03.06.13.- FRENTE COMÚN SINDICAL PROFESIONAL

Frente común sindical profesional contra los recortes de la Junta de Andalucía para sus trabajadores públicos

Lun, 03/06/2013 - 15:09 — AdminContenWeb                Los sindicatos profesionales e independientes de Sanidad, Educación y Administración General de la Junta de Andalucía nos hemos reunido para luchar contra lo que consideramos un "auténtico despropósito" para el trabajador y funcionario público andaluz y un "discriminatorio recorte económico", el eliminarles el complemento adicional de las pagas extras de junio y diciembre de este año. Con motivo de tal empresa hemos ofrecido esta mañana una rueda de prensa en el Hotel Inglaterra en Sevilla para presentar a la opinión pública en general, las actuaciones conjuntas que pensamos llevar a cabo contra los nuevos recortes impuestos por la Junta de Andalucía. Y a la vez hemos leido un manifiesto con el análisis de la situación actual que atraviesan los trabajadores profesionales y funcionarios en la Junta de Andalucía.
            Este nuevo frente común está constituido por la Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales e Independientes (Faspi), integrada por los sindicatos Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), Sindicato Médico Andaluz (SMA) y Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA); Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad (FSES) formado por el Sindicato de Enfermería (Satse) y Sindicato Independiente de Profesores (ANPE); Federación Andaluza de Técnicos Superiores Sanitarios (FATE); y Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE). Y todas estas organizaciones estamos de acuerdo en mostrar nuestro más "absoluto desacuerdo" a unas medidas de "recorte arbitrarias, injustas y que incumplen los principios constitucionales". Los siete sindicatos, que lo constituimos  advertimos de la "discriminación común" que padecen los colectivos de trabajadores y funcionarios, que serán "los únicos" en España que soporten "los recortes" en las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre de 2013.
            Ante esta situación, advertimos de la "sinrazón y el atropello" que significa esta eliminación de las pagas adicionales para los trabajadores públicos de Andalucía y que provoca a la vez la quiebra del principio de seguridad jurídica previsto en la Constitución Española y vinculado con el de confianza legítima consagrado por jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo.
            A la vez aprovechamos la ocasión para llamar la atención sobre que, frente al discurso de la Junta que afirma que se preservan los servicios públicos, señalamos que "esto no es cierto", sino que se está llevando a cabo un "desmantelamiento" de los mismos que afecta a los funcionarios y a los ciudadanos. Si bien, indicamos que "el ataque" de la Junta a estos servicios es "opaco y solapado" frente a otras comunidades con "actuaciones mucho más torpes".
            Es por ello que hemos redactado el siguiente MANIFIESTO:

            Los Sindicatos profesionales e independientes de Sanidad, Educación y Administración General de la Junta de Andalucía se han unido para luchar contra lo que consideran un auténtico despropósito al funcionario público andaluz y un discriminatorio recorte económico.
            Este nuevo frente común está constituido por FASPI (Federación Andaluza de  Sindicatos Profesionales e Independientes) integrada por los sindicatos SAF (Sindicato Andaluz de Funcionarios), SMA (Sindicato Médico Andaluz) y APIA (Asociación de Profesores de Institutos de Andalucía) ; FSES (Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad) formado por SATSE (Sindicato de Enfermería) y ANPE (Sindicato Independiente de Profesores): FATE (Federación Andaluza de Técnicos Superiores Sanitarios); y SAE (Sindicato de Técnicos de Enfermería).
            Las organizaciones sindicales más representativas de funcionarios en Andalucía muestran su absoluto desacuerdo a unas medidas de recorte arbitrarias, injustas y que incumplen los principios constitu cionales. Los siete Sindicatos denuncian la discriminación común que padecen los colectivos funcionariales que serán los únicos en España que soportarán los recortes en las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre de este año 2013.
            Hay que partir de la base de que la reducción de las pagas adicionales es una medida para cumplir los objetivos de déficit. Con esta medida, aplicable también al personal laboral y unida a la reducción de un 10 % de las percepciones variables, se preveía ahorrar, tal y como matiza el Plan de reequilibrio económico financiero, 142,8 millones de euros.
            El gasto total en complemento especifico de, únicamente, el personal funcionario de la Administración, ha tenido un descenso del año 2012 a 2013, de 284,7 millones de euros, cuantía resultante de cotejar la diferencia en el coste total en dicho concepto de los presupuestos de 2012 y 2013.
            La no percepción de las dos pagas adicionales del personal funcionario y estatutario de la Junta de Andalucía, supone un ahorro para la Administración de 249,2 millones de euros, montante muy por encima del ahorro necesario en el Plan de Reequilibrio Económico-Financiero. ¿Dónde se destinarán los 106,4 millones de euros de diferencia?
            Los Sindicatos manifiestan su indignación ante unos recortes que inciden bruscamente sobre el funcionario, en beneficio de multitud de conceptos presupuestarios prescindibles y que han permanecido inalterables. Es inconcebible que las medidas de contención siempre recaigan sobre los ciudadanos, los servicios públicos y el personal que accede a la Administración por procedimientos reglados, mientras la costosa externalización o los privilegios económicos de altos cargos y diputados, entre otros despilfarros de plena actualidad, quedan intactos.
            Las Federaciones consideran , cuanto menos, insultante las excusas de ahorro para volver a perjudicar a un colectivo garante de los derechos de los ciudadanos y, sin embargo, no se aminoren partidas económicas tan cuantiosas como las percibidas por los diputados andaluces, objeto de críticas en los medios de comunicación.
            Las cifras hablan solas. El minimo mensual que cobra un diputado del Parlamento de Andalucía en 2013 es de unos 4.311 euros (sin incluir transporte).
            Ya se han tomado las primeras medidas contra el recorte como la exigencia por escrito a la Consejera de Hacienda y Administración Pública, y a su Consejeria, de iniciar las vias de legislación de urgencia previstas en el Estatuto de Autonomia o las medidas necesarias para derogar los articulos 7.1 de la Ley 3/2012 y 13.5 de la Ley 5/2012 y abonar al personal funcionario las pagas adicionales del complemento específico correspondientes a los meses de junio y diciembre.
            Los funcionarios de la Junta llevan años marcados por los tijeretazos. Desde 2010 este personal arrastra en la Administración General la congelación salarial con una pérdida de poder adquisitivo superior al 30%, la disminución del sueldo base, trienios, complemento de destino, complemento específico y productividad y la merma de la paga extra entre un 46,30% y un 1,3%, dependiendo del Grupo. Hay que añadir la eliminación de la última paga extra, la rebaja de días de asuntos propios, el aumento de la jornada laboral, la suspensión de ayudas de acción social, la ausencia de OEP y el consiguiente aminoramiento de funcionarios, etcétera. Todos estos recortes se mantienen actualmente, por lo que la nueva poda del Gobierno autonómico a la paga extra supone un sacrificio insostenible.
            También hay que hacer referencia a los efectos colaterales provocados por los recortes en Sanidad como la extensión de las contrataciones a tiempo parcial del personal temporal, que se han generalizado al 75% de la jornada e incluso al 50% y últimamente se ha batido el récord con un contrato anual de 11 horas. Esto provoca un exagerado aumento de las cargas de trabajo, al no llevarse a cabo sustituciones. Se está tendiendo a un claro desmantelamiento del sistema sanitario. Evidentemente, estos fatídicos recortes van en detrimento de la calidad asistencial y en el aumento de las agresiones al personal sanitario.
            Educación no iba a ser menos. La Junta ha conseguido que los profesores andaluces sean los docentes peor pagados de España. Es más, 4.289 profesores de enseñanza secundaria no han sido contratados este curso, ni lo serán los próximos. Por ello, se exige a la Consejera de Educación que considere las dos primeras horas de guardia como horas lectivas y que contrate a los interinos despedidos.
            Las Federaciones andaluzas denuncian la sinrazón y el atropello hacia sus propios funcionarios que la eliminación de las pagas adicionales provoca y la quiebra que supone al principio de seguridad jurídica previsto en la Constitución Española vinculado con el de confianza legítima consagrado por jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo.
            ¿Cuándo permitirá el Gobierno andaluz que la Mesa General de la Función Pública esté integrada por los sindicatos que verdaderamente han obtenido representación para ello? ¿Cuándo va a empezar el gobierno andaluz a desmantelar la Administración Paralela creada en los últimos treinta años? ¿Cuándo se van a acatar las sentencias del TSJA y del Tribunal Supremo que instan a la Junta de Andalucía a proporcionar el mismo trato a todos los sindicatos?
            Empieza a ser costumbre que los políticos aprueben los presupuestos por imperativo legal, en lugar de cumplir la ley y acatar las sentencias de los Tribunales.