lunes, 9 de marzo de 2015

09.03.15.-ACTO DE PODEMOS EN SEVILLA, PARA PRESENTAR SU PROGRAMA PARA LA SANIDAD.

09,03.15.- ANDALUCÍA NO SE HA LIBRADO DE LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA

el diario.es

El dinero que la sanidad pública paga a la privada ha crecido un 52% en 10 años

La privatización sanitaria tiene múltiples caminos: desde la adjudicación de hospitales hasta los conciertos para hacer pruebas diagnósticas, tratamientos o intervenciones quirúgicas
Ninguna región es ajena a la utilización de medios privados para sus redes de salud, que ya representa el 10% del gasto sanitario público español

Raúl Rejón

12/03/2014 - 20:50h

Intervención quirúrgica en un hospital del Servicio Canario de Salud. EFE

La sanidad pública paga cada vez más a la privada. Unos 7.600 millones de euros al año. Supone un 10,5% del gasto sanitario público que suma 72.000 millones anuales. Los datos de la Cuenta Satélite del Gasto Sanitario del Ministerio de Sanidad recogen un aumento de esta partida de 2.599 millones (un 52%) desde 2002 a 2011.

Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de privatización de la sanidad y entrada de empresas en la asistencia de los ciudadanos? Las vías de trasvase de dinero público al sector sanitario privado son variadas. Cada Administración defiende su realidad y no deja de subrayar la etiqueta de “sanidad pública”, ya sea ésta servida por medios propios, conciertos, convenios o concesiones a contratistas.

El Instituto para el Desarrollo y la Integración Sanitaria (IDIS) ha ordenado estos gastos por comunidades autónomas y tipos de pagos desde los presupuestos de Sanidad a las empresas privadas del sector. El IDIS es una entidad que defiende la entrada de las clínicas privadas como “eje de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, según su secretario general Juan Abarca.

La comunidad autónoma que más gasta en sanidad privada es Cataluña. Su sistema sanitario trasvasa 2.450 millones de euros a clínicas cada curso, un 24,1% del gasto. Canarias destina un 10,3% de todo su presupuesto sanitario a medios privados (286 millones de euros). Madrid y Baleares están ambas por encima del 8% con 713 y 112 millones respectivamente. En Andalucía, se paga mucho a empresas privadas de sanidad (446 millones de euros), pero supone un 4,7% de todo el dinero destinado a la salud. En los últimos puestos del ránking autonómico en términos relativos están Aragón (4%), Extremadura (4,3%) y Cantabria (4,5%).

El panorama es una maraña de fórmulas de contratación, cesión, concierto y encomiendas en la que se impone una mirada pormenorizada para ver el alcance de la privatización.

Sanidad mixta catalana

En Cataluña, se puede hablar de un sistema general mixto público-privado. La Generalitat tiene convenios singulares con 31 hospitales privados para que formen parte del Sistema de Utilización Pública. Además, entre 2008 y 2014 publicó 495 concursos para el diagnóstico por imagen, las terapias respiratorias, la atención primaria o los servicios socio-sanitarios.

Este esquema obliga a las arcas públicas catalanas a aportar esos casi 2.500 millones de euros a entidades sanitarias privadas. Es cerca de la mitad, el 41,8% de todo lo que el sector público paga al privado en España. A pesar de que, desde los 1.298 euros per cápita que Sanidad invertía en 2012, el Gobierno ha rebajado la partida a 1.095 –y el consejero Boi Ruiz reconoce que la cifra ideal son 1.500 euros-, la tasa de crecimiento del pago a entidades privadas ha estado en el 2,1% anual desde 2002 a 2011.

Los contratistas entran a escena

Sin duda, la polémica y preocupación ciudadana sobre la privatización sanitaria se ha agudizado especialmente con el proceso de entrada de empresas contratistas en la gestión directa de la sanidad.

Tanto con la concesión de la gestión no médica de centros como los contratos completos que asignan a empresas privadas la construcción, administración y gestión sanitaria de hospitales de la red pública. Las sociedades privadas han visto cómo su negocio se ampliaba en la red pública española en los últimos años.

La Comunidad Valenciana: es la pionera en la adjudicación integral sanitaria a contratistas. Cinco departamentos de salud están así gestionados. Seis empresas (Ribera Salud, ACS, Lubasa, Sanitas, DKV y Asisa) se reparten en diferentes porcentajes cinco hospitales de la siguiente manera:

Alzira (Ribera Salud, ACS y Lubasa): 143,4 millones al año para la asistencia de 227.000 personas; Hospital de Denia (DKV y Ribera Salud): 94,8 millones para 150.000 ciudadanos; Hospital de Torrevieja (Sanitas): 123 millones para 195.000 alicantinos; y Hospital de Vinalopó (Ribera Salud y Asisa): 101 millones.

Las asignaciones se incrementan en el mismo porcentaje que el presupuesto de Sanidad elaborado por el Gobierno regional. Valencia le ha metido un acelerón al gasto público en sanidad privada a un ritmo de crecimiento del 10,9%. Gasta 442 millones al año (un 6,6% de su presupuesto). "A la Genertalitat le viene muy bien y las concesionarias tienen que hacer verdaderos esfuerzos para que les salgan las cuentas", ha analizado el director general de IDIS, Manuel Vilches, dejando clara su visión sobre estos modelos.

Madrid: el Gobierno del PP ha impulsado las partidas de dinero público hacia medios sanitarios de empresas. Un 13,7% más de media en diez años. En 2011 se destinaron 714 millones de euros (un 8,5% del presupuesto total). El estudio de IDIS habla de "interdependencia" entre los sistemas sanitarios público y privado.

Existen cuatro hospitales nacidos como concesión para contratistas: Infanta Leonor (de IDCSalud) con un canon de 33 millones; Torrejón (Sanitas, Asisa, Bankia, Concessia y FCC) con uno de 110,2 millones; Móstoles (IDCSalud) con pago de 107,1 millones y Collado Villalba. Este último centro no ha sido puesto en marcha porque el Ejecutivo de Ignacio González considera que no puede afrontar el pago del canon, aunque sí se abona 11 millones al año en concepto de mantenimiento).

Concesiones también existen en Canarias, que en 2013 lanzó un concurso para la hemodiálisis en Gran Canaria y Lanzarote por 35 millones de euros para cinco años. Las islas son la segunda región que asigna más recursos a la sanidad privada respecto a su presupuesto: un 10,3% y 286 millones al año.

Los conciertos versus la infrautilización de medios públicos

Casi todas las administraciones sanitarias –sin importar el color político que las dirijan- conceden gran impacto a los conciertos con clínicas para llevar a cabo terapias o pruebas (en ocasiones en detrimento de los recursos directos). El 38% de las terapias de respiración en Madrid son asignadas a centros privados. En Galicia es el 23% y en Navarra el 21% del total de tratamientos de esta índole. Es un nuevo frente de lucha abierto contra la privatización sanitaria.

En el caso de Madrid, el 73% de los 48 hospitales privados de la región tienen algún tipo de acuerdo firmado con el SERCAM. La panoplia diseñada por la Consejería de Sanidad abarca múltiples disciplinas. Como se apuntaba, los enfermos respiratorios dependen en gran medida de centros privados para sus terapias (95 millones de euros en concursos entre 2008 y 2014). Se le suman, además, las pruebas diagnósticas que se derivan a la hora de hacer ecografías o mamografías. Un modelo que puede resquebrajarse en cuanto la administración no llega a acuerdos que satisfagan sus estrecheces financieras, como sucedió en 2013 cuando se detuvieron miles de mamografías del Programa de detección precoz del cáncer de mama en Madrid.

También a la hora de intentar bajar las listas de espera quirúrgicas, algunas comunidades han apostado fuerte por la derivación a hospitales de empresas. Así, en Castilla y León han llegado al 51%; en Castilla-La Mancha al 34% y en Aragón al 19% de la actividad. En Castilla y León tuvieron que regresar a estos conciertos en 2013 tras no poder gestionar las listas con los medios públicos una vez suprimidas las actividades extraordinarias de tarde en los hospitales. Igual le ocurrió a Valencia. Marcha atrás y nuevo flujo de dinero a clínicas privadas ante el atasco. En Castilla-La Mancha están recurriendo a traslados a otras regiones para intervenciones de sus pacientes.

Los convenios

El sistema de convenios es una manera habitual de que los impuestos abonen la prestación de servicios sanitarios en centros privados. El convenio hace que los ciudadanos puedan acudir a los hospitales a recibir sus tratamientos. Andalucía destaca en esta fórmula con 17 centros conveniados. Cinco de ellos pertenecen a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios y seis al grupo José Manuel Pascual. También con Cruz Roja Española.

Este sistema es el que utiliza el Partido Popular para asimilar los procesos privatizadores como el de Madrid con otras regiones. Como dijo el vicesecretario popular Carlos Floriano hace poco más de un mes, "está vigente en otras comunidades autónomas como Andalucía y Cataluña". El flujo de pacientes andaluces está controlado por los hospitales públicos y sus Unidades Provinciales de Gestión.

El informe del IDIS reseña que "no se dispone de información pública en cuanto a la remuneración obtenida por parte de los grupos privados con estos convenios". Andalucía gasta 447 millones de euros en dar cobertura pública con medios privados (un 4,7% del total). También aparecen con estas fórmulas el País Vasco, Galicia, Islas Baleares y Asturias.

La Comunidad de Madrid firmó un concierto singular con la Fundación Jiménez Díaz (regentada por IDCSalud) por 30 años para atender en ese hospital a población de referencia. En 2012 y 2013, Madrid le abonó más de 300 millones por cada anualidad.

jueves, 5 de marzo de 2015

05.03.15.- RADICALIDAD EN POLÍTICA SANITARIA (Paracelso)

DERRUMBE

DERRUMBE

1.- Cuando no se pone en valor la investigación.

Cuando se pone en valor una nueva vacuna.

Y a su valor se le pone precio.

y vemos que la vida tiene precio,

y quien debe pagar no paga,

el precio de la vida...

...¿como no voy a ser radical?

2.- Cuando las compañias aseguradoras,

ofrecen servicios a expensas de médicos y enfermería mal pagada.

¿Como no entrar en esos templos corruptos y echarlos de los"lugares del curar"...

...a latigazos?

3.- Como no actuar contra los que venden espacios público de la sanidad,

construidos con el dinero de todos,

a los mercachifles de siempre?

Como no pedirles con radicalidad,

que devuelvan lo que no es suyo?

4.- Si veo derrumbarse todo lo construido desde las zonas básicas,

los distritos sanitarios,

las áreas sanitarias,

destrozando el proyecto profesional de los preparadísimos médicos de familia,

y costosisimamente formados...

...¿Como no dejar que me salga de las tripas la radicalidad?

5.- Como no voy a apagar el fuego de una enfermería quemada,

recortada,

obligada a trabajar en prolongaciones de jornadas no remuneradas.

6.-Como no dudar de la legalidad de unas gerencias,

que incumple sitemáticamente las sentencias judiciales.

7.- Como no querer obligar a los causantes de los recortes,

a entrar por las puertas de nuestras urgencias

hasta impregnarse del resultado de sus actos?

...

Tres años de "mareas"

Hoy nos quieren contar que hay otra forma de hacer política.

Abriendo puertas a la esperanza.

Pero desde los púlpitos incendiarios,

hasta las mesas donde se redactan los programas,

hay que recorren el camino de la reflexión,

sin olvidar elegir la pluma de la radicalidad,

para firmar las promesas.

Paracelso.

05.03.15.- PROGRAMA SANITARIO DE PODEMOS ANDALUCÍA

DESTINO CON OBJETIVOS POCO CLAROS

3.4 - Garantía del derecho a la salud y de un modelo de asistencia

sanitaria público, de cobertura universal, equitativa y gratuita, con

dotación presupuestaria prioritaria y sin exclusión alguna para las

personas que viven en cualquiera de los países de la Unión Europea.

Ese modelo será participado democráticamente por todos los

miembros de la comunidad sanitaria

15/36

Devolución al sector público de todos los centros y hospitales privatizados.

Para ello se derogarán todas las leyes que permitieron esa privatización, y el

RDL 16/2012 que cambió el modelo sanitario universal por otro de

aseguramiento y resultó en la exclusión de diversos colectivos en razón de su

situación administrativa, legal o laboral. Aumento de plantilla en la sanidad

pública.

Prohibición explícita del copago sanitario y farmacéutico.

Implementación de un modelo sanitario fnanciado a través de impuestos

directos, gestionado públicamente, con una organización democrática y una

administración transparente y efcaz, y basado en la integración y la

coordinación entre la Atención Primaria de Salud y la Atención Especializada,

y entre los servicios de Salud Pública y los Servicios Sociales.

Contemplación del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de forma

segura, libre y gratuita, dentro de la red pública. Garantía del derecho a una

muerte digna, sin el encarnizamiento terapéutico actual que sufren muchos

pacientes, y del derecho a una salud mental orientada al sujeto que evite

medicalizar e instrumentalizar el sufrimiento psíquico.

Retirada inmediata de las leyes o disposiciones que desposean o disminuyan

de cualquier modo a los ciudadanos de la UE su legítimo derecho a la

cobertura sanitaria en su país de origen, independientemente de la duración

de su estancia fuera de éste o de su país de residencia permanente.

Elaboración de un plan para promover la implantación de una cobertura

sanitaria universal para todos los Ciudadanos de la UE en cualquiera de los

países miembros, considerando la cobertura sanitaria como uno de sus

derechos fundamentales.

05.03.15.- ESCASA PROPUESTA SANITARIA DE PODEMOS, EN UN MOMENTO DE CRISIS SANITARIA EN ANDALUCÍA

REDACCIÓN MÉDICA

Javier Barbado. Madrid

Podemos plantea fomentar la gestión pública directa de los hospitales como propuesta electoral para los comicios del día 22 en Andalucía, lo que dejaría en entredicho la marca distintiva de fórmula gestora alternativa en esta comunidad autónoma: las empresas públicas como la Agencia Sanitaria Costa del Sol de Málaga, primer centro de España en adoptar, en 1994, un modelo de gobernanza diferente al público-directo característico de los hospitales del extinto Instituto Nacional de la Salud (Insalud).

Teresa Rodríguez, candidata de Podemos a presidir Andalucía.

En el cuarto bloque del resumen de su programa para la comunidad andaluza, dedicado a la salud y el bienestar social, el colectivo que, en esta cita electoral, encabeza Teresa Rodríguez, expone con toda claridad, entre sus líneas de actuación, “apostar por la gestión pública directa de los servicios sanitarios” así como “evaluar y auditar las prestaciones, políticas y el gasto sanitario”, el cual, además, se proponen aumentar “hasta la media estatal” y “fijando un mínimo presupuestario frente a los recortes”.

En ese mismo documento, sin embargo, no se expone cómo llevar a cabo ambas medidas (el aumento del gasto y el fomento de la gestión pública directa de los centros asistenciales) más allá del anuncio de “simplificar la estructura organizativa del Servicio Andaluz de Salud, integrando los organismos de titularidad pública adscritos a la Consejería de Salud”, medida que, en todo caso, ya ha promovido el actual Ejecutivo socialista.

En cambio, en el documento se insiste en el concepto de impulsar una hacienda autonómica “sostenible y eficiente”, justo las características que los directivos del sector asocian con las fórmulas de gestión de la sanidad pública diferentes a la tradicional. Y añade, eso sí, que se fomentarán las compras públicas centralizadas tanto a nivel autonómico como estatal, desmarcándose en este último aspecto de la política sanitaria llevada a cabo hasta el momento por el Gobierno de Susana Díaz.

El partido de Rodríguez también subraya la importancia de integrar la atención social y sanitaria en una sola prestación –idea que, por otra parte, defiende la totalidad de los gobiernos autonómicos–, y, así, habla de “reformar el modelo organizativo en torno a áreas básicas” que fusiones ambos servicios.

Asimismo, Podemos incide en otros puntos de los que se deduce una denuncia velada a decretos aprobados en la actual legislatura nacional como, por ejemplo, “lograr la cobertura sanitaria universal y monitorizar la cobertura, especialmente entre colectivos vulnerables; supervisar los mecanismos de cobro a entidades privadas; cubrir la pérdida de acceso a la de las y locobertura sanitarias andaluces que han salido a buscar trabajo en el exterior; [y] aumentar la capacidad de resolución de la atención primaria en cuestiones de salud mental”.

Tampoco se dejan de mencionar, de forma indirecta, otras posiciones ideológicas del partido, por ejemplo cuando se alude a la normativa relacionada con el aborto al subrayar que la mujer “pueda decidir libremente sobre su propio cuerpo” además de “potenciar la educación afectivo-sexual y la sensibilización y medidas necesarias en torno a cuestiones de género que puedan intervenir en enfermedades”.

Condiciones laborales de los profesionales

Por último, Podemos Andalucía también incide en combatir la contratación temporal de los profesionales sanitarios y “fomentar un Plan de Formación Interna de profesionales y aplicar rigurosamente la Ley de incompatibilidades”, de lo que se infiere la crítica habitual de la formación que en España lidera Pablo Iglesias a lo que ella denomina “puerta giratoria” (el hecho fehaciente de que un alto cargo político acceda, más tarde, a una compañía particular y contamine los intereses de los sectores público y privado). Asimismo, la síntesis del programa añade, a continuación, su compromiso de cumplir con los tiempos de espera para ingresar desde los servicios de urgencias e implantar un Plan de Formación periódico para los profesionales de esta área.

Asunto éste que, una vez más, engarza con un asunto de plena actualidad al haber sido Andalucía, hace muy poco, la única comunidad autónoma, con Cataluña, que ha introducido algún tipo de regulación respecto a la figura del urgenciólogo.

domingo, 1 de marzo de 2015

01.03.15.- COMO CERRAR LA BRECHA. (EL PAÍS)

EL PAÍS

Cómo cerrar la brecha

La emergencia social por paro, pobreza y exclusión obliga a los partidos a asumir como prioridad la lucha contra la desigualdad

Centro de asistencia Pinar de San José, en Madrid, en febrero. / B. Pérez

Esta es una historia triste, de exclusión, pobreza, paro, precariedad laboral…, de desigualdad, en definitiva. La historia empezó a agravarse en 2008 y se disparó entre 2010 y 2014, por la crisis económica y los recortes sociales, pero llevaba muchos años instalada en la sociedad española, escondida tras la borrachera provocada por la bonanza económica, la burbuja inmobiliaria y el consumo disparado a golpe de crédito. La pobreza existía en España en las ciudades, en los pueblos y en las aldeas, pero no nos dábamos cuenta a pesar de los avisos de organizaciones humanitarias como Cáritas, Intermón-Oxfam o Cruz Roja. Los pobres eran invisibles. Además, pensábamos que era solo cosa de inmigrantes. Estábamos muy ocupados disfrutando de unos años boyantes y los políticos habían dejado de pisar la calle, para gobernar desde la moqueta y el coche oficial.

Mientras tanto, las calles se llenaban de personas sin techo que dormían en soportales o túneles, los comedores sociales no daban abasto y las familias iban acabando con su hucha y no podían ya ser la red de apoyo de sus hijos, hermanos o nietos que dejaron de cobrar las prestaciones sociales.

Pero en el año con más citas electorales desde que estrenamos democracia (andaluzas, autonómicas, locales, catalanas y generales), los partidos políticos parece que se han dado cuenta de la gravedad de la situación y empiezan a incluir en sus programas preelectorales diversas medidas para atajar la situación. Son conscientes de que, ante este panorama de auténtica emergencia nacional, o proponen cambios de peso en la política económica y social o se exponen a una revolución. Incluso en el debate sobre el estado de la nación de esta semana la desigualdad ha sido uno de los asuntos más citados.

No es para menos. Ahí van algunos datos que pueden definir la situación de auténtica emergencia social que vive España:

» Una de cada cuatro personas que quieren trabajar está en paro.

» Uno de cada tres parados no cobra prestación alguna.

» Uno de cada dos jóvenes no tiene trabajo.

» 526 personas perdieron su vivienda cada día en 2012, año récord de los desahucios. Ahora son unos 120 diarios.

» 2,3 millones de niños viven por debajo del umbral de pobreza.

» 13 millones de personas están en riesgo de pobreza o exclusión social y cinco millones se encuentran en situación de exclusión severa.

» 1,3 millones de personas recibieron en 2014 la ayuda básica de emergencia de Cáritas, tres veces más que en 2007. Y 2,5 millones de personas fueron atendidas por esta organización por distintos motivos.

» España suspende, con un 4,85 sobre 10, en el índice de justicia social de la Unión Europea.
» El 1% de la población española tiene el 27% de la riqueza y el 10% acapara más del 55%.
» Tres comunidades autónomas tienen un 30% de su población en riesgo de pobreza, y otras dos, el 25%.

Con esos titulares, no es de extrañar que los políticos se hayan dado cuenta de que no pueden ni plantearse una campaña electoral sin ofrecer por lo menos un poco de esperanza a los ciudadanos más golpeados por la crisis. Otra cosa es que esa famélica legión les crea, porque buena parte de la desafección de los españoles hacia los políticos y las instituciones viene del empobrecimiento que ha causado la crisis económica y los recortes sociales llevados a cabo en los últimos cinco años.

Los primeros en recordar la desigualdad social, económica y territorial que existe en España fueron los representantes de Izquierda Unida (IU). La verdad es que nunca han dejado de ondear esa bandera, sobre todo desde el famoso 10 de mayo de 2010 en que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dio un volantazo a su política económica, forzado por la Unión Europea, iniciando una política de recortes sociales que luego fue multiplicada por el Gobierno de Mariano Rajoy. IU ha sido la fuerza política que más se ha enfrentado a la política de austeridad promovida por el eje Bruselas-Fráncfort.

Luego apareció en el escenario político Podemos, formado por militantes de la izquierda anticapitalista que se hicieron mayores con el chavismo; un partido que formuló grandes promesas de política social en los pasados comicios al Parlamento Europeo, consiguiendo enormes réditos electorales. Al poco tiempo se dieron cuenta de que sus recetas para luchar contra la desigualdad eran imposibles de cumplir (sobre todo la llamada renta básica universal) y las devaluaron notablemente, pero no cabe duda de que su irrupción en la política (y sobre todo las previsiones de las encuestas) ha agitado las conciencias de los partidos de izquierda y de centro izquierda.

El 1% de la población española tiene el 27% de la riqueza y el 10% acapara más del 55%

El PSOE de Pedro Sánchez ha sido uno de los partidos que más ha pisado el acelerador en los últimos meses en busca de propuestas que corrijan la brecha creciente de desigualdad en España. Tal vez por la presión de IU y de Podemos, por los resultados de las encuestas o sencillamente porque han considerado que sus siglas exigen una apuesta seria por una de las señas de identidad de la socialdemocracia: la igualdad de oportunidades. En esa línea, Sánchez ha llegado a proponer hasta la modificación del artículo 135 de la Constitución, relativo al equilibrio presupuestario, que se aprobó en la anterior legislatura por consenso entre su partido, que entonces gobernaba, y el PP. Además, desde hace meses el aparato del PSOE no para de producir papeles sobre desigualdad, y el propio Sánchez ha viajado este fin de semana a Brasil a preguntarle al expresidente Lula da Silva cómo consiguió cambiar la tendencia de desigualdad en su país, uno de los más pobres del mundo.

Ciudadanos ha irrumpido también con fuerza en el panorama de la lucha contra la desigualdad, la pobreza y la precariedad laboral. Lo quisieron dejar muy claro en la presentación, hace dos semanas, de su programa económico. Su competencia con UPyD (partido que desde su nacimiento ha defendido las tesis socialdemócratas y ha hecho innumerables propuestas contra la desigualdad en el Parlamento) les exige un movimiento hacia el centro y no han querido quedarse cortos. Hasta los partidos soberanistas catalanes han hecho un alto en el camino hacia la independencia para centrar sus acciones en la política social.

¿Y el PP? El partido del Gobierno mantiene la teoría de que la mejor forma de luchar contra el paro, la pobreza y la desigualdad es recuperar la senda del crecimiento económico (parece que lo ha conseguido, ¡seamos justos!) y que cuando las cifras macroeconómicas empiecen a cuadrar y la creación de empleo alcance una buena velocidad de crucero, la brecha de la desigualdad empezará a cerrarse. Algo cierto solo a medias, porque Estados Unidos, que disfruta de una magnífica posición económica y ha llegado prácticamente al pleno empleo (5,6% de tasa de paro), es uno de los países con mayor desigualdad del mundo. Por si acaso, Mariano Rajoy anunció el martes pasado algunas medidas sociales que pondrá en marcha en los escasos nueves meses que restan para unas elecciones generales en las que tanto el PP como el PSOE se juegan su propia existencia como partidos hegemónicos.

Entre los detractores de esa filosofía de que para luchar contra la desigualdad hay que fomentar el aumento de la riqueza desde arriba, porque antes o después llegará a todas las capas de la sociedad, está el economista Thomas Piketty. Uno de los escritores más citados de los últimos años con la publicación de su libro El capital en el siglo XXI, en el que desarrolla algunas de las teorías de Karl Marx dos siglos antes. Para Piketty, la desigualdad es una tendencia estructural en la sociedad capitalista, derivada de lo que denomina su fuerza fundamental de divergencia. Lo que viene a decir el economista francés es que cuando el rendimiento del capital es mayor que el propio crecimiento de la economía, la riqueza heredada crece más rápidamente que la producción y la renta y, por lo tanto, aumenta la desigualdad. Y para solucionarlo, propone una drástica reforma fiscal con altos tipos marginales para los ricos, tanto en el impuesto sobre la renta como en el de patrimonio.

Hace menos de un mes, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias compitieron por hacerse la foto con el exitoso Piketty cuando vino a presentar su libro a Madrid. Los dos consiguieron sentarse a su lado y abrazar su doctrina con auténtica pasión. Una doctrina que tiene muchos adeptos, pero también detractores. De hecho, los países de la Unión Europea llevan meses debatiendo sobre si las políticas de austeridad llevadas a cabo para estabilizar las cuentas públicas no han causado males mayores sobre la población. Keynesianos y liberales mantienen la discusión en Europa, con los ojos puestos en Estados Unidos, en donde hay toda una escuela de pensamiento que defiende que para luchar contra la pobreza hay que crear riqueza y que es mejor centrarse en el crecimiento económico que en la redistribución y corrección de las desigualdades.

El director de BBVA Research para España, Rafael Doménech, ha estudiado en profundidad el problema de la desigualdad en España y próximamente publicará un libro sobre el tema con otros profesores de Economía. A su juicio, la desigualdad en España está absolutamente vinculada a dos factores: el desempleo y el capital humano. “Antes de la crisis de 2008”, explica Doménech, “ya había mucha desigualdad encubierta, aunque siempre ha evolucionado en paralelo a la tasa de paro. En estos momentos estamos en una situación muy alta comparada con los países a los que queremos parecernos, especialmente los nórdicos, y en un nivel similar al de Italia o Portugal. De todas formas, es mayor la desigualdad de riqueza que la de rentas”.

Doménech insiste en que el bajo nivel de capital humano (educación) hace que la desigualdad sea un problema crónico y que “cuando vienen mal dadas, como esta última crisis económica, hay una parte de la sociedad española que lo pasa muy mal. Se han creado dos tipos de colectivos: los insiders del sistema, que son los que tienen un trabajo indefinido, los funcionarios y los pensionistas, que afrontan las crisis con ciertas garantías, y los outsiders, un amplio grupo formado por los parados, los empleados temporales y los precarios”. Es ese segundo grupo el que ha crecido de forma espectacular en los últimos años, formando una masa de pobreza que tardará años en reducirse. Y hay un último grupo de pobres con trabajo. Antes, si se tenía trabajo se salía de la pobreza, pero ahora es posible tener un trabajo precario que no dé para salir de ese pozo oscuro de la desigualdad.

A su juicio, “recomponer la situación nos va a llevar mucho tiempo porque hay que tomar medidas que solo tienen efectos a medio y largo plazo, como la reforma de la educación, para conseguir unos ciudadanos con habilidades profesionales vinculadas a los nuevos tiempos”. Este economista de BBVA recuerda además el drama que sufren millones de jóvenes españoles que abandonaron sus estudios entre los noventa y los primeros años del nuevo siglo, incentivados por los sueldos que les ofrecían en la construcción en pleno boom inmobiliario (casi siempre en negro), y cuando llegó la crisis se encontraron en la calle, sin prestación por desempleo ni una formación que les permita conseguir un nuevo trabajo.

En el debate del estado de la nación de esta semana la desigualdad ha sido uno de los asuntos más citados

“Además de las medidas ex post como los subsidios o las ayudas”, añade Doménech, “hay que plantearse medidas ex ante que ayuden a afrontar el grave problema de la desigualdad desde su propia raíz”. Para lograr el objetivo de mayor equidad fiscal, el papel del Estado es crucial. Además de la mejora del capital humano y la calidad de las instituciones, Rafael Doménech se refiere a medidas fiscales (empezando por la lucha contra el fraude) y reformas estructurales.
En la misma línea, el economista de Cáritas Guillermo Fernández Maíllo se reafirma en que “la desigualdad no se va a reducir solamente con la recuperación del empleo en España. El problema es más grave y la fractura social viene aumentando desde hace años; antes de que llegara esta última crisis económica”.

Fernández Maíllo forma parte del equipo que elabora el Informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social, que lleva siete años llamando la atención sobre estos problemas. “Cuando lo presentamos por primera vez en 2007”, explica, “el Gobierno socialista ponía nuestros datos en tela de juicio porque decíamos que el 17% de la población española estaba en situación de exclusión social. Hoy, el dato llega hasta el 25%”. Para elaborar este índice, Cáritas trabaja con ocho dimensiones y más de 35 fenómenos sociales diferentes referidos al empleo, el consumo, la vivienda, la salud, el acceso a la política, las redes familiares y sociales, la conflictividad social y la salud. Y estos indicadores muestran que la desigualdad y la exclusión han estado presentes en la sociedad española durante toda la etapa democrática, aunque en los años ochenta se produjera un descenso notable por las políticas sociales desarrolladas por los sucesivos Gobiernos de Felipe González.

La última crisis económica que estalló en 2008 ha disparado todos los índices de desigualdad, pobreza y exclusión social en España, especialmente por el aumento del desempleo y por los recortes sociales en sanidad y educación. “Hay una generación transversal expulsada del mercado del trabajo y condenada a la exclusión”, dice Fernández Maíllo.

Inmigrantes encaramados en la valla de Melilla, junto al campo de golf situado al lado de la alambrada. / José Palazón (Prodein)

Según Cáritas, la crisis está causando un riesgo de falta de cohesión social en España, con consecuencias graves. Este riesgo se fundamenta en el incremento de la desigualdad y de la pobreza, el aumento del paro, el descenso de los sistemas de protección social, el desgaste de los mecanismos de protección familiar, las desigualdades territoriales y la crisis recaudatoria por la economía sumergida y el fraude fiscal. “Todos estos factores unidos”, explica el economista de Cáritas, “han llevado a que la pobreza sea más extensa, más intensa y se pueda llegar a cronificar. Es más extensa porque aumenta el número de personas que viven bajo el umbral de la pobreza, aumenta el número de hogares con todos sus miembros activos en el paro, aumenta la tasa de paro y se multiplica por tres en diez años el número de ejecuciones hipotecarias. Es más intensa porque cae la renta disponible por persona en valor real, cae el umbral de pobreza y aumenta el número de hogares con dificultades para llegar a fin de mes o sencillamente sin ingresos. Y, por último, la pobreza se cronifica, como lo prueba que casi el 50% de las personas que reciben ayudas de nuestra organización lo llevan haciendo tres o más años”.

Para el célebre autor Thomas Piketty, se trata de una tendencia estructural en la sociedad capitalista

En definitiva, el paro, el endeudamiento de los hogares y los insuficientes sistemas de protección social han llevado a que la fractura social se siga ampliando, creando importantes problemas para las familias que repercuten especialmente en los niños. “Entrar en la exclusión social es muy fácil y salir es muy difícil, casi imposible”, dice Fernández Maíllo. “Los millones de personas que están en esa situación en estos momentos lo tienen más difícil que en las anteriores crisis”. En cuanto a los niños, el economista defiende que no se debe hablar de pobreza infantil, sino de pobreza de las familias y que en estos momentos “existe un riesgo claro de transmisión intergeneracional de la pobreza, como ya ocurrió en las crisis de los ochenta y los noventa, pero más grave porque este pico de pobreza es más intenso, extenso y crónico”.

El Informe Foessa enuncia varias propuestas para luchar contra la pobreza y la exclusión: revisar el sistema de garantía de rentas, implementar políticas públicas de ayuda a las familias, lanzar nuevas políticas públicas de creación de empleo y reducción de la pobreza y recuperar los servicios sociales públicos que se han perdido por los recortes llevados a cabo desde 2010.

Otra organización no gubernamental, Intermón-Oxfam, coincide bastante con Cáritas tanto en el diagnóstico como en las recetas para solucionar el problema. La economista de Oxfam Teresa Cavero explica que “España llegó a esta última crisis con unos niveles de pobreza muy altos, por lo que las consecuencias han sido muy graves. La mezcla de desempleo más recortes sociales ha hecho un daño irreparable en la población, porque cada vez hay más gente con necesidades de ayuda y menos fondos para prestaciones y políticas sociales”.

Cavero enumera las propuestas para afrontar este problema: “En primer lugar, es imprescindible una nueva política fiscal sostenible, progresiva y equitativa, unida a la lucha contra el fraude y la implantación de la tasa Tobin [impuesto a las transacciones financieras]. En segundo lugar, hay que blindar las políticas sociales para que no puedan volver a reducirse como estos últimos años; hay que garantizar la educación y la sanidad universal y de calidad, recuperar la protección social, garantizar unos ingresos mínimos y lanzar políticas públicas de empleo. Y, por último, reclamamos un auténtico refuerzo democrático de las instituciones”.

Las propuestas de Cáritas, Intermón y otras ONG parece que han sido escuchadas por los distintos dirigentes políticos, según se desprende de las últimas declaraciones y documentos presentados por el PSOE, IU, Ciudadanos, UPyD y Podemos. Aunque todavía hay que concretar más las propuestas y cuantificarlas. Lo que ya nadie duda, a estas alturas, es que “hemos llegado a un nivel excesivo de desigualdad que no solo es injusto, sino que pone en peligro la democracia”, como decía hace pocas semanas la catedrática de Ética Adela Cortina en una entrevista a este periódico.

01.03.15.- DEPENDENCIA

Público

Cada hora de 2014 murió un dependiente sin recibir la atención a la que tenía derecho

La lista de espera se redujo porque 8.122 beneficiarios que tenían reconocida la prestación fallecieron

Un dependiente.

EFE

MADRID.- La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha asegurado hoy que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) ha perdido 8.122 beneficiarios en 2014, lo que supone uno menos cada hora del año.

En un comunicado, la asociación afirma que el pasado fue el primero desde la aprobación de la ley de la dependencia que se cerró con saldos interanuales negativos en número de beneficiarios, personas con derecho a prestación, dictámenes y número de prestaciones.

Indica que la reducción de la lista de espera en 2014 hasta los 148.002 se debe "casi en su totalidad" a los fallecimientos de las personas que tenían reconocido el derecho a la prestación, con lo que murieron sin haberla recibido.

"Es notorio que la mayoría de estas bajas se produjeron por fallecimiento", asevera la asociación en el comunicado, en el que, no obstante, se alegra de que las comunidades autónomas hayan conseguido mantener o incrementar en el último año las atenciones basadas en servicios.

El gasto público apenas se ha mantenido en los mismo niveles que en 2013, de forma que el "ligero" incremento en servicios se ha producido por el aumento del copago de los usuarios y por la reducción interanual neta de 34.000 prestaciones económicas por cuidados familiares.