Abogar por el
bienestar social de
las personas que
viven en Andalucía
El bienestar social no se
negocia. Desde el comienzo de la crisis económica
hemos observado cómo se han ido
desmantelando logros alcanzados a través
del esfuerzo ciudadano que
construyó nuestro Estado de bienestar después
del fin de la dictadura. Los
recortes en el estado social afectan de manera directa
en el desarrollo de nuestra
comunidad. El bienestar social y el desarrollo
no pueden estar supeditados al
mero crecimiento económico, sino a la inversa:
sin recuperación de derechos no
habrá recuperación económica; si no es con
más bienestar, no saldremos de la
crisis.
Las circunstancias dramáticas que
se desarrollan en el nivel estatal adquieren
un mayor y profundo calado en
nuestra comunidad andaluza, puesto que la
gestión del Gobierno autonómico
ha estado solo en manos de una fuerza política
desde hace más de tres décadas,
demostrando de manera fehaciente su
ineficacia política a lo largo de
este tiempo.
La crisis económica, en la que la
gran mayoría de la ciudadanía está inmersa,
sigue avanzando en estos días.
Las políticas mantenidas por el Gobierno central,
sumado a la inercia secundada por
el Gobierno autonómico, han supuesto
un ataque directo a la sociedad
civil andaluza a través de la disminución de
medios y presupuesto en educación
−con una disminución del 9% en la inversión
pública durante el periodo
2012-2015−, salud −10,5% de recortes entre
2008-2012−, servicios sociales −disminución
del 13% entre 2011-2014−, coope-
ración al desarrollo −con una
bajada del 46% en el periodo 2008-2013− y han
afectado notablemente a las
políticas de igualdad y migración transversales
a los ámbitos descritos. Todo
ello ha constituido una pérdida de derechos, un
aumento de la desigualdad y un
claro empeoramiento en las condiciones de
vida de las personas. Una
situación dramática que requiere de otras ideas y
medidas para un rescate y
desarrollo urgente de la acción social que revierta el
principal riesgo que corre
Andalucía y España: un cambio en el contrato social
que normalice la pérdida de
derechos y condene a la resignación a nuestros
pueblos.
El desarrollo de las políticas de
bienestar social no es un horizonte que deba
perseguirse, sino la condición
para un desarrollo social pleno. Es el punto de
partida para la ciudadanía, para
alcanzar sus derechos fundamentales y una
convivencia democrática. En
PODEMOS Andalucía, entendemos que la promoción
del bienestar no es un gasto,
sino una inversión imprescindible para la
reactivación económica. Esta
premisa básica debe marcar cualquier modelo
político que se ponga en práctica
en la sociedad actual, y su protección debe
asumirse como prioritaria,
alejándose así de intereses y políticas económicas
que supeditan lo que es de todas
las personas al beneficio de unas pocas.
Debemos tener en cuenta los
principios políticos básicos del bienestar social:
empoderamiento social, soberanía
popular y participación ciudadana. Partiendo
de esta concepción, creemos que
nuestras medidas deben llevar estos tres
principios como prioritarios,
entendiendo el empoderamiento social como la
posibilidad de gestión ciudadana
dentro de un grupo o comunidad; la soberanía
popular como el derecho a decidir
sobre todos los asuntos que conciernen
a la sociedad; y la participación
ciudadana como la complementación entre la
democracia representativa y la
democracia directa y participativa, poniendo a
la sociedad civil andaluza en el
centro de las instituciones y de la capacidad de
decidir autónomamente el modelo
de vida que garantice la autonomía personal
en el marco de la vida colectiva.
La estrategia de convertir los
bienes comunes en mercancías y de privatizar el
espacio público puesta en marcha
desde el Gobierno estatal (y de la que se ha
sido cómplice desde la comunidad
autónoma andaluza) ha socavado las áreas
de educación, salud, servicios
sociales y cooperación al desarrollo, así como
también ha contribuido al
deterioro de las políticas de igualdad y migración.
La defensa del espacio público,
común a toda la ciudadanía, se propone como
la estrategia fundamental para el
desarrollo del Estado de bienestar.
1. CUIDAR LA SALUD PARA GENERAR UNA ANDALUCÍA FUERTE
Andalucía presenta algunas
particularidades que hacen que el funcionamiento
de su sistema sanitario y su
sistema de servicios sociales sea especialmente
importante para su población y
para su desarrollo. Por un lado, Andalucía tiene
un alto índice de desigualdad,
que toma su máxima expresión en la tasa de
paro más elevada de nuestro país.
Por otro, Andalucía presenta importantes
focos de exceso de mortalidad y
morbilidad, especialmente cuando se compara
con el resto de España.
A pesar de esto, nuestra
comunidad autónoma presenta el gasto sanitario por
habitante más bajo de España −1.091€/habitante−
frente al 1.255€/habitante
de la media nacional. Además, en
los últimos años hemos caído en una importante
precarización de las personas
trabajadoras de los servicios sociales y de
salud, debilitando el necesario
vínculo de colaboración entre trabajadoras e
instituciones.
La participación ciudadana en
materia sanitaria se ha llevado a cabo de forma
vertical, concebida esta como un
complemento de decisiones ya tomadas
y no como una parte esencial en
el diseño y funcionamiento de los servicios.
Las políticas en materia de medicamentos
han ido dirigidas al copago, a la no
financiación pública y a la
contención del gasto más que a la adecuación de
la prescripción. La masificación
y deterioro de los servicios de urgencias es ya
constante al haberse convertido
en la válvula de escape de las ineficacias de la
atención primaria y la
especializada.
Objetivos
• Impulsar la rendición de
cuentas por parte de las instituciones ante la población,
tanto con los mecanismos internos
de la Administración guiados
por la transparencia como con formas
adecuadas de participación comunitaria.
• Avanzar hacia la cobertura
sanitaria realmente universal, reconociendo
el acceso a la salud como un
derecho e incluyendo en ese derecho una
visión basada en los aspectos
sociales que determinan la salud, especialmente
en los colectivos más
desfavorecidos.
• Concebir la salud más allá de
su aspecto sanitario, tomando en cuenta
aquellos determinantes sociales −educación,
vivienda, entorno físico,
etc.− cuyas políticas pueden
influir sobre la salud de quienes habitan en
nuestra comunidad. Debemos mirar
a la salud desde un enfoque integral
que incluya todas las políticas y
con una visión que permita disminuir las
desigualdades sociales en salud
en nuestra comunidad, para lo que es
fundamental el papel de los
servicios de salud pública como centro de
coordinación entre lo sanitario,
lo social y lo institucional.
Proponemos tres estrategias que
vertebrarán la totalidad de las medidas presentadas
en adelante.
• La potenciación de la atención
primaria como eje vertebrador del sistema
sanitario y no como la gran
olvidada de nuestro sistema. La evidencia nos
dice que un sistema eficiente
pasa por una atención primaria de calidad.
• Incluir objetivos específicos
en los planes de salud y en el acceso, efectividad
y calidad de los servicios
sanitarios para la disminución de desigualdades
en el estado de salud.
• La apuesta por una integración
socio-sanitaria real que posibilite un enfoque
integral que incluya la mirada
hacia los determinantes sociales de
la salud y la acción coordinada
de los servicios de salud y los servicios
sociales.
PROPUESTAS
a. Financiación
1. Aumentar el gasto sanitario
por habitante para que converja con la
media estatal. Este aumento de financiación a corto plazo favorecerá
que las reformas que se
introduzcan sean sostenibles. La inversión en el
sistema sanitario puede tener un
importante poder de redistribución y
garantía de la funcionalidad
social de los individuos.
2. Fijar un mínimo de
financiación para las partidas más atacadas por los
recortes −atención primaria y
salud pública−.
3. Reformar el modelo
organizativo creando áreas básicas socio-sanitarias
que sirvan como unidad de
financiación y priorización de la financiación
para las zonas con especial
necesidad de transformación social.
b. Cobertura sanitaria
4. Ampliar la visión de la
universalidad. Lograr la cobertura sanitaria
universal,
la cual fue eliminada tras
aprobarse el RD 16/2012, tanto en la
asistencia como en el acceso a
las prestaciones de medicamentos y los
aspectos sociales que determinan
la salud.
5. Monitorizar la cobertura,
especialmente en colectivos vulnerables. Supervisar
los mecanismos de cobro a
entidades privadas, mutuas y otros
Estados.
6. Cubrir la pérdida de acceso a
la cobertura sanitaria de las y los andaluces
que han salido a buscar trabajo
al extranjero y han visto perder sus
derechos.
c. Equidad en el sistema sanitario
7. Despatriarcalizar el sistema
sanitario mediante la corrección de su
heterosexismo y de los procesos
de medicalización de las vidas y los
cuerpos de las mujeres como una
forma de violencia, garantizando un
sistema sanitario que permita a
las mujeres, con todas las garantías,
poder decidir sobre su propio
parto.
8. Sensibilizar y adoptar las
medidas oportunas para aquellas enfermedades
asociadas o agravadas por
cuestiones de género, tales como la
salud mental, diversas
patologías o trastornos del comportamiento alimentario.
9. Potenciar la educación
afectivo-sexual, garantizando la salud sexual
reproductiva y la interrupción
voluntaria del embarazo.
d. Participación comunitaria
10. Impulsar los Consejos de salud
como área de participación e integración
social y sanitaria. Crear una partida presupuestaria −con financiación
autonómica− para su gestión desde
los Consejos locales de salud,
para la acción local en salud y
servicios sociales.
11. Impulsar la promoción de la
salud como eje vertebrador de la participación
que potencie el empoderamiento
de personas y comunidades
sobre los aspectos de su vida y
su ciudad que influyen en la salud.
12. Fomentar la participación de
colectivos vulnerables, en oposición a la
actual participación basada en
la elección por azar.
13. Constituir una Red Andaluza de
Activos en Salud utilizando los consejos
de salud como punto de
coordinación y difusión de estos activos.
e. Integración asistencial
14. Lograr que la coordinación e
integración asistencial sea uno de los
centros en torno a los cuales
gire el sistema sanitario y cuyo eje sea la
atención primaria. Crear una historia clínica electrónica socio-sanitaria
única para la mejora e
integración de la asistencia social y sanitaria, así
como para la investigación
aplicada en servicios y políticas públicas.
Esta integración pasa por:
15. Coordinar la atención primaria
con la especializada y los hospitales.
16. Facilitar la independencia
organizativa en los centros de atención primaria
y las iniciativas para aumentar
la duración de las consultas y la
disminución de los tiempos de
espera.
17. Impulsar el rol central de la
enfermería y revisar las ratios médico/a-enfermero/
a, especialmente en atención
primaria.
f. Evaluación de prestaciones y políticas
18. Impulsar la evaluación de las
prestaciones y las políticas públicas como
fundamento del funcionamiento
del sistema sanitario y los servicios
sociales.
19. Impulsar una auditoría y
evaluación de las políticas sanitarias.
g) Gestión pública
20. Auditar el gasto público en
concesiones, conciertos y externalizaciones
sociales y sanitarias con
empresas privadas en las últimas dos legislaturas,
empezando por aquellas
otorgadas a empresas con ánimo de lucro.
21. Apostar por la gestión pública
directa de unos servicios que fomenten
la equidad actuando con
eficiencia y promover la colaboración pública
con cooperativas y otras
organizaciones en el ámbito de la asistencia
social, especialmente las que
existen en el ámbito de la atención a mujeres
y niñas y niños víctimas de
maltrato.
22. Evaluar la privatización de
servicios no clínicos −hostelería, limpieza,
etc. − tanto en costes como en resultados y la eficiencia
de las innovaciones
organizativas −Hospitales de Alta
Resolución, Áreas de Gestión
Sanitaria−.
23. Simplificar la estructura
organizativa del SAS con el objetivo de mejorar
la integración, coordinación
territorial y capacidad de planificación
de las acciones asistenciales,
tanto en el ámbito de la atención hospitalaria
como de atención primaria, así
como su integración efectiva con
los servicios de salud pública
y de tipo socio-sanitario.
24. Integrar los organismos de
titularidad pública adscritos a la Consejería
de Salud (Agencias Públicas
Empresariales Sanitarias y Empresa de
Emergencias Sanitarias) en el
Servicio Andaluz de Salud.
h. Transparencia sanitaria y rendición de cuentas
25. Publicar anualmente datos
sobre estructura, funcionamiento y resultados
de los servicios sanitarios y
sociales y del sistema en su conjunto −
públicos y privados−,
incluyendo datos sobre resultados en salud y sus
determinantes.
26. Publicar criterios y
procedimientos para la toma de decisiones en salud
y el gasto sanitario.
27. Fijar fechas para el
cumplimiento de objetivos y para la rendición de
cuentas ante la población.
i. Gestión de profesionales
28. Impulsar un plan de recursos
humanos contra la eventualidad laboral
en los servicios públicos
sociales y sanitarios.
29. Convertir en personal
indefinido a aquellas/os profesionales que, según
la legislación vigente, hayan
encadenado el número de contratos necesarios
para dejar de seguir siendo
eventuales.
30. Implantar un Plan de Formación Interna de
profesionales que responda
a las necesidades de las
personas trabajadoras y del sistema sanitario,
de alta calidad y
accesibilidad.
31. Aplicar rigurosamente la
Ley de Incompatibilidades.
j) Política farmacéutica
32. Fomentar las compras
centralizadas a nivel autonómico y estatal. Priorizar
la necesidad de continuidad y
adherencia de los pacientes a los
tratamientos por encima de las
disminuciones marginales de coste buscadas
por la subasta de medicamentos e
instaurar medidas para que no
deban cambiar de marca con frecuencia,
ya que esto pone en riesgo el
cumplimiento de los tratamientos
y la salud de las y los pacientes.
33. Fomentar las nuevas formas de
contrato para la introducción de medicamentos
innovadores.
k. Servicios de Urgencias
34. Planificar los períodos de alta
frecuentación con antelación para anticipar
los colapsos y evitar
actuaciones improvisadas y parciales.
35. Cumplir los compromisos de
tiempo de espera para ingresar desde Urgencias
e inclusión de esto como
indicador publicado periódicamente.
36. Implantar un Plan de
Formación periódico para los profesionales.
l. Salud mental:
37. Aumentar la capacidad de
resolución de la atención primaria en temas
de salud mental mediante la
formación, apoyo institucional y coordinación
con los dispositivos
especializados.
38. Introducir la perspectiva de
género en los planes de salud mental que
se implanten, considerándola
como fundamental, y diseñar planes de
atención socio-sanitaria al
malestar, donde la perspectiva de género es
especialmente relevante.
2. PREVENIR CON EL DEPORTE: UNA VIDA ACTIVA Y SALUDABLE
El deporte, una actividad humana
altamente ligada a la construcción de lazos
sociales, constituye un elemento
de unión e identidad de Andalucía. Esta actividad
marca la vida de las y los
andaluces a través de los grandes eventos deportivos,
la formación de los hijos y las
hijas con la educación física o el hábito
saludable del ejercicio
deportivo, especialmente cuando tiene lugar fuera de
los ámbitos mercantilizados.
Sin embargo, en Andalucía aún se
practica mucho menos deporte que en la
mayor parte de las regiones
españolas −35% de la población−, encontrándonos
a la cola de España y de Europa.
Se vive lo que se denomina una «brecha deportiva
», pues apenas se realiza entre
las clases bajas, las mujeres y la población
mayor. Existe además un alto
grado de intrusismo y competencia desleal
y se experimenta un alto grado de
externalización de los servicios deportivos
básicos.
Todo ello explica que Andalucía
requiera de una reorientación de sus políticas
deportivas, pensada para
garantizar la consolidación del hábito deportivo en
la ciudadanía, la igualdad de oportunidades en el
acceso a los servicios y las
