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El «caso ambulancias» desmonta el discurso de Susana Díaz sobre Aznalcóllar
Día 18/05/2015 - 11.37h
La presidenta de la Junta no mandó parar la concesión del servicio sanitario que investiga otro juez
La presidenta andaluza en funciones, Susana Díaz, ordenó el pasado miércoles paralizar la adjudicación del concurso convocado por la Junta de Andalucía para reabrir la mina de Aznalcóllar (Sevilla) horas después de conocer que la juez de instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández,
había abierto diligencias por un supuesto amaño. Pero la presidenta se
aplica así misma de forma selectiva esta norma. Ante el llamado «caso Ambulancias»,
Díaz no mandó frenar la concesión pese a que el juez de instrucción
número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, investiga otro presunto
amaño en el mayor concurso público licitado y adjudicado durante su
etapa al frente del Gobierno andaluz.
El estallido del caso judicial de Aznalcóllar sorprendió a
la secretaria general del PSOE andaluz en medio de un un paseo electoral
por el barrio onubense de Isla Chica. Ágil de reflejos, Díaz no dejó
pasar la ocasión que se le presentaba para demostrar que lo de ser «implacable» contra la corrupción no es una mera pose. No se lo pensó dos veces. Mandó parar el proceso y una inversión valorada en 304,6 millones de euros (capaz
de generar 1.300 empleos) para acallar las críticas que empezaban
arreciar desde todos los frentes de la oposición (PP, Podemos,
Ciudadanos e IU), que le reclaman gestos de acercamiento para facilitar
su investidura.
La todavía candidata a la Presidencia de la Comunidad se
mostró entonces tajante y resolutiva: «Ante cualquier sospecha que tenga
un juez en cualquier procedimiento o adjudicación de la Junta haré lo
que he hecho esta mañana, ordenar que se paralice cualquier concesión
que esté en esa situación». La consigna estaba clara: ninguna concesión
a la duda, ningún síntoma de flaqueza ante el adversario. Cuando están
en juego las alcaldías de los 775 municipios de Andalucía en las elecciones locales, todos los gestos cuentan.
Sin embargo, este discurso de firmeza se viene abajo en el
«caso Ambulancias». El magistrado Juan Jesús García Vélez, el mismo que
indaga en la trama de supuestas facturas falsas de UGT, ha abierto
diligencias al apreciar indicios de delito tras admitir una querella criminal presentada
por la empresa Andaluza de Ambulancias S.L. (ADEA) contra 16 personas,
entre ellas altos cargos y mandos intermedios del Servicio Andaluz de
Salud.
Monopolio de ambulancias
Como desveló ABC, ADEA denunció que se cambiaron sobre la
marcha las condiciones del concurso para adjudicarle un «megacontrato»
de 236 milllones de euros a Ambulancias Tenorio e Hijos SL. Desde julio
de 2014, esta sociedad tiene el monopolio del transporte sanitario programado
y urgente que generan los 188 centros de salud y nueve hospitales de la
provincia de Sevilla. La investigación judicial no ha tenido ningún
efecto en el servicio, que sigue prestándolo la adjudicataria.
Cuando conoció que el juez analiza irregularidades, el
pasado 19 de marzo (el penúltimo día de la campaña de las elecciones
autonómicas), Susana Díaz se limitó a señalar que ella en los «líos» de las empresas no se mete.
Ante las preguntas de los periodistas en Motril (Granada), la
presidenta fue más parca en explicaciones y aseguró que lo que diga la
Intervención de la Junta y la Justicia «se aplicará».
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