de las personas que reciben ayudas de nuestra organización lo llevan haciendo tres o más años”.
Para el célebre autor Thomas Piketty, se trata de una tendencia estructural en la sociedad capitalista
El Informe Foessa enuncia varias propuestas para luchar contra la pobreza y la exclusión: revisar el sistema de garantía de rentas, implementar políticas públicas de ayuda a las familias, lanzar nuevas políticas públicas de creación de empleo y reducción de la pobreza y recuperar los servicios sociales públicos que se han perdido por los recortes llevados a cabo desde 2010.
Otra organización no gubernamental, Intermón-Oxfam, coincide bastante con Cáritas tanto en el diagnóstico como en las recetas para solucionar el problema. La economista de Oxfam Teresa Cavero explica que “España llegó a esta última crisis con unos niveles de pobreza muy altos, por lo que las consecuencias han sido muy graves. La mezcla de desempleo más recortes sociales ha hecho un daño irreparable en la población, porque cada vez hay más gente con necesidades de ayuda y menos fondos para prestaciones y políticas sociales”.
Cavero enumera las propuestas para afrontar este problema: “En primer lugar, es imprescindible una nueva política fiscal sostenible, progresiva y equitativa, unida a la lucha contra el fraude y la implantación de la tasa Tobin [impuesto a las transacciones financieras]. En segundo lugar, hay que blindar las políticas sociales para que no puedan volver a reducirse como estos últimos años; hay que garantizar la educación y la sanidad universal y de calidad, recuperar la protección social, garantizar unos ingresos mínimos y lanzar políticas públicas de empleo. Y, por último, reclamamos un auténtico refuerzo democrático de las instituciones”.
Las propuestas de Cáritas, Intermón y otras ONG parece que han sido escuchadas por los distintos dirigentes políticos, según se desprende de las últimas declaraciones y documentos presentados por el PSOE, IU, Ciudadanos, UPyD y Podemos. Aunque todavía hay que concretar más las propuestas y cuantificarlas. Lo que ya nadie duda, a estas alturas, es que “hemos llegado a un nivel excesivo de desigualdad que no solo es injusto, sino que pone en peligro la democracia”, como decía hace pocas semanas la catedrática de Ética Adela Cortina en una entrevista a este periódico.
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