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Las quejas a la Defensora del Pueblo por Sanidad aumentan un 60%
El Registro Civil y Hacienda son los otros sectores que más protestas reciben. En lo que va de año, el departamento de Becerril ha recibido 21.459 reclamaciones
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, durante su comparecencia en la Comisión Mixta del Congreso. EFE/Fernando Alvarado
En concreto, ha detallado que las materias con mayor objeto de queja son Sanidad, que ha aumentado un 59,5% con respecto al mismo periodo de 2012; Registro Civil y parejas de hecho, que ha crecido un 54,6%; así como Hacienda y tributos, que se ha incrementado en un 26%. En cambio, han descendido las quejas en materia de Extranjería e Inmigración, aquellas sobre la organización de corporaciones locales en un 35%, así como las quejas por política social en un 16,46%.
En cuanto a Sanidad, Becerril ha hecho referencia a las recomendaciones realizadas a distintas comunidades autónomas, especialmente a Castilla y León y Baleares, ante la demora en las listas de espera, que en algunos casos son especialmente "altas".
A su vez, ha avanzado que en su próxima comparecencia en el Congreso en noviembre presentará informes sobre la trata de seres humanos, otro sobre vivienda y situación hipotecaria, y otro sobre los préstamos y ayudas y la reutilización de los libros de texto. Por otro lado, Becerril se ha referido a las 50 visitas que ha realizado en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, de las que 18 han sido visitadas por ella personalmente.
Por otro lado, Becerril también se ha referido a la recomendación aceptada por la Policía para identificar a los menores extranjeros indocumentados que llegan a España de forma irregular, para documentarles y verificar quiénes son.
Al mismo tiempo, la defensora del Pueblo ha celebrado que la Secretaría de Estado de Hacienda haya aceptado que se pueda reducir la jornada laboral de aquellos funcionarios públicos con hijos con cáncer u otra enfermedad grave y a las recomendaciones realizadas para garantizar la viabilidad de los servicios asistenciales básicos que ofrecen ayuntamientos y comunidades autónomas y facilitar el pago de las deudas contraídas con proveedores y prestatarios de estos servicios.
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