LA MAREA
En este país la iniciativa popular está regulada a nivel nacional y provincial. La Constitución española prevé la iniciativa popular en su artículo 87.3 y siguientes y en la ley reglamentaria (Ley Nº 3 Orgánica de 1984). Se requieren 500.000 firmas acreditadas de ciudadanos, lo que equivalente al 1,26%. El proceso se inicia mediante la presentación de la documentación en la Mesa del Congreso de los Diputados. La misma examina la documentación remitida y se pronuncia en el plazo de 15 días sobre su admisibilidad. Es dable destacar que la comisión promotora puede entablar recurso de amparo contra la no admisibilidad ante el Tribunal Constitucional. Se establece que el plazo para la junta de firmas tenga una duración de 9 meses. Dicho plazo puede ser prorrogado por causa mayor. Por último, el Estado compensa a los promotores los gastos realizados en la difusión y recolección de firmas, siempre que se alcance el número de firmas requerido y se inicie la tramitación parlamentaria.
Desde la modificación de la ley en el 2006, se permiten las firmas electrónicas, a través del DNIe, mediante un lector de tarjetas inteligentes.
En el artículo 87.3 de la Constitución Española se establecen algunas prohibiciones sujetas a iniciativa popular:
- No pueden reformar ley tributaria alguna, lo que excluye la Ley General Tributaria, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley sobre el IRPF, la Ley del IVA. Los Estatutos de autonomía recogen las condiciones exigidas para ello. Los posibles plebiscitos para su aprobación habrán de ser autorizados por el Gobierno Central.
Una plataforma ciudadana impulsa una ILP por una renta básica de 645 euros
El Movimiento contra el paro y la precariedad impulsará una iniciativa legislativa popular (ILP) para establecer una renta básica a nivel estatal para todas las personas que no tengan ingresos o, en caso de tenerlos, que estos no lleguen al umbral de la pobreza fijado por el Eurostat, de 645,33 euros mensuales.
La ILP plantea dos fases de implementación de la renta básica. La primera fase cubriría a todas aquellas personas que residan en el Estado español y, o bien no tengan ingresos, o bien sus ingresos no lleguen a los 645,33 euros que Eurostat señala como umbral de la pobreza, en cuyo caso estas personas recibirían el dinero del Estado hasta cubrir dicha cantidad.
En una segunda fase, la renta básica cubriría a todas las personas residentes en el Estado español, con independencia de sus ingresos, según explica Isabel Franco, una de las integrantes del grupo. “Actualmente estamos en un proceso de difusión, y estamos tratando de crear varias asambleas de promotores en cada territorio”, expone.
La plataforma ciudadana nació en los campamentos por la dignidad de Extremadura. Con la creación de los distintos grupos promotores territoriales, esperan poder dar impulso a la ILP y realizar la recogida de firmas necesarias para que esta llegue a tramitarse en el Congreso, un total de 500.000.
Llamamiento a la participación ciudadana
El movimiento tiene previsto poner a disposición de todos los ciudadanos en su web los pliegos de firmas de la ILP, para que todo el que quiera pueda colaborar en la recogida de rúbricas. La previsión es que a principios de diciembre de este año, o de enero del año que viene, se registre la ILP en el Congreso para poder iniciar los trámites correspondientes.
En una rueda de prensa celebrada este miércoles en Madrid ante las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), los integrantes de la plataforma ciudadana han hecho un llamamiento a los distintos colectivos sociales a implicarse en el impulso de la ILP, y han recordado que la medida se plantea para frenar la situación de “emergencia social” que vive el país.
“No hablamos de teorías ni discursos. Hablamos de hechos y necesidades. Hablamos de emergencia social, de altos niveles de desempleo, de desigualdad en el acceso al trabajo, a las prestaciones sociales, a la vivienda, a la alimentación, a la educación y a la sanidad”, han expresado.
En Cataluña, continúa la tramitación
La Mesa del Parlament de Catalunya acordó en marzo de este año admitir a trámite la ILP que propone una renta garantizada de ciudadanía para todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad. La iniciativa, impulsada por entidades sociales, partidos y sindicatos, se encuentra actualmente en la fase de recogida de firmas.
La propuesta se basa en este caso en el artículo 24.3 del Estatut, todavía sin desarrollar, que contempla que “las personas o las familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna”.
Y fija esta renta en los 664 euros mensuales.
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