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| MIGUEL BLESA YA LIBRE
Público.es
La Fiscalía pide 5 años de cárcel para 20 participantes en el escrache al ParlamentLes considera autores de un delito contra las instituciones del Estado en concurso con otro de atentado contra la autoridad. Afirma que crearon "un fundado temor a la seguridad personal de los parlamentarios"
Eduardo Torres-Dulce, fiscal general del Estado/Efe
La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha descolgado con una petición de cinco años y medio de cárcel para 20 manifestantes que
participaron en el asedio al Parlament de Catalunya que se produjo el
15 de junio de 2011, al considerar que provocaron "un fundado temor en
la seguridad" de los diputados que intentaban acceder a la Cámara.
En un escrito de acusación presentado este viernes, la fiscal Teresa Sandoval atribuye a los acusados un delito contra las Instituciones del Estado en concurso ideal con otro de atentado contra la autoridad, y reclama que a cada uno de ellos se les imponga además una multa de 7.500 euros.
El
Ministerio Público destaca que los diputados --entre los que se
encontraba el presidente de la Generalitat, Artur Mas, que tuvo que
acceder al recinto a través del "método absolutamente inhabitual" del
helicóptero-- fueron "rodeados e increpados" por grupos de personas que "les impedían el acceso al Parlamento mediante empujones, golpes, lanzamiento de objetos e insultos".
Tras
señalar que los 20 acusados tuvieron "una activa intervención" en estos
hechos, la fiscal apunta que todos ellos desarrollaron "comportamientos
y actitudes violentas e intimidatorias
que tenían por objeto impedir la asistencia de los diputados a la
sesión plenaria", que se inició con un retraso de 11 minutos y con la
presencia únicamente de 70 de los 135 diputados.
Los acusados son
Javier Tadeo Orellana de Villalonga, Cristóbal Nicolás Araya Bruna,
Daniele Vinci, Rubén Molina Marín, Marta Pi Morera, Alejandra Calderón
Becerra, Francisco José Cobos García, Alessia Borge, Antoni Dolz García,
Jordi Raymond Parra, Javier Villanueva Mena, María Durán Gurnsey,
Ignacio Antolino Ibáñez, Joan Peiró Tura, Ángela Bergillos Alguacil,
Ciro Morales Rodríguez, Álvaro Cano Santana, Olga Álvarez Juan, Carlos
Munter Domec y José María Vázquez Moreno.
A este último también se le imputa una falta de daños por perseguir a la parlamentaria socialista Montserrat Tura y utilizar un spray para pintarle una cruz en la gabardina que llevaba.
Entre
los hechos que describe la Fiscalía en su escrito de acusación se
encuentra el acoso al que fue sometido el presidente de la Generalitat,
Artur Mas, cuyo vehículo fue interceptado en unas vías del tranvía
cuando era trasladado a la sede del 'Parlament'. Uno de los imputados
encaró el vehículo oficial colocando sus manos encima del capó, se subió
al mismo y empezó a golpearlo.
Unos metros más adelante, el coche
de Mas fue nuevamente golpeado y uno de los manifestantes trató de
"abrir la puerta del coche", lo que "no pudo conseguir por tener
conectado el cierre centralizado". Al no lograrlo, arrojó un cono de
plástico contra uno de los vehículos de la comitiva, que buscaron un
lugar seguro para posteriormente trasladar al presidente catalán "por la vía aérea descrita", que también utilizó la presidenta de la Cámara, Núria de Gispert.
De
igual modo, los manifestantes "increparon y acorralaron mediante
amenazas e insultos" al diputado invidente de CiU Josep María Llop, y
golpearon "repetidas veces con los brazos en alto" al independentista Alfons López Tena.
También sufrieron el acoso los diputados Joan Boada, Gerard María
Figueras, Ernest Maragall, Ana Isabel Marcos, Salvador Milà y Santi
Vila.
Los incidentes se produjeron en el contexto de una manifestación convocada bajo el lema 'Paremos el Parlamento. No dejaremos que aprueben recortes' y
después de que durante la noche desconocidos pusieran materiales de
obra, como vallas, hormigón, cuerdas y maderas, en las puertas de acceso
al recinto parlamentario para evitar el acceso de los diputados.
Ante
la "concentración masiva" de personas y el "bloqueo" de los accesod al
Parque de la Ciudadela, los diputados accedieron por la calle Pujades,
en la que se concentraron 600 personas que "arrojaron objetos
contundentes contra los parlamentarios y agentes policiales que les
protegían".
El juez Eloy Velasco continuó en abril pasado con este
procedimiento tras dictar en un auto en el que señalaba que "delitos
menores e incluso de faltas", como los atribuidos a los imputados, se
convierten en "graves" si existe un componente de "intimidación ambiental".
Por
orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Velasco envió la
causa a los juzgados de Barcelona en febrero de 2012 aunque el Supremo
resolvió en noviembre pasado que la Audiencia Nacional era la competente
para investigar estos hechos por considerar que el Parlamento
autonómico debe considerarse una institución del Estado.
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¿Cuál será la chispa que quiebre el espíritu de los españoles?. En Brasil han sido el transporte. Aquí ya falta menos por la corrupción galopante en todos los sectores. Nadie quiere que ocurra pero cuando se desata es imparable y por ello muchos de los que ahora juzgan y se corrompen pueden acabar entre rejas. Deberían reflexionar antes de azuzar a los ciudadanos. No somos buenos enemigos, lo reconozco.
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