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LETANÍA.
Recitese y tras ello el coro reponderá :
¡M A MA R O N !
Fuente:
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Casos_judiciales_relacionados_con_corrupci%C3%B3n_pol%C3%ADtica_en_Espa%C3%B1a
Los comentarios y las informaciones volcadas en este blog, pueden no reflejar la opinión de MAREA PÚBLICA, que expresa sus propuestas coorporativas a traves de sus manifiestos consensuados en ASAMBLEAS.
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El sistema de salud mental de Andalucía presenta señales evidentes de“insuficiencia” y “descoordinación”, según un informe especial titulado La situación de los Enfermos mentales en Andalucía, presentado por el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo.
El documento, que fue entregado el pasado lunes 8 de abril al presidente del Parlamento Andaluz, “representa un compromiso y una exigencia ética” con las personas con trastorno mental y pretende sacar a la luz las principales deficiencias observadas en la atención a este colectivo en la comunidad andaluza, tal y como ha informado Chamizo en la rueda de prensa posterior.
El informe (de 266 páginas) realiza una revisión exhaustiva de la situación en la que se encuentra la reforma psiquiátrica en Andalucía y la implantación del modelo comunitario de atención en salud mental, analizando la cartera de servicios y recursos, las diferentes modalidades de tratamiento, los problemas de estigmatización o la atención a la salud mental en la población general y en determinados grupos vulnerables, entre otros aspectos”.
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El análisis de la situación revela que la atención que se presta a las personas con trastorno mental en Andalucía dista mucho de alcanzar los principios que basan el modelo de atención comunitaria. En palabras del Defensor del Pueblo Andaluz, estas carencias “están situando al modelo en los límites del reconocimiento como tal, en detrimento de la calidad de las prestaciones y servicios”.
Según los datos aportados, alrededor de 85.000 residentes en Andalucía presentan un trastorno mental de carácter“crónico” y un 25% de la población de esta comunidad ha acudido alguna vez a los servicios especializados de salud mental. A pesar de la elevada incidencia de estos problemas, el informe pone en evidencia la escasez de dispositivos y el descontento de los pacientes con la asistencia recibida.
Algunas de las graves carencias denunciadas en el informe y elaboradas “tras el análisis recopilatorio de la multitud de quejas recibidas”, hacen referencia a:
En relación con los tratamientos en salud mental que se prestan desde el sistema sanitario público, el informe critica:
El documento dedica un apartado especial a determinados grupos especialmente vulnerables, donde la atención en salud mental es aún más precaria, si cabe. Tal es el caso de la población infantil, los menores con problemas de salud mental institucionalizados o la población reclusa.
En el caso de los menores institucionalizados, el informe denuncia la inexistencia de un sistema estructurado de diagnóstico de los problemas que pueden presentar o la falta de coherencia en los criterios de ingreso de los menores (lo que implica que un alto porcentaje de los casos son derivados a estos centros sin un diagnóstico claro de su problema o, incluso, son ingresados injustificadamente con la posterior rectificación), la indefinición de los programas y de la atención en salud mental que se ofrece en los centros, la ausencia de decisiones diagnósticas y de derivación basadas en instrumentos estructurados o estandarizados, etc.
La situación de los reclusos con problemas de salud mental también es grave, según el citado informe, debido a la ausencia de servicios especializados en salud mental en los Centros Penitenciarios, lo que les conduce a un “progresivo abandono y a un proceso de agravamiento de su enfermedad, acercándoles a la marginalidad”.
Durante la rueda de prensa, el Defensor del Pueblo Andaluz ha remarcado, además, que esta situación se ha agravado notablemente debido a los recortes sanitarios derivados de la crisis económica y a la regresión a la que se está sometiendo a la denominada Ley de Dependencia,así como a las medidas legislativas adoptadas que afectan al Estado de Bienestar en materia de pensiones, educación o desempleo. Según Chamizo, se trata de una situación “inadmisible” si tenemos en cuenta que la atención y la protección de las personas con trastorno mental “constituyen una prioridad en las políticas de los países avanzados"."La pandemia de siglo XXI, como definió la OMS a la enfermedad mental ya está aquí, y no nos ha pillado preparados, ni tan siquiera capaces de atender problemas que vienen de antiguo", ha añadido.
En lo que respecta a las deficiencias observadas por pacientes y familiares en la atención a la salud mental en Andalucía, el informe del Defensor del Pueblo Andaluz muestra numerosas similitudes con las conclusiones realizadas por La Comisión sobre Esquizofrenia (The Schizophrenia Comission) del Reino Unido, que calificaba este tipo de fallos en el sistema sanitario como “bochornosos” e inaceptables en una sociedad del siglo XXI (Prácticas vergonzosas en la atención a la esquizofrenia, según un informe del Reino Unido).
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