lunes, 30 de marzo de 2015

30.03.15.- PROPUESTAS DE PODEMOS MADRID, FRENTE A LAS PROPUESTAS DE PODEMOS ANDALUCÍA


P R O P U E S T A S :



La secretaria de Coordinación Ejecutiva, Àngela Ballester.  EUROPA PRESS
La secretaria de Coordinación Ejecutiva, Àngela Ballester. EUROPA PRESS




No obstante, Ballester se mostró extremadamente reacia a hablar de "condiciones" y ha asegurado que no hay "líneas rojas" a la hora de negociar con Díaz. "Habrá más negociaciones, no tenemos decidido si hablamos de una propuesta, media…" señaló esquivamente la dirigente, que insistió en que "el diálogo sigue abierto". Su actitud choca frontalmente con la que ha mantenido Rodríguez, que ha repetido en varias ocasiones que la candidata socialista debe cumplir las tres condiciones de Podemos para que su partido no vote en contra de ella en la votación de investidura, que se realizará a finales del mes de abril.




C O N D I C I O N E S :

SUSANA DIAZ Y TERESA RODRIGUEZ (Foto EL MUNDO)






Rodríguez se reafirma y Errejón matiza

La propia Teresa Rodríguez defendió este lunes que las tres medidas que le trasladó a Díaz para posibilitar su investidura son "imprescindibles" para dialogar. "No facilitaremos un Gobierno que vaya en contra de los andaluces. Estas son nuestras tres condiciones para dialogar", aseguró en un mensaje publicado a través de su cuenta de Twitter, en el que adjuntó tres documentos en los que se resumen los puntos puestos sobre la mesa por su formación para permitir que la candidata socialista acceda a la Presidencia autonómica.
Por contra, Ballester solo se refirió a la exigencia de que Chaves y Griñán dimitan como "una medida de higiene democrática". En lo que sí coincidió la dirección estatal con Rodríguez es en el hecho de que, una vez presentadas sus peticiones, es el turno de que los socialistas muevan ficha porque "la pelota está en su tejado". "Corresponde a Susana Díaz decir qué le parecen [estas propuestas] y si las acepta y quiere posicionarse del lado de la gente o si sigue estando del lado de los privilegiados", aseguró Ballester, que deseó que la presidenta de la Junta "se lo piense".

Horas más tarde, durante la presentación de la candidatura de Manuela Carmena a la Alcaldía de Madrid, el secretario de Política de Podemos, Íñigo Errejón, defendía que las ideas que su partido ha planteado a Díaz son "muy de sentido común" y aseguraba que "si no se aceptan" esas propuestas será "muy difícil" llegar a un acuerdo para facilitar la investidura de la socialista como presidenta de la Junta. "Pero queda mucho proceso, quedan muchas conversaciones", matizaba el número dos del partido, que aseveraba que las tres iniciativas de Podemos "son ideas que muchos ciudadanos, hayan votado lo que hayan votado, pueden compartir".

30.03.15.- A LA MORDAZA NO LE HACEN FALTA LEYES




LA VERDAD DEL PUEBLO



..".LA MORDAZA."....COCINA... POR LA REALIDAD POLITICA....

La Sexta se une al carro de la mordaza y suprime los domingos a Salvados de Evole y el Objetivo de Ana Pastor.....por cocina.

P.S....recordar que los programas de Evole son grabados y llevan dos semanas sin emitirse., esto ha producido una bajada escandalosa desde ayer domingo que se empezo a emitir lo nuevo de Chicote


Foto de La Verdad DEL Pueblo.
ANA PASTOR
Foto de La Verdad DEL Pueblo.
CHICOTE

Foto de La Verdad DEL Pueblo.
EVOLE













Jesus Cintora despedido
CINTORA
















30.03.15.- EL SUBSIDIO DEL PER FRENTE AL SUBSIDIO DEL PARO







EL PAÍS
ANDALUCÍA

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/21/andalucia/1366563501_930725.html

 

 

Los mitos del PER se derrumban

 

 

El subsidio supone el 2% del gasto nacional en desempleo y lo cobra el 23% de eventuales agrarios

Del sistema se benefician ocho comunidades


Una cuadrilla de jornaleros recoge aceitunas en una finca de Jaén. / jose manuel pedrosa


"Sin el Plan de Empleo Rural (PER) tendríamos mucha menos gente en nuestros pueblos porque habría tenido que emigrar". Enrique Puñal, veterano alcalde de Los Cárcheles (Jaén) por el PP ha sido testigo de la transformación de su municipio en las dos últimas décadas. La pavimentación de las calles, la red de abastecimiento y saneamiento, la construcción de parques, naves industriales y otras infraestructuras básicas se han hecho posible gracias a la inversión de poco más de 1,6 millones recibida desde 1997 por esta localidad de apenas 1.500 habitantes de la Sierra Mágina jiennense.

Como le ocurre a más de 300 pueblos en toda Andalucía, Los Cárcheles no tiene más sustento económico que el monocultivo del olivar. Por eso, el millar de jornales que cada año se generan en el PER —ahora denominado Profea— resultan vitales para mantener la población. “Es el pilar fundamental del desarrollo para los pequeños municipios”, abunda Gonzalo Rus, alcalde de IU en Lupión, una localidad de poco más de 900 habitantes en el centro de la provincia jiennense.


El Plan de Empleo Rural tendrá este año una inversión de 215 millones

El PER, un programa anual de inversiones creado en el año 1984, goza hoy de la aprobación de todos los partidos políticos en Andalucía, aunque siga siendo tema recurrente de los ataques que la comunidad recibe desde el exterior. Ataques que, casi siempre, están basados en el desconocimiento sobre la realidad del medio rural. Así, el PER va a tener este año una inversión de 215 millones. Pero un coste que, frente a lo que se cree erróneamente, llega a ocho comunidades autónomas: Extremadura, Valencia, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia, Castilla-León, Canarias y Andalucía, que es la que más recibe con 147,7 millones.

Los jornales que los trabajadores eventuales agrarios (unos 500.000 en Andalucía) echan en el PER es lo que da derecho al cobro de la prestación mal llamada subsidio agrario y a la renta agraria, creada en 2003. Pues bien, el coste anual del subsidio y la renta agraria apenas supera los 700 millones de euros, un gasto que supone poco más del 2% de todo el gasto nacional de desempleo, que supera los 32.600 millones anuales.

En febrero de este año cobraron el subsidio y la renta agraria 132.034 personas, frente a los más de tres millones de perceptores del desempleo en todo el país. En Andalucía y Extremadura, las dos comunidades que concentran el 67% de todos los eventuales agrarios del país, solo lo cobran el 23,12% de todos los que, potencialmente, tienen derecho.


132.034 personas cobran el subsidio agrario y 3.000.000, el paro convencional

Los trabajadores que acreditan 35 peonadas (este año 20 tras la rebaja del Gobierno por el impacto de la sequía) reciben una prestación de 426 euros durante seis meses (la media del desempleo contributivo es de 860 euros). Al cabo de un año, los trabajadores reciben unos 2.556 euros, una cantidad que se duplica en el caso de los mayores de 52 años. No obstante, teniendo en cuenta que cada mes hay que cotizar 86,70 euros (el conocido sello agrario) la renta media disponible de los peones agrarios ronda los 1.500 euros al año. “¿Alguien se cree de verdad que, con ese panorama, un trabajador va a rechazar un empleo? Si lo dicen es por desconocimiento o por mala fe”, se pregunta y se replica el socialista Francisco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén, provincia que tiene casi el 10% de todos los eventuales agrarios del
país.

“De Despeñaperros hacia arriba se desconoce todo lo del PER y por eso nos califican de pedigüeños”, apunta Reyes, contrariado por el hecho de que el coste global del PER y el subsidio y la renta agraria (unos 900 millones anuales) apenas suponga el 15% de lo que cada año se llevan el 6,5% de los agricultores de más rentas de fondos europeos (6.000 millones).

Reyes lidera en las últimas semanas la ofensiva de ayuntamientos, sindicatos, partidos y otros agentes andaluces para reclamar al Gobierno de la nación un plan especial de empleo ante la constatación de que muchos jornaleros no podrán reunir las 20 peonadas necesarias para cobrar el subsidio.

 

Menos peonadas, menos perceptores


La decisión del Ministerio de Empleo de rebajar de 35 a 20 las peonadas para cobrar el subsidio o la renta agraria no ha atemperado los ánimos en el medio rural, sobre todo en las comarcas donde el impacto de la sequía ha sido mayor en el olivar. En Jaén, según el sindicato UGT, el número de beneficiarios de la prestación se redujo el pasado mes de febrero un 8% con respecto al mismo mes del año anterior, al pasar de 17.300 perceptores a 15.900. Antonio Marcos, de la Federación Agroalimentaria, vincula este descenso con las denegaciones que muchos jornaleros están recibiendo.

“Las oficinas de empleo están disuadiendo a los trabajadores del campo para que no soliciten la prestación a la vista de que no han realizado las 20 peonadas”, asegura Marcos, cuyo sindicato estudia presentar una demanda contra la ministra Fátima Báñez por no cumplir su compromiso de que ningún trabajador se quedaría sin el subsidio debido a la sequía.

Sin embargo, el subdelegado del Gobierno en Jaén, Juan Lillo, asegura que el número de perceptores agrícolas en la provincia ha crecido en los primeros meses del año un 15% con respecto a 2012. Además, destaca que en este periodo el Ministerio ha destinado a la cobertura del subsidio agrario en Jaén más de 26 millones, un 10% más.


30.03.15.- LA RAYA ROJA QUE TERESA RODRIGUEZ NO PISARÁ.
























30.03.15.- ACTO DEL CIRCULO-PODEMOS-CULTURA-ANDALUCÍA






CARTEL PARA DIFUNDIR EL ACTO

lunes, 9 de marzo de 2015

09-03-15.- PROGRAMA DE PODEMOS PARA LA SANIDAD









Abogar por el
bienestar social de
las personas que
viven en Andalucía


El bienestar social no se negocia. Desde el comienzo de la crisis económica
hemos observado cómo se han ido desmantelando logros alcanzados a través
del esfuerzo ciudadano que construyó nuestro Estado de bienestar después
del fin de la dictadura. Los recortes en el estado social afectan de manera directa
en el desarrollo de nuestra comunidad. El bienestar social y el desarrollo
no pueden estar supeditados al mero crecimiento económico, sino a la inversa:
sin recuperación de derechos no habrá recuperación económica; si no es con
más bienestar, no saldremos de la crisis.

Las circunstancias dramáticas que se desarrollan en el nivel estatal adquieren
un mayor y profundo calado en nuestra comunidad andaluza, puesto que la
gestión del Gobierno autonómico ha estado solo en manos de una fuerza política
desde hace más de tres décadas, demostrando de manera fehaciente su
ineficacia política a lo largo de este tiempo.

La crisis económica, en la que la gran mayoría de la ciudadanía está inmersa,
sigue avanzando en estos días. Las políticas mantenidas por el Gobierno central,
sumado a la inercia secundada por el Gobierno autonómico, han supuesto
un ataque directo a la sociedad civil andaluza a través de la disminución de
medios y presupuesto en educación −con una disminución del 9% en la inversión
pública durante el periodo 2012-2015−, salud −10,5% de recortes entre
2008-2012−, servicios sociales −disminución del 13% entre 2011-2014−, coope-
ración al desarrollo −con una bajada del 46% en el periodo 2008-2013− y han
afectado notablemente a las políticas de igualdad y migración transversales
a los ámbitos descritos. Todo ello ha constituido una pérdida de derechos, un
aumento de la desigualdad y un claro empeoramiento en las condiciones de
vida de las personas. Una situación dramática que requiere de otras ideas y
medidas para un rescate y desarrollo urgente de la acción social que revierta el
principal riesgo que corre Andalucía y España: un cambio en el contrato social
que normalice la pérdida de derechos y condene a la resignación a nuestros
pueblos.

El desarrollo de las políticas de bienestar social no es un horizonte que deba
perseguirse, sino la condición para un desarrollo social pleno. Es el punto de
partida para la ciudadanía, para alcanzar sus derechos fundamentales y una
convivencia democrática. En PODEMOS Andalucía, entendemos que la promoción
del bienestar no es un gasto, sino una inversión imprescindible para la
reactivación económica. Esta premisa básica debe marcar cualquier modelo
político que se ponga en práctica en la sociedad actual, y su protección debe
asumirse como prioritaria, alejándose así de intereses y políticas económicas
que supeditan lo que es de todas las personas al beneficio de unas pocas.

Debemos tener en cuenta los principios políticos básicos del bienestar social:
empoderamiento social, soberanía popular y participación ciudadana. Partiendo
de esta concepción, creemos que nuestras medidas deben llevar estos tres
principios como prioritarios, entendiendo el empoderamiento social como la
posibilidad de gestión ciudadana dentro de un grupo o comunidad; la soberanía
popular como el derecho a decidir sobre todos los asuntos que conciernen
a la sociedad; y la participación ciudadana como la complementación entre la
democracia representativa y la democracia directa y participativa, poniendo a
la sociedad civil andaluza en el centro de las instituciones y de la capacidad de
decidir autónomamente el modelo de vida que garantice la autonomía personal
en el marco de la vida colectiva.

La estrategia de convertir los bienes comunes en mercancías y de privatizar el
espacio público puesta en marcha desde el Gobierno estatal (y de la que se ha
sido cómplice desde la comunidad autónoma andaluza) ha socavado las áreas
de educación, salud, servicios sociales y cooperación al desarrollo, así como
también ha contribuido al deterioro de las políticas de igualdad y migración.

La defensa del espacio público, común a toda la ciudadanía, se propone como
la estrategia fundamental para el desarrollo del Estado de bienestar.

1. CUIDAR LA SALUD PARA GENERAR UNA ANDALUCÍA FUERTE

Andalucía presenta algunas particularidades que hacen que el funcionamiento
de su sistema sanitario y su sistema de servicios sociales sea especialmente
importante para su población y para su desarrollo. Por un lado, Andalucía tiene
un alto índice de desigualdad, que toma su máxima expresión en la tasa de
paro más elevada de nuestro país. Por otro, Andalucía presenta importantes
focos de exceso de mortalidad y morbilidad, especialmente cuando se compara
con el resto de España.

A pesar de esto, nuestra comunidad autónoma presenta el gasto sanitario por
habitante más bajo de España −1.091€/habitante− frente al 1.255€/habitante
de la media nacional. Además, en los últimos años hemos caído en una importante
precarización de las personas trabajadoras de los servicios sociales y de
salud, debilitando el necesario vínculo de colaboración entre trabajadoras e
instituciones.

La participación ciudadana en materia sanitaria se ha llevado a cabo de forma
vertical, concebida esta como un complemento de decisiones ya tomadas
y no como una parte esencial en el diseño y funcionamiento de los servicios.

Las políticas en materia de medicamentos han ido dirigidas al copago, a la no
financiación pública y a la contención del gasto más que a la adecuación de
la prescripción. La masificación y deterioro de los servicios de urgencias es ya
constante al haberse convertido en la válvula de escape de las ineficacias de la
atención primaria y la especializada.

Objetivos

• Impulsar la rendición de cuentas por parte de las instituciones ante la población,
tanto con los mecanismos internos de la Administración guiados
por la transparencia como con formas adecuadas de participación comunitaria.

• Avanzar hacia la cobertura sanitaria realmente universal, reconociendo
el acceso a la salud como un derecho e incluyendo en ese derecho una
visión basada en los aspectos sociales que determinan la salud, especialmente
en los colectivos más desfavorecidos.

• Concebir la salud más allá de su aspecto sanitario, tomando en cuenta
aquellos determinantes sociales −educación, vivienda, entorno físico,
etc.− cuyas políticas pueden influir sobre la salud de quienes habitan en
nuestra comunidad. Debemos mirar a la salud desde un enfoque integral
que incluya todas las políticas y con una visión que permita disminuir las
desigualdades sociales en salud en nuestra comunidad, para lo que es
fundamental el papel de los servicios de salud pública como centro de
coordinación entre lo sanitario, lo social y lo institucional.
Proponemos tres estrategias que vertebrarán la totalidad de las medidas presentadas
en adelante.

• La potenciación de la atención primaria como eje vertebrador del sistema
sanitario y no como la gran olvidada de nuestro sistema. La evidencia nos
dice que un sistema eficiente pasa por una atención primaria de calidad.

• Incluir objetivos específicos en los planes de salud y en el acceso, efectividad
y calidad de los servicios sanitarios para la disminución de desigualdades
en el estado de salud.

• La apuesta por una integración socio-sanitaria real que posibilite un enfoque
integral que incluya la mirada hacia los determinantes sociales de
la salud y la acción coordinada de los servicios de salud y los servicios
sociales.

PROPUESTAS

a. Financiación

1. Aumentar el gasto sanitario por habitante para que converja con la
media estatal. Este aumento de financiación a corto plazo favorecerá
que las reformas que se introduzcan sean sostenibles. La inversión en el
sistema sanitario puede tener un importante poder de redistribución y
garantía de la funcionalidad social de los individuos.

2. Fijar un mínimo de financiación para las partidas más atacadas por los
recortes −atención primaria y salud pública−.

3. Reformar el modelo organizativo creando áreas básicas socio-sanitarias
que sirvan como unidad de financiación y priorización de la financiación
para las zonas con especial necesidad de transformación social.

b. Cobertura sanitaria

4. Ampliar la visión de la universalidad. Lograr la cobertura sanitaria universal,
la cual fue eliminada tras aprobarse el RD 16/2012, tanto en la
asistencia como en el acceso a las prestaciones de medicamentos y los
aspectos sociales que determinan la salud.

5. Monitorizar la cobertura, especialmente en colectivos vulnerables. Supervisar
los mecanismos de cobro a entidades privadas, mutuas y otros
Estados.
6. Cubrir la pérdida de acceso a la cobertura sanitaria de las y los andaluces

que han salido a buscar trabajo al extranjero y han visto perder sus
derechos.

c. Equidad en el sistema sanitario

7. Despatriarcalizar el sistema sanitario mediante la corrección de su
heterosexismo y de los procesos de medicalización de las vidas y los
cuerpos de las mujeres como una forma de violencia, garantizando un
sistema sanitario que permita a las mujeres, con todas las garantías,
poder decidir sobre su propio parto.

8. Sensibilizar y adoptar las medidas oportunas para aquellas enfermedades
asociadas o agravadas por cuestiones de género, tales como la
salud mental, diversas patologías o trastornos del comportamiento alimentario.

9. Potenciar la educación afectivo-sexual, garantizando la salud sexual
reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo.

d. Participación comunitaria

10. Impulsar los Consejos de salud como área de participación e integración
social y sanitaria. Crear una partida presupuestaria −con financiación
autonómica− para su gestión desde los Consejos locales de salud,
para la acción local en salud y servicios sociales.

11. Impulsar la promoción de la salud como eje vertebrador de la participación
que potencie el empoderamiento de personas y comunidades
sobre los aspectos de su vida y su ciudad que influyen en la salud.

12. Fomentar la participación de colectivos vulnerables, en oposición a la
actual participación basada en la elección por azar.

13. Constituir una Red Andaluza de Activos en Salud utilizando los consejos
de salud como punto de coordinación y difusión de estos activos.

e. Integración asistencial

14. Lograr que la coordinación e integración asistencial sea uno de los
centros en torno a los cuales gire el sistema sanitario y cuyo eje sea la
atención primaria. Crear una historia clínica electrónica socio-sanitaria
única para la mejora e integración de la asistencia social y sanitaria, así
como para la investigación aplicada en servicios y políticas públicas.
Esta integración pasa por:

15. Coordinar la atención primaria con la especializada y los hospitales.

16. Facilitar la independencia organizativa en los centros de atención primaria
y las iniciativas para aumentar la duración de las consultas y la
disminución de los tiempos de espera.

17. Impulsar el rol central de la enfermería y revisar las ratios médico/a-enfermero/
a, especialmente en atención primaria.

f. Evaluación de prestaciones y políticas

18. Impulsar la evaluación de las prestaciones y las políticas públicas como
fundamento del funcionamiento del sistema sanitario y los servicios
sociales.

19. Impulsar una auditoría y evaluación de las políticas sanitarias.


g) Gestión pública

20. Auditar el gasto público en concesiones, conciertos y externalizaciones
sociales y sanitarias con empresas privadas en las últimas dos legislaturas,
empezando por aquellas otorgadas a empresas con ánimo de lucro.

21. Apostar por la gestión pública directa de unos servicios que fomenten
la equidad actuando con eficiencia y promover la colaboración pública
con cooperativas y otras organizaciones en el ámbito de la asistencia
social, especialmente las que existen en el ámbito de la atención a mujeres
y niñas y niños víctimas de maltrato.

22. Evaluar la privatización de servicios no clínicos −hostelería, limpieza,
etc. − tanto en costes como en resultados y la eficiencia de las innovaciones
organizativas −Hospitales de Alta Resolución, Áreas de Gestión
Sanitaria−.

23. Simplificar la estructura organizativa del SAS con el objetivo de mejorar
la integración, coordinación territorial y capacidad de planificación
de las acciones asistenciales, tanto en el ámbito de la atención hospitalaria
como de atención primaria, así como su integración efectiva con
los servicios de salud pública y de tipo socio-sanitario.

24. Integrar los organismos de titularidad pública adscritos a la Consejería
de Salud (Agencias Públicas Empresariales Sanitarias y Empresa de
Emergencias Sanitarias) en el Servicio Andaluz de Salud.

h. Transparencia sanitaria y rendición de cuentas

25. Publicar anualmente datos sobre estructura, funcionamiento y resultados
de los servicios sanitarios y sociales y del sistema en su conjunto −
públicos y privados−, incluyendo datos sobre resultados en salud y sus
determinantes.

26. Publicar criterios y procedimientos para la toma de decisiones en salud
y el gasto sanitario.

27. Fijar fechas para el cumplimiento de objetivos y para la rendición de
cuentas ante la población.

i. Gestión de profesionales

28. Impulsar un plan de recursos humanos contra la eventualidad laboral
en los servicios públicos sociales y sanitarios.

29. Convertir en personal indefinido a aquellas/os profesionales que, según
la legislación vigente, hayan encadenado el número de contratos necesarios
para dejar de seguir siendo eventuales.

30. Implantar un Plan de Formación Interna de profesionales que responda
a las necesidades de las personas trabajadoras y del sistema sanitario,
de alta calidad y accesibilidad.

31. Aplicar rigurosamente la Ley de Incompatibilidades.

 j) Política farmacéutica

32. Fomentar las compras centralizadas a nivel autonómico y estatal. Priorizar
la necesidad de continuidad y adherencia de los pacientes a los
tratamientos por encima de las disminuciones marginales de coste buscadas
por la subasta de medicamentos e instaurar medidas para que no
deban cambiar de marca con frecuencia, ya que esto pone en riesgo el
cumplimiento de los tratamientos y la salud de las y los pacientes.

33. Fomentar las nuevas formas de contrato para la introducción de medicamentos
innovadores.

k. Servicios de Urgencias

34. Planificar los períodos de alta frecuentación con antelación para anticipar
los colapsos y evitar actuaciones improvisadas y parciales.

35. Cumplir los compromisos de tiempo de espera para ingresar desde Urgencias
e inclusión de esto como indicador publicado periódicamente.

36. Implantar un Plan de Formación periódico para los profesionales.

l. Salud mental:

37. Aumentar la capacidad de resolución de la atención primaria en temas
de salud mental mediante la formación, apoyo institucional y coordinación
con los dispositivos especializados.
38. Introducir la perspectiva de género en los planes de salud mental que
se implanten, considerándola como fundamental, y diseñar planes de
atención socio-sanitaria al malestar, donde la perspectiva de género es
especialmente relevante.

2. PREVENIR CON EL DEPORTE: UNA VIDA ACTIVA Y SALUDABLE

El deporte, una actividad humana altamente ligada a la construcción de lazos
sociales, constituye un elemento de unión e identidad de Andalucía. Esta actividad
marca la vida de las y los andaluces a través de los grandes eventos deportivos,
la formación de los hijos y las hijas con la educación física o el hábito
saludable del ejercicio deportivo, especialmente cuando tiene lugar fuera de
los ámbitos mercantilizados.

Sin embargo, en Andalucía aún se practica mucho menos deporte que en la
mayor parte de las regiones españolas −35% de la población−, encontrándonos
a la cola de España y de Europa. Se vive lo que se denomina una «brecha deportiva
», pues apenas se realiza entre las clases bajas, las mujeres y la población
mayor. Existe además un alto grado de intrusismo y competencia desleal
y se experimenta un alto grado de externalización de los servicios deportivos
básicos.

Todo ello explica que Andalucía requiera de una reorientación de sus políticas
deportivas, pensada para garantizar la consolidación del hábito deportivo en
la ciudadanía, la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios y las