lunes, 31 de diciembre de 2012

31.- DEL BLOG "EL NIÑO QUE JUEGA A LOS DADOS"






"Inocencia es el niño, y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, un santo decir sí. Sí, hermanos míos, para el juego de crear se precisa un santo decir sí: el espíritu quiere ahora su voluntad, el retirado del mundo conquista ahora su mundo." (Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra)

viernes, 28 de diciembre de 2012

Vinieron de dentro de...

          Finalmente se consumó el desfalco, la gestión de seis hospitales públicos pasará a ser privada con el apoyo unánime de los diputados del PP de la Asamblea de Madrid. Están en su derecho dirán algunos, su mayoría parlamentaria les legitima para tomar esa decisión. ¿Seguro? Estudiemos un poco los hechos mediante sun diálogo ficticio pero basado en hechos reales.
 
          - ¿Cuál es la razón aducida para privatizar la gestión de dichos hospitales?
          - Que están mal gestionados.
          - ¿Quién los ha gestionado hasta ahora?
          - Aquellos que han votado a favor de su privatización.
          - Vaya... o sea que los gestores de la Comunidad de Madrid reconocen su incompetencia y por ello ceden su responsabilidad a terceros que juzgan más competentes, ¿pero si eso es así, no debería dimitir alguien, pedir perdón, ser juzgado incluso?
          - Noooo, porque en realidad esta mala gestión es fruto de una herencia envenenada, es el resultado de la mala gestión de gobiernos anteriores.
          - ¿El estado actual de las cuentas de la Comunidad de Madrid es responsabilidad de los que la gobernaron hace... 17 años?
          - No exactamente, pero sí del sistema que ellos establecieron, que es extremadamente rígido y no concede suficiente autonomía a los hospitales.
          - ¿Luego lo que convendría es reformar tal vez la función pública o el sistema de gestión de los hospitales?
          - No, porque hay algunos hospitales deficitarios.
          - ¿Los que se construyeron hace más de 17 años?
          - Buenoooo, más o menos.
          - ¿De esos se privatiza la gestión?
          - No exactamente. Se privatiza la gestión de seis hospitales construidos hace dos legislaturas.
          - ¿Por qué?
          - Porque una empresa privada además de dar un servicio necesita generar beneficios, y hay ciertos servicios que no pueden no ser deficitarios. Por ello la empresa privada se ocupará tan solo de los servicios que tengan un coste más asequible.
          - ¿Pero entonces habrá servicios que desaparecerán?
          - Noooo, ni mucho menos. El Servicio Madrileño de Salud en su conjunto seguirá prestando la misma atención pero parcelada: en la práctica los hospitales públicos asumirán los servicios más caros y los hospitales de gestión privada los más asequibles.
          - Pero entonces no es que la gestión privada sea más eficiente.
          - Sí, porque en los hospitales de gestión privada se podrá contratar a menos personal y con un salario menor, pero se les seguirá exigiendo el mismo grado de profesionalidad.
          - Ya, y eso en conjunto podría redundar en un menor gasto total para la Administración, pero, ¿no lleva ya bastantes años la Comunidad de Madrid haciendo contratos eventuales de seis meses de duración y no ha habido ya varias bajadas salariales?
          - Bueno, sí pero...
          - ¿Pero...? O sea que algo que es de todos los madrileños, que funcionaba correctamente y sin excesivo déficit, por culpa de unos gestores que deciden ganar unas elecciones a base de prometer que construirán ocho hospitales (que construyen empresas privadas a las que se les paga luego un canon de alquiler cada año), renuncian al cabo de unos años a la gestión de seis de esos hospitales asumiendo con ello su incompetencia a la hora de gestionarlos, defienden que con esa renuncia se ahorrará dinero cuando en realidad lo que ocurrirá es que ganarán dinero unas empresas privadas a costa de ser financiadas con dinero público y de que la administración asuma las partidas más complejas de la gestión... ¿y dice que esto, que tiene toda la pinta de desfalco en toda regla a los ciudadanos madrileños, es legítimo porque dichos ciudadanos votaron a favor de ello al votar a favor del programa electoral del PP en las últimas elecciones?
          - ¡Sí! Eso es. Bueno... No. No exactamente.
          - ¿No exactamente?
          - Bueno, es que nada de esto aparece en el programa electoral del PP de las pasadas elecciones.
          - ¿Cómo? ¿Ni una ligera mención a la "externalización" de servicios sanitarios, a la colaboración de iniciativa privada y pública en la gestión sanitaria?
          - Ejem. No.
          - ¿Está diciéndome entonces que el voto de los ciudadanos es un cheque en blanco, que el programa de los partidos no les compromete en absoluto en su gestión?
          - Bueno, un poco sí, pero es que la situación económica...
          - ¿Los partidos políticos elaboran sus programas electorales de espaldas a la realidad? ¿Y eso no es incompetencia e irresponsabilidad?
          - No, es que el despilfarro, el déficit generado por los gestores anteriores...
          - ¿Generado hace 17 años?
          - No, del Gobierno de la Nación.
          - ¿Pero la gestión de la Sanidad no lleva años transferida? ¿No la transfirió de hecho el Partido Popular cuando estuvo en el Gobierno?
          - Sí pero...
 
          ¿Sigo? Es más sencillo que todo esto. Hemos puesto a la zorra a cuidar de las gallinas, a gestionar la Sanidad pública a quienes no creen en la gestión pública de la Sanidad, y lo que han hecho es una profecía que se autocumple: gestionar pésimamente para convencernos de que es imposible que gestores públicos gestionen adecuadamente.
          Como ciudadano madrileño siento que estoy asistiendo a una gigantesca estafa. Insisten en que la Sanidad seguirá siendo gratuita y universal, pero ya ha dejado de ser ambas cosas por el copago farmacéutico y con la exclusión de los inmigrantes sin papeles de la atención sanitaria. Es cierto que el ciudadano medio no notará el cambio, en efecto, pero será sencillamente porque los hospitales de gestión pública darán la cobertura necesaria a aquellos pacientes excluidos de los hospitales de gestión privada, es lo bueno del área única sanitaria, los hospitales de gestión privada podrán especializarse en lo vistoso, barato y fácil, y los de gestión pública en lo oscuro, caro y laborioso. Es lo bueno... para Sanitas, Capio y demás empresas del ramo, que son las que sí se están beneficiando profundamente de la gestión de la Comunidad de Madrid. ¿Es o no es un robo? Su dinero ya no financia lo que es suyo, sino a ciertas empresas (pero a las que usted no elige).
          Ya lo sabe, si usted es ciudadano vale lo que vale su voto, le subirán los impuestos, si usted es un banco o una empresa amiga, el Estado o la Comunidad Autónoma financiarán sus deudas. Lo llaman liberalismo pero su nombre real es corporativismo o feudalismo capitalizado. En el rango de los peores sistemas económicos posibles creo que solo el modelo mercantilista del absolutismo lo supera.

31.- ISLANDIA. CONDENA A DOS BANQUEROS

EL PUBLICO.ES




Condenados en Islandia los dos primeros banqueros por la crisis financiera

Los responsables del tercer banco del país son condenados a 9 meses de prisión por la crisis que arrastró a su economía a la recesión

AGENCIAS Reikiavik 30/12/2012 16:19 Actualizado: 30/12/2012 17:40
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Islandia condena a dos banqueros por el colapso bancario del país, cuando pinchó la colosal burbuja que se había formado por un excesivo crecimiento de su sistema financiero (en 2003, los activos de las entidades suponían un 174% del PIB de Islandia, y ese porcentaje ascendió al 744% en 2007). Un tribunal de Reikiavik ha condenado a nueve meses de prisión a los dos máximos responsables del banco Glitnir, el primero de las tres mayores entidades financieras que quebró y que tuvo que ser intervenida, y que provocó una profunda crisis en el pequeño estado del Atlántico norte.

Se trata del ex consejero delegado del banco Larus Welding, y de uno de sus más estrechos colaboradores en la entidad, Gudmundur Hjaltason, que fueron acusados de fraude por haber concedido prestamos con un elevado riesgo y que acabaron provocando la quiebra de la entidad. Son los primeros banqueros que son condenados por la crisis financiera.

En septiembre de 2008, los tres mayores bancos islandeses (Glitnir, Landsbanki y Kaupthing) quebraron consecutivamente por su voluminosa deuda, y arrastraron al país a su mayor recesión en seis décadas. Su rescate obligó a que el país pidiera ayuda financiera al FMI, a cambio de un severo plan de ajuste. Larus Welding fue arrestado hace un año por orden del fiscal especial que se encarga de las investigaciones por las causas de la crisis financiera. El tribunal ha condenado a los dos directivos bancarios por haber aprobado un préstamos de 102 millones de euros sin las suficientes garantías a una sociedad tenedora de acciones de Glitnir, para que ésta a su vez pudiera pagar una deuda con Morgan Stanley. Aquella operación se realizó vulnerando las propias reglas de la entidad, elevó considerablemente los riesgos del banco, y acabó provocando unas pérdidas de 53,7 millones de euros.

Aunque han sido condenados, la pena impuesta a los dos directivos de Glitnir está muy por debajo de lo que el fiscal especial había pedido para ellos: cinco años y medio de prisión para Welding, y cinco años para Hjaltason.

En abril pasado, el  ex primer ministro islandés , Geir Haarde, fue declarado inocente por la Justicia de su país tras ser acusado de no haber hecho lo suficiente para impedir la bancarrota del sistema financiero. En el juicio, Haarde negó responsabilidades en la quiebra bancaria sufrida por Islandia en 2008, alegando que no disponía de información al respecto. La sentencia del Landsdómur (un tribunal especial) exculpó a Haarde de tres de los cuatro cargos de que estaba acusado, aunque lo condenó por haber violado la ley sobre la responsabilidad de los ministros al no convocar reuniones del Consejo de Ministros para analizar la situación.


domingo, 30 de diciembre de 2012

30.- FOTO DE FACEBOOK. LA OPCIÓN.

Antes de que empiece el 2.013
es preciso que sepamos
en que programas electorales
dejan  hueco para la
 OPCIÓN PREFERENCIAL
por la pobreza




FOTO FACEBOOK


30.- PETICIÓN DE LIBERTAD






Manifestación a favor de la libertad de Alfonso Ortega, detenido por "alarma social" en el 14-N
Sociedad 28/12/2012 18:10
Alfon Libertad
 
 
El detenido en la huelga general que sigue en prisión fue acusado de "alarma social", una figura que no contempla la ley

La plataforma Rereguàrdia en Moviment, compañía solidaria contra la represión polítia, convoca hoy en Barcelona, a las 19 horas, una huelga delante de la Delegació del Govern para exigir la inmediata puesta en libertad de Alfonso Ortega, detenido en la huelga general del 14-N por "alarma social", según fuentes jurídicas.

Los hechos se remontan al pasado 14 de noviembre, día de la última huelga general, la familia Fernández Ortega se disponía a pasar una jornada manifestándose en contra de los recortes sociales del Gobierno. Alfonso, el hijo mayor, salió de su vivienda en el madrileño barrio de Vallecas muy temprano hacia la vecina casa de su tío antes de unirse a los grupos de piquetes. Apenas dos minutos después de alejarse de su portal, fue detenido por agentes de la policía nacional. Le acompañaba su novia Daira, también detenida.

Los agentes le acusaron de portar una bolsa con material para hacer explosivos, fue conducido a la comisaría de Moratalaz y, tras 48 horas de arresto, el auto de la jueza de guardia dictaminó prisión preventiva contra él. Daira quedó en libertad y Alfonso fue ingresado en Soto del Real, donde continúa a día de hoy con el régimen de aislamiento FIES 5 (Ficheros de Internos de Especial Seguimiento), el mismo que se aplica a internos vinculados a la delincuencia internacional o a condenados por terrorismo islamista, ente otros, y que limita las comunicaciones escritas y habladas con el exterior.

A partir de aquí, dos hechos han provocado la indignación del barrio de Alfonso, donde su familia es conocida por su compromiso social, y por los que Elena Ortega, la madre, ya ha recabado el apoyo de partidos políticos y sindicatos. El primero de ellos es la acusación: la bolsa con material explosivo que supuestamente llevaba Alfonso "no tiene huellas dactilares que le incriminen" y, según los informes policiales, "tampoco consta que el detenido llevara guantes", señala su abogado, Erlantz Ibarrondo.

El segundo hecho ha sido calificado por el propio abogado defensor de "aberración jurídica": Alfonso, de 21 años, ha pasado 20 días cumpliendo prisión preventiva por "alarma social", un precepto que no está incluido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM). "Lo singular del procedimiento es que cuando se celebra la comparecencia para ver si se aplica la medida cautelar de la prisión preventiva, la jueza de guardia la acepta por entender que se trata de un caso de alarma social; pero la ley legisla cuándo se puede internar a alguien en preventiva y la alarma social no está contemplada", aclara Ibarrondo. "No se puede motivar de este modo un auto para meter a alguien en prisión preventiva", recalca el abogado.

La defensa de Alfonso recurrió el auto poniendo de manifiesto esta circunstancia, y en la respuesta, obtenida el pasado martes, se ha cambiado el criterio de "alarma social" por otro sí legislado como es el riesgo de fuga. Es decir, la Audiencia Provincial, consciente de que no puede dictar prisión preventiva por "alarma social", cambia la motivación del auto pero insiste en que Alfonso permanezca en prisión.

"Él trabaja de autónomo como operario de una compañía de seguros, ¿qué riesgo de fuga o desarraigo podría tener?", se pregunta Elena, su madre. Ahora la defensa ha presentado pruebas del arraigo laboral y social para que Alfonso pueda permanecer en libertad hasta la celebración del juicio, en el que podría enfrentarse a una pena de entre cuatro y ocho años de cárcel.

SIN PRUEBAS CONCLUYENTES
La acusación que afronta Alfonso es la de tenencia de materiales explosivos. Según su defensa, la única prueba que habrá será la palabra del agente que asegura haber visto a Alfonso con la bolsa que contenía ese material. "Estaríamos ante dos versiones diferentes pero, dentro de la jurisdicción penal, tiene la misma validez la palabra de un policía que la de un acusado", aclara Ibarrondo. "No tienen nada más; sus huellas no están ni por dentro ni por fuera de la bolsa, y tampoco se incautaron guantes; aún así, mantenemos la cautela".

Durante las horas que Alfonso permaneció arrestado en la comisaría de Moratalaz, la policía practicó tres registros domiciliarios: en su casa, en el domicilio de Daira y en la sede de Bukaneros, el club de hinchas del Rayo Vallecano. "Se presentaron cinco policías con la cara tapada con pasamontañas y sólo se llevaron el móvil de Alfonso, que se lo había dejado en casa porque sólo iba a pasear el perro con su tío, pero tenía pensado volver", relata la madre del detenido. "A veces me resulta increíble lo que estoy contando; me pregunto que en qué país vivimos y me asusto mucho".

"En mi casa tenemos banderas republicanas, camisetas a favor de la escuela pública, etc. Somos gente de izquierdas, pero no somos terroristas", apunta Elena, que considera desmesuradas las medidas contra su hijo.

La familia de Alfonso ha recabado apoyos ciudadanos con los que ha organizado ya varias concentraciones en Vallecas pidiendo la libertad del único detenido en la jornada europea de huelga general que aún permanece en prisión. El próximo viernes 14 está convocada una rueda de prensa para explicar las nuevas movilizaciones en las que se incluye una concentración frente a la delegación de Gobierno, el sábado 15, y una marcha a pie hasta la prisión de Soto del Real, el domingo 16 de diciembre.


PLATAFORMA "ALFON LIBERTAD"
La situación de Alfonso ha aglutinado muchas opiniones y respaldo mediante las redes sociales, en especial su plataforma Alfon Libertad, quien mantiene constantemente a los usuarios al día sobre su estado.

La plataforma informó ayer sobre la ratificación de penalización de Alfonso, y su empeño en luchar por la justicia:

" Sabíamos que estábamos en una semana clave, que en estos días era más que probable que la jueza resolviera por fin. Y lo hizo, aunque no con el resultado que todos deseábamos: Alfon continuará en prisión preventiva.

“Por la defensa del imputado se interesa la libertad provisional alegando que la prisión provisional se acuerda para evitar el riesgo de fuga y que debe acordarse otras medidas menos gravosas para garantizar dicha presencia, al poseer el imputado arraigo."

Las razones alegadas por la parte en su escrito no desvirtúan las tenidas en cuenta a la hora del dictado en su día de la prisión provisional, fundamentos que, no expuestos en aras de no reiterar las mismas argumentaciones, permanecen, por el momento incólumes.

Se mantienen pues sin variar las circunstancias que en su momento dieron lugar a la adpción de la medida estando a la espera en este momento procesal únicamente del informe policial sobre los hechos, por lo que a pesar del posible arraigo que pretende la defensa, persiste el evidente riesgo de fuga debido a la grabedad delictiva y a lo elevado de las penas que llevan aparejadas los hechos.

Se desestima la petición de libertad formulada por la representación de Alfonso Fernández Ortega y se mantiene la situación de prisión provisional acordada por auto de fecha 16 de noviembre de 2012.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reforma.

Así lo manda y firma Doña Mercedes Gutiérrez Suárez, Magistrado-Juez sustituta del Juzgado de Instrucción Número 21 de Madrid.”

Ya no existe la alarma social que se inventaron al principio, ni la banda armada que han intentado fabricar, ahora todo el argumentario se basa en un supuesto riesgo de fuga, aún reconociendo que Alfon puede tener arraigo. No importa, cualquier excusa les vale para mantenerle entre rejas.
 "


Tras este comunicado, inician en el día de hoy, 28 de diciembre, diferentes huelgas por toda España para exigir su puesta en libertad.

30.- UNO DE LOS DESTINOS DE LA EXTRA DE NAVIDAD DE LOS FUNCIONARIOS

(Si sobra algo depues de pagarle el alojamiento al ministro del interior,
 pues para porras, para cascos, para pelotitas de gomas...
Eso,  la extra de Navidad de los funcionarios, para comprarle los  regalos de reyes a la "Poli"
Un mil y pico  % mas en material antidisturbios que en los presupuestos del año pasado.
Probado en las propias carnes de los cuerpos de seguridad del estado
 nos comentan que son de una excelente calidad y que hacen muchísimo daño. A prepararse.
 Tic, tac..tic,tac...)
Paracelso.



EL CONFIDENCIAL




EL MINISTRO PERCIBE DIETAS DEL CONGRESO COMO DIPUTADO DEL PP POR BARCELONA

Fernández Díaz cobra 1.800€ al mes para alojamiento pero vive en la sede de Interior

 

 


Fernández Díaz cobra 1.800€ al mes para alojamiento pero vive en la sede de Interior
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. (EFE)


Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior y diputado del PP por Barcelona, completa su sueldo oficial con los 1.823,86 euros mensuales que le paga el Congreso para gastos de alojamiento y manutención en Madrid, pese a que vive en la propia sede del ministerio, en el paseo de La Castellana.

Fuentes policiales han asegurado a El Confidencial que Fernández Díaz reside en la sede del Ministerio de Interior, en una zona habilitada como vivienda en la última planta del edificio que se comunica directamente con su despacho oficial. Un portavoz ministerial confirmó ayer ese extremo.

Fernández Díaz, que fue secretario de Estado en todos los gobiernos de José María Aznar -primero de Administraciones Territoriales, luego de Educación y más tarde de Relaciones con las Cortes-, es vallisoletano de nacimiento, pero encabezó la candidatura del PP por Barcelona en las pasadas elecciones generales.

El ministro de Interior, que ingresa un salario de 64.053,79 euros anuales, no cobra el sueldo de diputado porque la ley prohíbe percibir dos retribuciones públicas, pero sí se embolsa las dietas que paga el Congreso para "afrontar los gastos de alojamiento y manutención en la capital", que ascienden a 1.823,86 euros.

Esa cantidad está exenta de tributación y no tiene carácter salarial, por lo que Fernández Díaz puede compatibilizarla con su salario de ministro. Las dietas de alojamiento y manutención se establecieron para que los diputados de fuera de Madrid hagan frente a los gastos derivados de su estancia -los de la capital cobran casi 1.000 euros menos-, pero 62 parlamentarios siguen percibiendo esas ayudas pese a que tienen vivienda propia en Madrid. El único que ha renunciado a ellas es Toni Cantó, de UPyD.

Viviendas y plazas de garaje 

Fernández Díaz tiene una vivienda unifamiliar en Madrid, que adquirió en el año 2000, además de otra en Barcelona y dos plazas de garaje, según consta en la declaración de bienes que presentó en el Congreso al inicio de esta legislatura. El ministro está casado en régimen de separación de bienes.

Otros cuatro ministros que también fueron elegidos diputados en circunscripciones distintas de Madrid cobran las mismas dietas parlamentarias que Fernández Díaz: se trata de Cristóbal Montoro (Sevilla), Fátima Báñez (Huelva), José Manuel Soria (Las Palmas) y Ana Pastor (Pontevedra). El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros Alberto Ruiz-Gallardón, Ana Mato y Miguel Arias Cañete -todos diputados por Madrid- perciben 870,56 euros mensuales.

Mientras todos ellos siguen compatibilizando su sueldo oficial con las dietas para casa y comida del Congreso, los ex ministros y ex altos cargos ya no podrán cobrar al mismo tiempo, como ocurría hasta ahora, un salario público o privado y la indemnización que percibían durante los dos años posteriores a su cese, equivalente al 80% de la retribución que ingresaban estando en activo. El decreto de ajuste convalidado la semana pasada en el Congreso, que contiene los recortes más severos de la democracia, acabó con esa cesantía.

viernes, 28 de diciembre de 2012

28.- ORDEN DEL DÍA PARA ANTEQUERA








Reunión Regional de las Plataformas de Sanitarios  
Fecha 12 de enero 2013 a las 10 am
Lugar Sede del Ilustre Colegio de Médicos en Antequera
Alameda de Andalucía 29

Orden del día
  1. Presentación de los asistentes y elección de un moderador
  2. Definir plataforma reivindicativa para negociar (líneas rojas)
  3. Turno de palabra para proponer  medidas concretas de acción por los representantes de cada provincia. (10 minutos máximo por cada intervención) lo ideal sería enviar antes por correo para llevarlas preparadas
  4. Elección de las medidas más votadas
  5. Elaboración de un calendario y nombramiento de responsables en cada provincia
  6. Escoger fecha para la siguiente reunión del primer trimestre de 2013
  7. Ruegos y preguntas 
  8. Elaboración de las conclusiones para la rueda o el comunicado de prensa 
    ANTEQUERA






28.- A LA VENTANILLA MAS PUÑETERA DE 8 A 3 Y SIN LA EXTRA. O A LA PUERTA DE URGENCIAS DE 8 A 8...A ELEGIR







Vergüenza es una palabra que no conocen sus "señorías". Mientras aprobaban la ley que permitirá regalar la gestión de los hospitales públicos a empresas privadas, para que obtengan beneficios a coste cero, la tasa de un euro por receta y las medidas fiscales para favorecer el complejo "Eurovegas", Bartolomé González Jiménez y María Isabel Redondo Alcaide, pasaban la tarde jugando a "Apalabrados". A esto se dedican para justificar el sueldo de casi 50.000 euros anuales que se meten en el bolsillo. Así se ríen de nosotros, mientras los ciudadanos sufrimos recortes brutales. Esto es injustificable, bochornoso, una burla a los que les han votado y a los que no. Estas personas deben dimitir ya.

http://www.20minutos.es/noticia/1688391/0/asamblea/apalabrados/diputados/
ASI...
 
Vergüenza es una palabra que no conocen sus "señorías". Mientras aprobaban la ley que permitirá regalar la gestión de los hospitales públicos a empresas privadas, para que obtengan beneficios a coste cero, la tasa de un euro por receta y las medidas fiscales para favorecer el complejo "Eurovegas", Bartolomé González Jiménez y María Isabel Redondo Alcaide, pasaban la tarde jugando a "Apalabrados". A esto se dedican para justificar el sueldo de casi 50.000 euros anuales que se meten en el bolsillo. Así se ríen de nosotros, mientras los ciudadanos sufrimos recortes brutales. Esto es injustificable, bochornoso, una burla a los que les han votado y a los que no. Estas personas deben dimitir ya.

http://www.20minutos.es/noticia/1688391/0/asamblea/apalabrados/diputados/
Ó ASI...QUE MAS DA     

28.- LA GRAN REGRESIÓN






lunes, 12 de noviembre de 2012

La Gran Regresión

La crisis que azota Europa está sirviendo de coartada para desplegar un programa político de naturaleza constituyente. Con la excusa del estado de necesidad, se adoptan medidas y prácticas institucionales muy poco útiles para enmendar la crisis, pero tremendamente efectivas para fundar un nuevo modelo de sociedad política.

En lo referido al caso español, dicho modelo se asemeja de manera inquietante al que predominó desde la década de los 1830 hasta final del siglo XIX. A excepción del militarismo, hoy por fortuna desplazado, abundan las analogías entre nuestro Estado decimonónico y el que, por vía imperativa, pretende instaurar el partido en el Gobierno.

Para definir este tipo de organización social, política y económica debemos referirnos a dos claves fundamentales de su arquitectura: el centralismo y la desigualdad.

Neocentralismo  
En el orden de los poderes, el centralismo entraña, ante todo, el reforzamiento del poder ejecutivo frente a los restantes poderes del estado. Su síntoma más evidente es el abuso de la legislación autoritaria por decreto, que relega a la cámara baja a la condición de mera correa transmisora de las directrices gubernamentales, perdiendo con ello su carácter de asamblea deliberante que controla la acción del presidente y los ministros.

Desde la perspectiva centralista resulta coherente que los parlamentos reduzcan su número de diputados. Para justificar esta medida se alegan motivos presupuestarios, pero la realidad es que pocos escaños necesitan unas asambleas pensadas para ratificar las decisiones del Gobierno más que para representar el pluralismo político.

La concentración de potestades en el ejecutivo requiere también el debilitamiento o la ausencia de otros contrapoderes. A conseguir este objetivo se dirige la actual campaña de descrédito contra las Comunidades Autónomas. Con la excusa de la crisis, pero con los datos objetivos del déficit en contra, ha ido calando en España un discurso interesado de destrucción del régimen autonómico y consecuente regreso al vetusto Estado de provincias. La razón última de este pretendido reemplazamiento no es tanto el ahorro como la revigorización del gobierno central, que se vería liberado de los incómodos contrapesos que hoy son las regiones autónomas, incluso cuando están gobernadas por el mismo partido alojado en la Moncloa.

Aún tiene una consecuencia más el encumbramiento del ejecutivo: la colocación de toda la administración pública bajo su criterio discrecional. Las reivindicaciones economicistas de revisar el estatuto profesional de los funcionarios, suprimiendo su inamovilidad para lograr mayor eficiencia, suponen un aspecto crucial de este retorno al siglo XIX. De triunfar, derrumbarían uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho, como es la independencia del empleado público frente a los representantes políticos. Recuperaríamos entonces la figura decimonónica del “cesante”, y la burocracia, de ser un aparato técnico cualificado e independiente, pasaría a convertirse, ya por entero, en extensión clientelar del partido de turno.

Ni siquiera el poder judicial se libra de esta involución generalizada. La implantación de una justicia onerosa implica un grave quebranto al derecho de defensa y al principio de igualdad, pero también la vuelta a los tiempos en que la jurisdicción civil o mercantil era coto reservado de los que podían permitirse el lujo de litigar para proteger sus derechos legítimos.

Desigualdad
Este punto nos coloca ante la segunda clave del programa político conservador: la “Gran Desigualdad”, por expresarlo en palabras de Rafael Poch. Lo más obvio en este sentido viene dado por los severos recortes sufridos –y por las tasas de “repago” introducidas– en los servicios públicos de sanidad y educación.

La multiplicación exponencial de la desigualdad cuenta con otros cauces, acaso más decisivos. En primer término, el Gobierno pretende transformar la estructura de las relaciones fundadas en el trabajo, regresando a su fisonomía decimonónica. Bajo la excusa del respeto a la libertad contractual de las partes, y con el argumento falaz de que la flexibilidad laboral disminuirá el desempleo, se ha activado un proceso cuyo objetivo no es otro que convertir las relaciones laborales en una relación de carácter privado.

Una vez devaluada –contra el tenor constitucional (art. 37.1)– la negociación colectiva, y dejada la fijación de las condiciones laborales a la voluntad superior del empleador, que siempre contará con el chantaje de la “legión de parados” para revisarlas a la baja, la relación de trabajo volverá a ser de naturaleza patriarcal y el asalariado estará de nuevo bajo la voluntad discrecional de su patrón.    

A estas alturas, debiera saberse ya que considerar al empleador y al trabajador como partes formalmente iguales tiene como consecuencia, en la práctica, la consolidación y profundización de la desigualdad material entre ambos. El origen de todo el derecho laboral, desde la limitación del trabajo infantil y femenino hasta la imposición legal de unas condiciones mínimas en el contrato de trabajo (jornada, vacaciones, salario),  radica justamente en la limitación pública de la voluntad del empleador, cuya libertad sin restricciones provocaba la falta absoluta de libertad en los trabajadores.

De nada parecen servir, sin embargo, las enseñanzas de la historia contemporánea. A día de hoy, todos los logros conquistados con el fin de mitigar la depauperación de las capas trabajadoras se hallan cuestionados. La deslegitimación de unos sindicatos ya de por sí debilitados y desacreditados, el deseo conservador de limitar hasta desnaturalizar el derecho de huelga o la supresión del carácter vinculante de los convenios colectivos son algunos de los medios preparados para su abolición.

El sistema fiscal progresivo, propio del Estado social e impuesto por nuestra Constitución (art. 31.1), también se halla en el punto de mira del Gobierno. Si ya se encuentra en vías de descomposición a causa del fraude consentido y de las exenciones disfrutadas por los sectores acaudalados, su eliminación completa tendrá lugar cuando se culmine el tránsito, anunciado por Cristóbal Montoro, desde un régimen tributario basado en los impuestos directos a otro edificado sobre los indirectos. Nos habrán devuelto entonces a pleno siglo XIX, cuando la financiación del Estado procedía en su mayor parte de los tributos al consumo.

La desprotección del trabajo y la distribución inequitativa de la carga fiscal producirán pobreza y marginación. En un sistema democrático, una situación de este género puede tener corto recorrido, pues las reivindicaciones de una mayoría social postergada encuentran pronta representación parlamentaria. Aparte de la manipulación mediática, a evitar este proceso se dirigen las propuestas, en algún caso materializadas, de convertir la función representativa –también como hace un par de siglos– en un título honorario y en un desempeño gratuito, lo cual garantizaría la identificación entre los diputados y los sectores no desposeídos.

Y mientras la crisis va generando el ambiente propicio para generalizar esta medida, el Gobierno recurre a una estrategia igualmente regresiva: la criminalización de la disidencia y su sistemática conversión en un problema de orden público. Los intolerables –y por desgracia cada vez más frecuentes– abusos policiales contra manifestantes y el recurso a tipos delictivos tan imprecisos que ponen en cuestión el derecho elemental a la seguridad jurídica son algunas de sus más palpables evidencias.

Conclusión
Estamos inmersos, pues, en un proceso materialmente constituyente, desplegado con la coartada de la crisis, desarrollado en abierto incumplimiento de los requisitos formales exigidos para un procedimiento de tal naturaleza y cuya intención última, a grandes rasgos, no es otra que regresar a la situación política vigente en el siglo XIX, que se caracterizaba por el centralismo autoritario y la desigualdad económica y social.

Por este motivo resulta irónico que los conservadores basen sus ataques a los sindicatos, a la protección de los trabajadores, al derecho de huelga o al impuesto sobre la renta en su presunto carácter obsoleto, cuando el modelo que tácitamente preconizan se ubica en un periodo histórico anterior al que denostan. El problema es que el sistema político añorado por el liberalismo conservador se desplomó a causa de unas dramáticas contradicciones que nos condenan a revivir. Olvidan, sin embargo, que cuando un pasado trágico regresa suele hacerlo como farsa.