El Gobierno de
Susana Díaz adjudicó la explotación de la mina de
Aznalcóllar en
un procedimiento plagado de irregularidades, saltándose la ley y «sin
observar el más mínimo rigor». Y todo para dejar el yacimiento en manos
de Magtel, una empresa con fuertes vínculos con la propia
Junta de Andalucía, que le concedió hasta 15 millones en ayudas en cuatro años y que fichó a un ex alto cargo socialista.
Lo hizo en plena precampaña de las autonómicas y como una de las promesas estrella de
Díaz: la reapertura de la mina cerrada tras el vertido de 1998 y la consiguiente creación de cientos de puestos de trabajo.
Las irregularidades (y el entrecomillado) son parte de las
conclusiones a las que ha llegado la juez de Instrucción número 3 de
Sevilla, que investiga el posible amaño del concurso convocado a bombo y
platillo por la Administración autonómica.
La oferta que 'nunca' debió ganar
-
Inversión y empleo. El consorcio formado por Minorbis y
Grupo México prometió una inversión de 304,6 millones y la creación de
476 empleos directos y otros 700 indirectos. La otra aspirante, Emerita,
iba a invertir 642 millones y prometió 892 puestos de trabajo directos.
-
Lo que 'gana' la Junta. Según los términos del concurso, la empresa ganadora debe pagar un canon de 200.000 euros más un porcentaje sobre las ventas.
-
Las cifras de negocio. Minorbis-Grupo México preveía
una cifra global de negocio de 1.620 millones, frente a los 6.800
millones que reflejó en su propuesta Emerita Resources.
En un auto dictado el pasado día 7, al que ha tenido acceso EL MUNDO, la magistrada
Patricia Fernández pone de manifiesto que el consorcio formado por
Minorbis (filial
de Magtel) y Grupo México no cumplía ni uno solo de los requisitos
establecidos en el procedimiento. Y, a pesar de eso, la Junta le otorgó
el 16 de marzo los derechos de explotación de la mina por un periodo de
30 años.La juez destaca que de la información recabada hasta ahora por parte
de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la
Policía Nacional se desprenden abundantes indicios que vendrían a
confirmar las irregularidades denunciadas por la otra empresa que
aspiraba a explotar la mina,
Emerita Resources.
Tanto es así que la juez cree que
Minorbis-Grupo México ni siquiera debería haber superado la primera fase del concurso.
«No se observa -dice literalmente el auto- el más mínimo rigor en la
actuación de la Administración», un reproche que es aún más grave si se
tiene en cuenta, como destaca la juez Fernández, que se trata de la
misma explotación minera que protagonizó en abril de 1998 el que fue
considerado el mayor desastre medioambiental ocurrido en España. Entre
los requisitos que incumple la adjudicataria de la mina están incluidos
los medioambientales.
También investiga la juez si hubo tráfico de influencias, lo que
podría explicar una concesión que, como deja constancia la magistrada en
su auto, no debió haberse producido. Cohecho, prevaricación y
negociación ilegal son otros de los posibles delitos que incluyen las
diligencias judiciales.
Las pesquisas que lleva a cabo la
Udef bajo la dirección de la magistrada apuntan a la directora general de Industria, Energía y Minas,
María José Asencio,
a la que considera «responsable» de las decisiones adoptadas en el
proceso de adjudicación, incluida la resolución, que ella firmó.
Por ello, la magistrada ordena a la Policía que interrogue a esta alto cargo del Gobierno de
Susana Díaz, así como a los técnicos que intervinieron en el concurso.
Todos ellos tendrán que explicar por qué se otorgó la concesión minera de
Aznalcóllar a
Minorbis-Grupo México y también cómo es posible que superara incluso la
primera fase del procedimiento sin reunir los requisitos exigidos.
La juez enumera estos requisitos, entre los que destaca que ni
siquiera acreditó la capacidad de Grupo México a través del preceptivo
informe de la Oficina Consular.
También le llama la atención a la titular del Juzgado de Instrucción
número 3 de Sevilla que las dos empresas asociadas no detallasen en su
propuesta las inversiones comprometidas y califica de «cuestionable» el
acuerdo por el que se asocian. No lo hacen mediante un contrato al uso,
sino a través de lo que llaman una «declaración conjunta de compromiso»
que, en palabras de la juez, no excede de «una declaración de buenas
intenciones».
No acaban ahí los incumplimientos, puesto que la filial de
Magtel y
su supuesto socio mexicano no presentaron el obligatorio seguro por
importe mínimo de 1,5 millones. Tampoco Minorbis presentaba las cuentas
en el Registro Mercantil, y el deber de acreditar el capital social lo
solventaron con «simples capturas de pantalla de las web».
'Evidentes' carencias
En cuanto al equipo técnico -que la Junta puntuó con la máxima nota-,
presenta «evidentes» carencias y deficiencias, mientras que en lo que
respecta a la maquinaria tampoco se observan los requisitos, hasta el
punto de que ni siquiera está en España, sino en América.
La juez incluye en el auto la orden a la
Policía Nacional
de que investigue una reunión celebrada el 11 de abril de 2014 en la
que el presidente de Magtel, Mario López Magdaleno, acudió a la sede de
Emerita Resources. Según denunció esta última,
López Magdaleno
les propuso asociarse porque el concurso estaba adjudicado de antemano y
no tenían posibilidades. Como prueba de su influencia en la Junta, el
directivo de Magtel anunció la llamada, nada más salir él, de un alto
cargo autonómico. Efectivamente, cinco minutos después de irse, el
secretario general de Industria llamó para interesarse por la reunión.
De la relación privilegiada entre el
PSOE y
Magtel no
sólo dan fe los 15 millones en subvenciones de la Junta y los contactos
directos en la cúpula del Gobierno andaluz. Además, el Ejecutivo de
José Luis Rodríguez Zapatero le concedió 9,3 millones de euros cuando el
PP ya había ganado las elecciones y el equipo del
PSOE se encontraba en funciones. El destino de estas ayudas es también objeto de investigación judicial.
Pero la filial de
Magtel -creada pocos días antes de
presentar la oferta- no es la única que ha provocado recelos. Su socio
mexicano está en cuestión en su país de origen y las autoridades
mexicanas le investigan tras provocar el mayor desastre medioambiental
en la historia del país, un vertido tóxico en el río Sonora que, por
cierto, recuerda mucho al ocurrido en
Aznalcóllar hace 17 años y que contaminó gravemente el río
Guadiamar.
