ARTICULO DE ABC
La Junta contrata a empresas privadas para gestionar colegios
Paga más de 4,5 millones por tareas que pueden realizar los funcionarios de la Consejería
Día 06/11/2012 - 20.37h
EFE
La Consejería de Educación ha contratado en los últimos meses trabajos externos en todas las provincias andaluzas a un ente de la «administración paralela»,
que a su vez hace de intermediario ante empresas privadas, para la
realización de una serie de servicios de apoyo y asistencia a la gestión
académica y económica de centros públicos por importe superior a los
4,5 millones de euros, circunstancia que ha sido denunciada por el Sindicato Andaluz de Funcionarios,
al entender que con tales decisiones se ha marginado a los empleados
públicos. Después de que el Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales (dependiente de la Consejería de Hacienda)
paralizara cautelarmente el contrato suscrito en la provincia de
Córdoba, la central sindical ha solicitado al mismo órgano arbitral la
suspensión de los restantes y ha exigido que se depuren las
correspondientes responsabilidades.
José Manuel Mateo,
presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), ha dirigido un
escrito al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta
de Andalucía, en el que denuncia que actualmente se encuentran en fase
de licitación y adjudicación un total de siete expedientes de
contratación, que han recaído en el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, uno de los múltiples instrumentos de la denominada «administración paralela» de la Junta.
Recuerda el presidente del Sindicato que después de una
anterior protesta ante el Tribunal, al detectarse una primera licitación
en la provincia de Córdoba, el contrato quedó paralizado de forma
cautelar. Ahora, la intención de la central sindical es que el mismo
órgano arbitral bloquee el proceso en toda Andalucía.
En el caso de Córdoba, el importe del contrato para
realizar servicios de apoyo y asistencia a la gestión académica y
económica de los centros públicos de Educación Infantil y Primaria,
ascendía a 957.493,20 euros. El de Málaga, a 684.840 euros; Granada,
530.400; Almería, 585.000; Huelva, 224.640; Jaén, 447.720; Sevilla,
644.280, y Cádiz, 546.000. En total, más de cuatro millones y medio de
euros.
Para gestionar los fondos la Consejería, según el Sindicato
de Funcionarios, contrata al Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos, que a su vez adjudica los trabajos
definitivamente, en la mayoría de los casos, en empresas privadas.
Son mayormente labores relacionadas con la gestión económica de los centros educativos, pero también vinculadas a cuestiones tales como preinscripciones, matriculaciones y grabación de datos
personales de los alumnos, algo que en opinión del Sindicato es una
responsabilidad exclusiva de los funcionarios. De hecho, en el escrito
presentado por el presidente del SAF, José Manuel Mateo, éste reclama la
anulación de los contratos y que las atribuciones de los mismos recaigan en el personal funcionario de carrera.
Igualmente, pide que se remitan las actuaciones a los
órganos correspondientes para dirimir «las posibles responsabilidades en
que pudieran haber incurrido los titulares de los órganos
administrativos que correspondan por la externalización improcedente de
servicios».
A juicio del SAF, ello podría suponer, en contra de la legalidad, una atribución directa o indirecta de potestades a personal ajeno a la función pública».
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